'Las
administraciones públicas contaban con 954.600 personas en situación de
temporalidad en el tercer trimestre del año, lo que supone un 27,8 por
ciento respecto al total de empleo, un porcentaje más del doble que la
temporalidad que se registra en el sector privado, según datos de la EPA conocidos hoy, que recoge y analiza la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado
La
precariedad además tiene mayoritariamente rostro femenino, ya que las
mujeres suponen el 58 por ciento del total de los contratos temporales
en las administraciones públicas.
Estos
datos han motivado el recorte de fondos a España por parte de la
Comisión Europea, por incumplir el mandato de reducir la temporalidad,
pese a que la Ley establece el límite en el 8 por ciento.
Ante esta situación, exigimos eliminar de una vez la tasa de reposición
(que el Gobierno mantiene en la próxima oferta de empleo público), que
impide a las administraciones cubrir las necesidades de los distintos
servicios y les obliga a recurrir a puestos temporales, especialmente en
sectores como la sanidad o la educación.
Por otro lado, CSIF considera que los gestores que incumplan el límite establecido en la Ley deben ser sancionados y asumir responsabilidad ante los tribunales.
Solo de esta manera se podrá combatir de manera efectiva estas
situaciones de abuso y precariedad laboral que afectan a miles de
trabajadores/as de nuestras administraciones.
Nuestra organización inicia la semana que viene, junto a UGT y CCOO, un calendario de movilizaciones
en toda España en protesta por el bloqueo a la negociación colectiva
del Ministerio de Función Pública, que mantiene congeladas las nóminas
de este año e impide un nuevo acuerdo salarial, entre otras mejoras de
condiciones laborales, como es el caso del abuso de la temporalidad.