'El Gobierno ha modificado por decreto la Ley 20/2021 de medidas para reducir la temporalidad en el empleo público, con el fin de dar una segunda oportunidad a personas que no hubieran superado un proceso de estabilización de empleo temporal previo a la entrada en vigor de la citada norma.
Esta modificación fue incluida en un Real Decreto-Ley que aprobó el último Consejo de Ministros, por el que se adoptan diferentes medidas de respuesta frente a la guerra en Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de la Palma y de conciliación, entre otras. La norma, impulsada sin consultar a los sindicatos, autoriza a las administraciones públicas a sacar a concurso una tasa adicional de plazas ocupadas por personal temporal, de manera previa al 1 de enero de 2016, que no hubiera superado un proceso de estabilización distinto al contemplado en la Ley.
Se da la circunstancia de que, cuando la Ley de Estabilización se encontraba en trámite parlamentario, muchas comunidades autónomas ya tenían convocados procesos de estabilización cuyos aspirantes no se beneficiaron de los supuestos contemplados en esta norma, tal y como advirtió en su momento la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas.
Por tanto, desde CSIF entendemos que esta nueva modificación es un ‘parche’ que volverá a generar situaciones de desigualdad ya que las diferentes administraciones no están obligadas a convocar estas plazas y cabe la posibilidad de que algunas no hagan uso de esta tasa adicional.
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