[Gob. Castilla y León] 'La Junta de Castilla y León rechaza la propuesta del Gobierno de España de reducir de tres a dos años la duración máxima de los nombramientos del personal interino. Además, el Gobierno autonómico expresa su disconformidad con la propuesta de modificar la Ley estatal de Transparencia para establecer un régimen sancionador por infracciones en materia de temporalidad en el empleo público, al no ser objeto de dicha Ley el control de los nombramientos o de la contratación de personal en las Administraciones Públicas.'

 'El consejero de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, ha participado en la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, presidida por el ministro de Transformación Digital y Función Pública del Gobierno de España, Óscar López, y a la que también han asistido los diferentes representantes públicos de todas las comunidades autónomas con competencias en esta materia.

Dentro del orden del día de la reunión propuesto por el ministro, se ha trasladado la intención unilateral, por parte del Gobierno estatal, de modificar el llamado TREBEP, es decir, la versión refundida del Estatuto Básico del Empleado Público que entró en vigor en 2015 y cuya última redacción data de 2021. Del mismo modo, el ministro ha informado también de la intención del Gobierno de España de modificar la Ley de 2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

El objetivo principal de ambas modificaciones es el de endurecer las limitaciones de permanencia del personal interino en el servicio público a dos años (en lugar de tres, como señala la normativa en vigor), y establecer sanciones para las Administraciones Públicas que incurran en irregularidades relacionadas con la duración de estos nombramientos o contratos.

González Gago ha expresado el rechazo de la Junta de Castilla y León a la limitación en los nombramientos de personal interino, por considerar que esta medida no tiene en cuenta la realidad operativa de sectores esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Los esfuerzos del Gobierno autonómico para estabilizar las plazas de estos empleados públicos deben ir acompañados de la garantía de la continuidad y calidad de los servicios públicos, especialmente en un territorio tan amplio y disperso como Castilla y León.

Además, la aprobación de una Oferta Pública de Empleo y el desarrollo del posterior proceso selectivo para incorporar funcionarios de carrera requiere un tiempo superior a esos dos años planteados, por lo que la limitación propuesta resulta ineficiente para garantizar una correcta cobertura de los puestos públicos.

En este sentido, y tal y como reconoce el consejero, “establecer un plazo máximo de dos años de forma generalizada y sin excepciones podría provocar disfunciones en la prestación de servicios básicos, dificultar la gestión ordinaria de los recursos humanos, y limitar la capacidad de respuesta de la Administración ante situaciones imprevistas o coyunturales”.

Por otro lado, la Junta de Castilla y León también se opone a la propuesta de modificar la Ley de Transparencia para incluir un régimen sancionador específico relacionado con la temporalidad en los nombramientos o contratos, al considerar que esta ley no es el instrumento adecuado para regular ni controlar aspectos vinculados a la contratación o a la gestión del personal en las Administraciones Públicas.

Como ha resaltado González Gago, “desde el Gobierno autonómico defendemos que la temporalidad y la estabilidad en el empleo deben abordarse mediante la normativa laboral y administrativa específica, respetando las competencias de cada ámbito y evitando la generación de duplicidades o conflictos normativos que podrían complicar la gestión pública sin aportar mayor seguridad jurídica ni eficacia en la lucha contra la temporalidad”.

En este sentido, la Junta de Castilla y León sí que acepta la propuesta del ministro de crear un aplicativo informático que facilite el control y seguimiento de la temporalidad en las Administraciones Públicas, reconociendo que esta herramienta podría contribuir a una gestión más transparente y eficiente del empleo público.

Del mismo modo, el Gobierno autonómico se muestra conforme con el resto de propuestas recogidas en el orden del día de la Conferencia Sectorial, entre las que destacan medidas para impulsar la transformación digital de las Administraciones Públicas, facilitando trámites más ágiles y accesibles para los ciudadanos, y la creación de un Grupo de Trabajo destinado a desarrollar una red de interconexión entre servicios de atención al ciudadano, que permitirá una coordinación más eficiente y una respuesta más rápida a sus necesidades.'

Fuente: Nota de prensa del Gobierno de Castilla y León de 17_09/2025