Acaba de publicarse en la web del asunto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de número C-726/19 y de nombre "Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo [Rural] Agrario y Alimentario" -o "asunto IMIDRA" para abreviar- del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la fecha del "pronunciamiento" : el próximo 3 de Junio de 2021.
Recordemos que este asunto es una importante y demoledora petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la Sección 3ª de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la conformidad de la actual legislación española y, especialmente, la reciente jurisprudencia de la Sala de la Social del Tribunal Supremo- la que dicta doctrina sobre los trabajadores públicos de contrato laboral- a la luz de la ya famosa cláusula 5ª de la Directiva Europea 1999/70/CE contra el abuso de la temporalidad para el caso de los laborales interinos de larga duración de las Administraciones Públicas.
Esta sección de un tribunal regional español opinó abiertamente en su auto de planteamiento al Tribunal Europeo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo para el laboral interino de
vacante de la AAPP no es conforme a la Directiva Europea sobre abuso de
temporalidad por no hacer fijo ni plantear indemnizaciones disuasorias
siquiera a los temporales de más de 3 años y así elevó esta petición de
decisión perjudicial al Tribunal Europeo con preguntas ("cuestiones prejudiciales") explícitas cuestionando dicha jurisprudencia, muy probablemente para poder armarse de "derecho" para "saltársela": así esta Sala afirma que hay abuso de temporalidad para el laboral interino
por vacante de más de 3 años, el plazo no puede prolongarse por razones
presupuestarias como ya ha sentenciado el Tribunal Europeo y no existe
en España "sanción alguna" como exige la cláusula 5ª de la Directiva
europea 1999/70/CE. Además, una de sus cuestiones prejudiciales
a la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá que dar
respuesta y presumiblemente lo hará en el sentido de siempre, la quinta,
versa explícitamente sobre si se la crisis económica de 2008, es causa justificativa
de falta de cualquier medida contra la utilización abusiva durante una
serie de años. Probablemente buscaba esa sección de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (la misma que vio como la
Sala de lo Social Supremo le daba la vuelta con otras cuestiones
prejudiciales a las suyas del caso De Diego Porras) que la Sala de lo
Social del Supremo no pueda seguir usando esas justificaciones para
esquivar el abuso de temporalidad, como hacía ignorando las
sentencias europeasprevias sobre casos de otros países al respecto apuntadas.
Las cuestiones fueron planteadas antes de la sentencia
esperanzadora del Tribunal Europeo del asunto acumulado "Sánchez
Ruiz" en la que ya dijo el Tribunal Europeo que sí hay abuso de temporalidad en la interinidad de vacante prolongada
que requiere una sanción, sea con varios o un único nombramiento, sanción que le corresponde al ordenamiento jurídico español
fijar, pero orientando que no puede valer como sanción la convocatoria a
proceso selectivo libre ni la figura del indefinido no fijo ni una indemnización que no sea específica ni suficientemente disuasoria.
Sorprendentemente, o no tan sorprendentemente, el Tribunal Supremo español ha dicho que la sentencia "Sánchez Ruiz" no se aplica a las situaciones de único nombramiento porque el informático del caso había tenido realmente dos nombramientos (aunque uno fuera la transformación de categoría del anterior). La
doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sigue siendo su doctrina reciente "a la baja" de que el
plazo de los 3 años del EBEP no opera automáticamente siendo necesario
que el "plazo sea injustificadamente largo" para el efecto de considerar
si hay abuso de temporalidad en tales interinidades de vacante
laborales de la AAPP, y aún en ese caso sólo consideraría conceder (por
ahora) la
figura del indefinido
no fijo, aceptando la justificación de la CCAA de imposibilidad de OPEs
por restricciones
presupuestarias durante varios años para desestimar demandas de abuso e
indemnización alguna al cese -que está fijada en 0 para la cobertura
reglamentaria de la vacante o su amoritzación justificada-, a
laborales interinos de ¡hasta 15 y 19 años!.
Así, en el caso en concreto que está en esta sección del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha planteado estas cuestiones prejudiciale, se tata de de una laboral interina de la Comunidad de Madrid, que fue contratada como laboral interina de vacante vinculada a la OPE de 2002 en 2003 pero vio como hasta 6 años sdespués de su contrato -7 años de la OPE- no teníga lugar la publicación de la convocatoria de s puesto por la que acabaría cesada en ...¡2016!, tras 13 años temporal, y que después de ser cesada (al menos ya en
esta 2ª) sólo reclama en esta segunda instancia la cantidad de 20 días que le
sentenció el juzgado de primera instancia (con toda probabilidad aceptando el juzgado que se le considerara a fecha del cese la la figura que demandaría la cesada de "indefinida no fija"). Siendo su caso idéntico hasta en la categoría y
proceso selectivo que los de varias de las sentencias de la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo que constituye esa doctrina, queda claro que si esta sección discordante del tribunal regional madrileña no hacía esto de
elevar al Tribunal de Justicia de la UE cuestiones prejudiciales, pues no podía más que seguir la doctrina del Tribunal Supremo español teniendo que estimar el recurso de la Comunidad de Madrid, revocando la sentencia del juzgado y no dando nada a la cesada.
Se da la circunstancia de que el Tribunal Europeo ha anunciado pronunciamiento del asunto sin que haya tenido lugar ni informe general del abogado general ni "vista"(juicio oral) lo que indica que el Tribunal tiene bien claras cuáles son las respuestas que debe dar a las cuestiones planteadas por ser repetitivas o deducibles de respuestas en sentencias anteriores. Es más , este pronunciamiento no aparece, al menos por ahora, en el calendario actual del Tribunal Europeo, con lo que no es descartable que acabe siendo un Auto, como lo fue el famoso Auto "Gondomar" o Auto
del Tribunal Europeo ante cuestiones del Tribunal Supremo portugués donde reiteró que es contraria a la Directiva europea una normativa de un Estado miembro que
prohíba la conversión en fijo en un sector público si no incluye
ninguna otra medida eficaz para evitar y sancionar el abuso de
temporalidad.
