[STEPA] 'STEPA denuncia el fracaso de la estabilización del gobierno de Aragón: la temporalidad se mantiene en casi el 50% a pesar de los ceses de interinos. El sindicato aragonés pide un cambio de rumbo en la Administración aragonesa para garantizar el cumplimiento de las leyes de estabilización y poner fin al caos y deterioro de servicio público. El último boletín de la DGA muestra que, de los 70.000 empleados públicos, casi la mitad sigue con contratos temporales, a pesar de los intentos de estabilización y los recortes de personal'

'El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) denuncia que los datos del último “Boletín estadístico del personal al servicio de la comunidad autónoma de Aragón”, publicados esta semana, con más de seis meses de retraso, muestran “el total fracaso del Gobierno de Aragón presidido por Jorge Azcón (PP), para reducir la temporalidad, pese a su empeño centrado en el cese de interinos”. El porcentaje de trabajadores con contrato temporal es del 47,6%, cuando por ley no debería superar el 8%.

 

El sindicato –tercera fuerza en la Administración General junto a CATA- reclama ante esta situación “un cambio de rumbo en la administración que garantice el cumplimiento de las leyes de estabilización porque solo aprovechando la experiencia de las personas con muchos años en la administración, en lugar de despedirlas, se podrá acabar con el caos actua y alcanzar tasas de temporalidad aceptables”.

 

STEPA subraya que la misma publicación del último boletín es una muestra más de la caótica gestión y falta de transparencia en Función Pública, ya que nace desfasado. El informe se publica semestralmente, con datos a 30 de junio y 31 de diciembre; pero el ahora presentado es el de junio, en la fecha en que debería hacerse público ya el siguiente. Sin embargo, sirve para mostrar el deterioro creciente del empleo público en la DGA, con graves consecuencias para toda la plantilla y toda la ciudadanía.

 

Así, el boletín muestra la existencia a 30 de junio de 2024 de 60.999 empleados, de los que 31.934 (52,4%) son fijos y 29.065 tienen contratos temporales, el 47,6%. Este porcentaje apenas supone una leve mejora respecto a los datos del semestre anterior, cuando trabajaban 60.399 personas y eran temporales 30.406 (50,3%) y fijos 29.993 (49,7%). Además, las cifras por colectivos muestran que este resultado se ha conseguido con ceses de personal de la Administración General cuyos puestos no se están cubriendo.

 

 

LA QUIMERA DE LLEGAR ASÍ AL 8% DE TEMPORALIDAD

 

El número total de empleados ha crecido en 500 personas, pero en Administración General hay 590 menos, y ha pasado de 12.130 a 11.540. Por el contrario, Educación y Sanidad, los otros dos grandes colectivos de la Administración, sí cuentan ahora con más trabajadores. De esta manera, STEPA señala que la principal causa de esta menor temporalidad es “los cientos de sillas vacías que están provocando los masivos ceses de temporales, como muestran las constantes polémicas de plazas sin cubrir y servicios atascados. El sindicato concluye que “Función Pública solo busca maquillar los datos con ceses ilegales, aun a costa de cargarse y deteriorar gravemente servicios públicos”.

 

Igualmente, STEPA resalta que los datos del informe muestran que el Gobierno de Azcón también ha sido incapaz de conseguir los objetivos que pregona, de mejorar la organización y provisión de plazas con medidas como los concursos de traslados y las convocatorias de oposiciones. El porcentaje de funcionarios con destino fijo es del 43%, por lo que siguen teniendo un alto peso las comisión de servicios, promociones internas temporales, plazas vacantes,…, que derivan en un continuo baile de titulares que afecta a la calidad del servicio. En cuanto a los puestos de sustitución, el sindicato resalta que “la cifra ha bajado porque no se están cubriendo muchas incapacidades temporales”.

 

A esto se suma “la baraúnda de procesos selectivos en marcha, que incluyen convocatorias libres, estabilización, promoción interna, processo caducados…” y que la DGA se ha mostrado incapaz de gestionar, hasta el punto de que actualmente no se ha estabilizado en Administración General ninguna plaza por concurso de méritos para los temporales en abuso de temporalidad, pese a que el plazo para cerrarlo concluyó el 31 de diciembre y el ridículo número de plazas convocado por este sistema, que no ha reconocido los derechos de miles de trabajadores”.

 

“La idea del Gobierno de Aragón de que la tasa de temporalidad se irá reduciendo al límite legal del 8% mediante las ofertas de empleo público ordinarias, se ha demostrado que es una quimera, al no entender que la estabilización es la herramienta para reducir la temporalidad y las ofertas ordinarias sólo sirven para cubrir la tasa de resposición”, señala STEPA.  Como otro ejemplo de la ineficacia de este sistema apunta que tampoco se está consiguiendo rejuvenecer la plantilla, y la media de edad está en 46,4 años.

 

 

IDENTIFICAR LAS PLAZAS Y CUMPLIR LA LEY

 

“Este boletín demuestra todo lo que venimos denunciado”, concluye el sindicato, que señala que el panorama real a la fecha es de una temporalidad superior al 40% tras nuevos ceses de interinos en abuso, miles de puestos vacantes o cubiertos ilegalmente y una plantilla desmantelada, que afecta directamente a la salud laboral de los trabajadores.

 

STEPA recalca que todos estos problemas son consecuencia de la “insumisión” del Partido Popular a identificar todas las plazas ocupadas por temporales en abuso y ofrecerlas en procesos de estabilización, con lo que ha incumplido el mandato de la Ley estatal 20/21, los acuerdos incluidos en la ley de presupuestos de 2024 con su entonces socio Vox y el compromiso escrito firmado por el propio partido antes de las últimas elecciones autonómicas.

 

El Gobierno central impulsó la Ley 20/21 para cumplir con la legislación europea e impedir que las Administraciones cubran sus plazas permanentes con contratados temporales. Aunque con lagunas, esta norma obliga a convocar concursos extraordinarios de méritos como vía para que consoliden su plaza los interinos en abuso; sin embargo, el Ejecutivo aragonés la incumplió y no deja de provocar ceses masivos de cientos de víctimas del abuso, al sacar ilegalmente sus plazas por otros sistemas.

 

STEPA recalca que la oferta de empleo libre de 2025, que se ha comenzado a negociar, solo cubre la tasa de reposición, así que se va a mantener la temporalidad; una vez que se ha desaprovechado la oportunidad que ofrecía la Ley 20/21 para neutralizar los efectos de años de malas prácticas en la Administración.

 

Ante esta situación, el sindicato ha reiterado que la solución pasa por el cumplimiento estricto de la normativa y las sentencias europeas, “antes de que los Tribunales obliguen a hacerlo, con las consecuencias económicas por sanciones e indemnizaciones”. Para ello demanda, junto a otros sindicatos que defienden a los interinos, una Ley de punto final nacional, “que dé cumplimiento a la Directiva Europea sobre la contratación temporal del siglo pasado y que evite que se repita la insumisión de algunas administraciones como la aragonesa”.

 

STEPA pide un nuevo rumbo de la Función Pública en Aragón, “riguroso conforme a la Ley, que trabaje por un servicio público de calidad, eficiente y que cuide a su personal  y que no propicie con su empecinamiento sanciones que podrían llegar de la Comisión Europea”. 

 

El sindicato subraya que así se conseguirán más ventajas además de disminuir la temporalidad, como son “no perder más experiencia, volver a trabajar al ritmo normal y facilitar el resto de procesos selectivos”.'

 

Fuente: Comunicado del  Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) de 05/02/2025 recibido en APISCAM

 

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