'... Esta propuesta contó con grupos de presión muy poderosos: financieros, multinacionales de la asistencia socio-sanitaria, industria farmacéutica, aseguradoras sanitarias y empresas constructoras. En la Comunidad Valenciana, cada uno de los departamentos privatizados ha sido asignado a una aseguradora Alzira-Adeslas; Dénia-DKV, Manises-Sanitas, Torrevieja-Asisa y Elche-Crevillent-Asisa, el grupo financiero ha sido siempre el mismo, Ribera Salud. Todos estos grupos de presión, apoyados por el Gobierno de turno, en este caso el PP, utilizan el mismo argumentario para defender la privatización de la sanidad: reduce los tiempos de construcción de hospitales, evita demoras en la disponibilidad de los nuevos hospitales, garantiza la entrega de la obra en el tiempo estipulado, evita desviaciones presupuestarias en la construcción y equipamiento ya que el presupuesto es cerrado, el sector privado tiene más habilidad en la dirección de proyectos, es más innovador y especializado.
Sin embargo, la realidad es muy otra. Sin hacer referencia a otras experiencias en el Reino Unido, en la Comunidad Valenciana, ya las tenemos. El hospital de Alzira tuvo que ser financiado por la Generalitat, a fondo perdido, por el concepto de lucro cesante con 34 millones de euros, y en el de Dénia la promotora no puede hacer frente a los compromisos contraídos de reforma del antiguo hospital, es decir, una cosa es el envoltorio y otra el contenido.
Con todo esto y suponiéndole buena voluntad al Gobierno de Camps hay que hacerse tres preguntas: ¿quién gana?, ¿quién pierde?, ¿hay alternativa?
Gana: a corto plazo, los gobiernos pueden construir hospitales sin que estas inversiones figuren como endeudamiento. Trasladan gasto de capital en gasto corriente, hipotecan el futuro. Construyen un hospital, o varios, en poco tiempo, obtienen rentabilidad electoral y que paguen los que vienen detrás. A largo plazo, los consorcios empresariales que amplían su cartera y reducen los riesgos de inversión. Los propietarios de acciones de renta variable.
Pierde: el sistema sanitario público, precios elevados (el pago a estas empresas puede suponer el 40% del presupuesto sanitario), se altera la capacidad de planificación, los servicios de Atención Primaria, domiciliaria y servicios socio-sanitarios, las hipotecas de estos hospitales devoran el sistema. Los usuarios y ciudadanos: reducción de camas hospitalarias, entre los cuatro hospitales privados construidos no llegan a las mil camas, reducción de plantillas, generan lista de espera porque les renta más atender enfermos de otros departamentos, selección de riesgos, los enfermos más costosos de asistir (geriatría, oncología, infección VIH, trasplantes, etc.,) son derivados al sector publico.
Los profesionales también pierden: reducción de plantillas, menos salario y sobre todo, selección de personal de acuerdo con normas sin los principios de igualdad de oportunidades.'
'... los hospitales privados deben estar bajo el control de la Administración Pública, que es quien paga; se debe garantizar estabilidad laboral, futuro profesional, igualdad de salario con el sistema sanitario público y el número de profesionales debe ser comparable al resto de los hospitales públicos.'
Fuente y opinión completa: José Mayans Ferrer, secretario de Bienestar Social y Sanidad del PSPV-PSOE en El País 13/10/09Visto en MISaludNoEsUnNegocio
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