'El eurodiputado de Ciudadanos (Cs) Jordi
Cañas ha recordado a la Comisión Europea que “800.000 trabajadores
públicos españoles cubren necesidades permanentes bajo contratos o
nombramientos temporales” porque la administración pública empleadora incumple la prohibición de abuso de temporalidad de las directivas comunitarias (Directiva 1999/70/CE).
Para Cañas, “los trabajadores temporales
superaron procesos selectivos que garantizaron el derecho fundamental de
igualdad de acceso, mérito y capacidad”. Sin embargo, ha señalado que “la condición temporal irregular no se transforma en fija” y “lamentablemente
no existe indemnización por despido ni sanciones a la administración
responsable del abuso cuando finalmente se convoca una oferta de empleo
pública”. El eurodiputado ha lamentado que España haya aprobado
normas presupuestarias que permitan el despido libre y gratuito de
personal temporal cuando se aprueban nuevas ofertas públicas de empleo, disparándose así las demandas judiciales.
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