'El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) aplica la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo en dos sentencias en las que concluye que existió abuso de temporalidad por parte de dos Administraciones públicas -Xunta de Galicia y Confederación Hidrográfica del Miño-Sil- al contratar a personas interinas durante largos periodos de tiempo. Además, acuerda remitir testimonio de las sentencias a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la iniciación de los procedimientos sancionadores.
En ambos casos, desestima las solicitudes de indemnización extintiva porque no consta extinción del contrato imputable al empleador, pues ambas personas trabajadoras adquirieron finalmente la condición de funcionarias por la superación de procesos selectivos. Los magistrados advierten en los dos fallos de que “el proceso selectivo convocado, por el que la parte demandante adquirió la condición de personal laboral fijo, no puede ser entendido como una medida destinada a evitar la utilización abusiva de la contratación temporal”.
Si bien la Sala destaca que para cuantificar las indemnizaciones aplica la Ley de infracciones y sanciones en el orden social (LISOS) como orientación, en las dos sentencias impone a la Administración el pago de 10.000 euros, pues es la cantidad demandada por las personas afectadas en sus recursos. Así, explica que “la petición subsidiaria de la propia parte tiene que operar como límite para el acogimiento del recurso y de la demanda, en aplicación del principio de congruencia”.
La Sala de lo Social entiende que el importe de hasta 10.000 euros (o 7.500, dependiendo de la fecha de los hechos), que resulta de la LISOS como importe mínimo por el abuso de la temporalidad, tiene su devengo por cada período de tres años en el cual la persona trabajadora permanezca en la situación de abuso de la temporalidad. De esta forma, especifica que si la persona trabajadora permanece en situación de abuso de la temporalidad en sucesivos períodos de tres años completos, “tiene derecho a un nuevo importe mínimo de hasta 10.000 euros por cada período de tres años”. En cualquier caso, especifica que ese importe mínimo “tendrá que graduarse según las circunstancias concurrentes”.
Además, los magistrados recuerdan que la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 30 de junio -5544/2023- introduce un criterio adicional, puesto que señala que “la cuantificación de la indemnización debe tener en cuenta la circunstancia de que el trabajador ya ha ganado la condición de personal laboral fijo y valorar que los daños morales podrían ser menores, una vez que la persona trabajadora en abuso de temporalidad ha alcanzado finalmente la firmeza de la relación laboral”.
En una de las sentencias (RSU 4277/25), el TSXG estima el recurso presentado contra una resolución emitida por el Juzgado de lo Social número 4 de Vigo y reconoce el pago de una indemnización de 10.000 euros, por parte de la Consellería de Política Social e Xuventude e a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, por daño moral derivado de haber permanecido “en situación de abuso durante más de quince años”.
La Sala de lo Social, en el fallo (RSU 2171/25), también rechaza la indemnización extintiva porque no consta la extinción efectiva de la relación laboral (hubo continuidad del vínculo mediante adquisición de plaza fija tras el proceso selectivo), pero reconoce el derecho a una indemnización reparadora por el daño moral derivado del abuso por una “relación temporal anormalmente larga”, desde marzo de 2002 hasta octubre de 2024, con la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.
Por lo tanto, el TSXG estima en parte el recurso presentado contra la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Social número 2 de Ourense y condena a la parte demandada al abono de los 10.000 euros que solicita en su recurso por daños morales por abuso de la temporalidad.
Las resoluciones no son firmes, pues contra ellas cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Fuente: Comunicación del Poder Judicial de 23/07/2026
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7 comentarios:
te tienes que reír (por no llorar): 10 mil euros de "indemnización REPARADORA por el daño moral derivado del abuso por una relación temporal anormalmente larga”, desde marzo de 2002 hasta octubre de 2024"
Y encima están fijas,con el montón de personas que necesitan fijeza en vez de dineros, el mundo al revés, bien articulo de Jover en Diario Sabemos llamado y Europa caló a Los Jueces Españoles, o algo parecido,de Interesante lectura
Interesante criterio el de esta Sala : 10.000 euros por cada trienio (si no hay circunstancias atenuantes como la fijeza) ¿Lo ratificaría el Supremo?
Se les ocurre a las Salas de lo Social y de lo Contencioso reconocer el derecho a 10 mil euros automáticos por cada trienio de antigüedad y ... tienes cagando leches una ley de fijeza automática del Gobierno (por mucho que diga el Ministro que son muchas menos personas temporales más de 3 años que lo que se piensa, a poco habrá medio millón, poniendo un promedio de 6 años de antigüedad, saldrían 10 mil millones de € de indemnizaciones )
No me salen las cuentas....10mil euros por cada trienio, han estado desde 2002 hasta 2024 y solo les concede. 10 mil?
Te lo explican hasta en el título de la entrada "pero sólo les concede 10 mil porque era lo que demandaban subsidiariamente a la fijeza"
Durante demasiado tiempo, determinados sectores de la judicatura española han parecido convencidos de que Europa era un tribunal de apelación voluntaria: se acude a ella cuando puede proporcionar munición y se relativiza su autoridad cuando desmonta el argumentario.
Esta vez, sin embargo, la maniobra parece haber quedado demasiado a la vista.
Bruselas todavía no ha abierto un procedimiento contra España. La Comisión se limita, por ahora, a examinar la denuncia y a recordar quién debe hacer qué. Pero el mensaje lleva incorporada una advertencia: la siguiente fase ya no consistirá en discutir la ley de amnistía, sino en examinar si ciertos órganos españoles están respetando la primacía, la cooperación leal y la tutela judicial efectiva.
Los tribunales españoles quisieron llevar la amnistía a Europa.
Europa ha contestado. Ahora solo queda la fase más difícil: conseguir que quienes formularon la pregunta acepten la respuesta. Ahora apliquemos lo mismo a Obadal.
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