'Las administraciones públicas tienen un problema con sus
trabajadores temporales. Durante años han abusado de contrataciones
sucesivas temporales para realizar trabajos que en realidad eran
estructurales. Además han realizado contrataciones especialmente
longevas sin proveer legalmente las plazas afectadas. Todo ello es un
abuso de la temporalidad del empleador que infringe lo dispuesto en la
Directiva 1999/70 CE, de obligado cumplimiento para España desde 2001.
Si bien España traspuso esta directiva al sector privado, no lo hizo en
el sector público. Ahora, están afectados cientos de
miles de trabajadores pertenecientes a todas las administraciones
públicas, la estatal, las de las comunidades autónomas y las de las
entidades locales, tanto ayuntamientos como organismos autónomos
dependientes. Aquello que se exige cumplir a las empresas privadas, la
Administración lo incumple de modo contumaz.
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