'A raíz de que Polonia aprobase, el 20 de diciembre de 2019, una ley que modificaba las normas nacionales de
organización de los tribunales ordinarios, los tribunales de lo contencioso-administrativo y el Tribunal Supremo
(«ley modificativa»), la Comisión Europea interpuso un recurso por incumplimiento en el que solicitaba al Tribunal
de Justicia que declarase que el régimen establecido en esa ley infringe diversas disposiciones del Derecho de la
Unión.
La Comisión considera que, en la medida en que la ley modificativa atribuye a la Sala Disciplinaria del Tribunal
Supremo de Polonia, cuya independencia e imparcialidad no están garantizadas, la competencia para pronunciarse
sobre asuntos que inciden directamente en el estatuto de los jueces y el ejercicio de las funciones jurisdiccionales,
dicha ley afecta a la independencia judicial. Además, según la Comisión, la ley modificativa prohíbe a todos los
tribunales nacionales comprobar el cumplimiento de las exigencias de la Unión relativas al tribunal independiente e
imparcial previamente establecido por la ley y tipifica dicha comprobación como falta disciplinaria. La competencia
para efectuar esas comprobaciones se atribuye en exclusiva a la Sala de Control Extraordinario y Asuntos Públicos
del Tribunal Supremo. Por último, la Comisión mantiene que, al imponer a los jueces la obligación de comunicar
información sobre sus actividades en asociaciones o fundaciones, así como sobre su afiliación política en el pasado,
y al disponer la publicación de esa información, la ley modificativa vulnera el derecho al respeto a la vida privada y
el derecho a la protección de los datos personales.
Durante el procedimiento, se condenó a Polonia a pagar a la Comisión, mediante auto del Vicepresidente del
Tribunal de Justicia de 27 de octubre de 2021, una multa coercitiva de un millón de euros diarios. La imposición de
esa multa coercitiva se consideró necesaria para garantizar que Polonia diera cumplimiento a las medidas
provisionales que se habían decretado mediante el auto de 14 de julio de 2021 con el objeto, en particular, de que
se suspendiera la aplicación de las disposiciones de la ley modificativa impugnadas por la Comisión. Mediante auto
del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 21 de abril de 2023, se redujo el importe de la multa coercitiva a
500 000 euros diarios. Los efectos de esos autos terminan con la sentencia que hoy se dicta, la cual pone fin al
asunto, sin que, no obstante, ello afecte a la obligación de Polonia de pagar las multas coercitivas adeudadas.
En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia estima el recurso de la Comisión.
En primer lugar, el Tribunal de Justicia confirma que el control del cumplimiento, por un Estado miembro, de
valores y principios como el Estado de Derecho, la tutela judicial efectiva y la independencia judicial está
plenamente comprendido en su competencia. En efecto, en el ejercicio de sus competencias en materia de
organización de la Administración de Justicia, los Estados miembros deben cumplir las obligaciones que se derivan
del Derecho de la Unión. También están obligados a velar por evitar cualquier regresión, en cuanto al valor del
Estado de Derecho, de su legislación en materia de organización judicial, absteniéndose de adoptar normas que
menoscaben la independencia judicial. Este valor fundamental, que forma parte de la identidad misma de la Unión,
se concreta en obligaciones jurídicamente vinculantes de las que los Estados miembros no pueden exonerarse
invocando disposiciones o jurisprudencia internas, incluidas las de rango constitucional.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia, basándose en su jurisprudencia, reitera su apreciación de que la Sala
Disciplinaria del Tribunal Supremo no satisface la exigencia de independencia e imparcialidad. Deduce de ello que
la mera perspectiva de que los jueces que tienen competencia para aplicar el Derecho de la Unión corran el
riesgo de que dicho órgano pueda pronunciarse sobre cuestiones relativas a su estatuto y al ejercicio de sus
funciones, en particular autorizando la incoación de diligencias penales contra ellos o su detención o dictando
decisiones relativas a aspectos esenciales de los regímenes de Derecho laboral, de la seguridad social o de
jubilación que les son aplicables, puede afectar a su independencia.
En tercer lugar, el Tribunal de Justicia estima que, habida cuenta de su amplitud e imprecisión y del contexto
particular en el que se adoptaron, las disposiciones de la ley modificativa impugnadas por la Comisión se prestan a
una interpretación que permite que el régimen disciplinario aplicable a los jueces y las sanciones que este prevé se
utilicen para impedir que los tribunales nacionales aprecien si un tribunal o juez cumple las exigencias de la
tutela judicial efectiva que se derivan del Derecho de la Unión, en su caso planteando una remisión
prejudicial al Tribunal de Justicia. Las medidas que de esta manera adoptó el legislador polaco son
incompatibles con las garantías de acceso a un tribunal independiente, imparcial y establecido previamente
por la ley. En efecto, estas garantías suponen que, en determinadas circunstancias, los tribunales nacionales
están obligados a comprobar si ellos mismos o los jueces que los integran u otros jueces o tribunales
cumplen las exigencias establecidas por el Derecho de la Unión.
En cuarto lugar, el hecho de que la ley modificativa atribuya a un único órgano nacional (la Sala de Control
Extraordinario y Asuntos Públicos del Tribunal Supremo) la competencia para comprobar el cumplimiento de
las exigencias esenciales de la tutela judicial efectiva es contrario al Derecho de la Unión. En efecto, el
cumplimiento de esas exigencias debe garantizarse de manera transversal en todos los ámbitos materiales de
aplicación del Derecho de la Unión y ante todos los tribunales nacionales que conozcan de asuntos
comprendidos en dichos ámbitos. Pues bien, el control monopolístico que se instaura en la ley modificativa,
conjugado con el establecimiento de las prohibiciones e infracciones disciplinarias mencionadas, puede debilitar
aún más el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el Derecho de la Unión.'
[...]
'El texto íntegro de la sentencia [...]'
Fuente y texto completo: Nota de Prensa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 05/06/2023
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