Reunión de la Comisión de Coordinación de Empleo Público este 8 de julio desde las 16h en Santander para abordar y consensuar medidas sobre temporalidad en el sector público ante la posibilidad de multas por el procedimiento de infracción y la pérdida de fondos de la Comisión Europea y la

 Tal y como  avanzó el Minsterio de Transformación Digital y Función Pública la semana pasada, ya figura en agendas de directores de función pública de CCAA  para este mieŕcoles 8 de julio desde las 16:00   reunión de la Comisión de Coordinación de Empleo Público en Santander , de "seguimiento de la situación de la temporalidad en las administraciones públicas" en el Palacio de la Magdalena:

• Agenda del Director General de la Función Pública de  Cantabria
  

• Agenda de Antonio Villacampa Duque - Director General de la Función Pública de Aragón

• Agenda de Ángel Sáinz Yangüela - Director General de la Función Pública de La Rioja

 

Recordemos  la doble presión de la Comisión Europea a España actual para que España regule medidas válidas contra el abuso de temporalidad público existente:

• Por un lado, Empleo de la Comisión Europea   avanzó a Dictamen Motivado el procedimiento de infracción  INFR(2014)4334 contra España por este tema que extendió al empleo público en general tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 19/03/2020 "Sánchez Ruiz" -el caso principal, un informático nuestro- vinculándole la denuncia múltiple preexistente de empleados públicos españoles CHAP(2013)01917. La Comisión Europea haba dado de plazo hasta ayer 29/06/2026, pudiendo pedir prórrogas si presenta un calendario de actuaciones, para que el Gobierno aprobara nueva normativa so pena de llevar a  España ante el TJUE para la imposición de multas. Recordemos que la Comisión Europea , justo el día 28/04/2026, presentó un plan para la reducción de varios plazos internos de sus procedimientos de infracción, en especial, el de las prórrogas posibles para tomar medidas tras un Dictamen motivados, con el que pasarían a ser sólo como mucho de 3 meses , en vez del habitual de hasta un año y sólo se concedería si el país reconoce la infracción y acompaña la solicitud de prórroga con un calendario preciso de aprobación de las medidas en ese plazo de 3 meses
  
  
• y la  decisión de Economía de la Comisión Europea de suspender de 626 millones de fondos europeos por no disponer de una normativa válida para sancionar el abuso de temporalidad público, cuyo plazo inicial de 6 meses  ya finalizó, y tras el que el Gobierno habría presentado alegaciones de que iba a aprobar una normativa
  

Y qué ante el fin del plazo de la CE el agobien decidió  pedir una prórroga de 9 meses

y convocar  este encuentro con las administraciones autonómicas y locales  en Santander el 8 de julio

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