El Proyecto de Real Decreto que el Ministerio ha presentado en la Mesa Sectorial de Educación (20 de marzo) y el Consejo Escolar del Estado no soluciona el problema de más de cien mil profesores y profesoras interinos. El Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia Europeo han manifestado en múltiples ocasiones que el personal interino de larga duración está en situación de ilegalidad, que está en fraude de ley.
Frente a esta situación, el gobierno de Rajoy firmó con CCOO, UGT y CSIF el mal llamado “
Acuerdo por la mejora del empleo público” en 2017, que pretendía, con el fin de reducir la tasa de interinidad, sacar a Oferta de Empleo Público todas las plazas ocupadas durante más de tres años por personal interino. Este Acuerdo ha sido un importante varapalo para el personal interino porque ha pretendido estabilizar las plazas, pero no a las personas que las ocupan, lo que ha supuesto y supondrá el despido de miles de personas. La mayoría de las miles de plazas que se están ofertando, ya están siendo ocupadas por profesorado interino que, si no superan los procesos selectivos, pueden verse en la calle después de muchos años de prestación de servicios.
Las Administraciones Públicas han contratado a profesorado funcionario interino, no para resolver cuestiones temporales, puntuales y urgentes, como le permite la normativa, sino para cubrir puestos y vacantes permanentes y estructurales. Estas prácticas, que tanto los tribunales españoles como los europeos han fallado como fraudulentas, se han llevado a cabo saltándose plazos y procesos de selección que se deberían haber convocado en un plazo máximo de tres años tras la contratación del personal interino. En vez de cumplir la ley, las Administraciones educativas han mantenido a este personal interino en sus puestos durante años y décadas en algunos casos. La última
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 19 de marzo, cambia las reglas del juego, ya que
reconoce explícitamente que las oposiciones, tal y como están concebidas actualmente, no son la sanción esperable para acabar con el fraude de ley, en el cual se encuentran miles de personas interinas en el conjunto de la función pública y, también, en el ámbito educativo.
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