'Los juzgados de lo Social, tras la sentencia del Tribunal Supremo de enero de 2024, comenzaron a declararse incompetentes para conocer de los asuntos de los y las empleadas públicas que tuvieran contratos administrativos. De esta manera, los mismos tribunales que habían declarado fijezas hasta el momento, cerraron la puerta a que miles de personas contratadas de manera temporal por la administración pudieran reclamar sus derechos.
Sin embargo, el Tribunal Supremo recientemente ha rectificado su postura (STS de 02/04/25) y ha señalado que los juzgados de lo Social son los que deben juzgar los casos en que haya existido fraude en la contratación, independientemente del tipo de contrato.