'Hoy miles de emplead@s públic@s temporales de toda España hemos llenado las
calles del centro de Madrid. Somos sólo una pequeñísima parte de los cientos de miles de
compañer@s sufriendo la misma situación.
Tod@s y cada un@ de nosotras llevamos años, décadas, trabajando en todas las
Administraciones Públicas como
personal temporal, cubriendo en realidad puestos
estructurales y salvando necesidades permanentes de estas Administraciones, al tiempo
que nos mantienen como trabajador@s de segunda.
Esta negligencia aberrante
viola la Directiva Europea 1999/70, de obligado
cumplimiento para el Estado español, y que viene a interponer una barrera clara ante los
abusos de los empleadores, públicos o privados:
la relación laboral de cualquier
emplead@ debe ser convertida en fija si lleva más de tres años en un mismo puesto;
de lo contrario, se incurriría en fraude de ley.
En España, sin embargo,
lo que desde el Estado se exige a las empresas privadas,
las propias Administraciones Públicas lo vulneran sin sufrir consecuencia alguna,
manteniéndonos en puestos temporales durante 20, 25, 30 años, hasta darnos la patada.
Pero es aún peor: l@s temporales nos vamos a la calle sin siquiera derecho a una
indemnización. Es, de todas todas, un DESPIDO LIBRE Y GRATUITO.
Más de 800.000 emplead@s públicos en fraude de ley por abuso de la
temporalidad nos encontramos ante un panorama difícil de afrontar. Edades superiores a
45-50 años, más de un 60% mujeres, con cargas por cuidado de menores y/o mayores
dependientes. Se nos fuerza a demostrar en procesos selectivos nuestra validez para
empleos que llevamos efectuando 10, 20, 30 años...
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