[CAS] 'El gobierno más progresista de la historia introduce la privatización en la Ley General de Sanidad'

 'Mientras el capital privado se enriquece como nunca a costa del desmantelamiento, también sin precedentes de la sanidad pública, el gobierno “progresista” en el más puro estilo trilero, prepara el engaño a la población de la manera más vergonzosa posible mediante la nueva ley sanitaria ¹ que preparan: dice derogar la Ley 15/97 (la que permite privatizar la sanidad), cuando en realidad la incluye dentro de la Ley General de Sanidad (LGS).

Su justificación se centra en que se utilizará “preferentemente la fórmula de gestión directa” en los centros sanitarios, y que solo excepcionalmente se utilizarán “otras formas de gestión” (las privadas), para lo cual habrá que “contar obligatoriamente con una memoria que justifique desde el punto de vista sanitario social y económico la necesidad de acudir a ellas”.

Esto además de un brindis al sol es una trampa manifiesta. Desde hace 35 años está vigente el artículo 90 de la LGS que establece la obligación de las administraciones sanitarias de asegurar “la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios”, antes de concertar con la sanidad privada. Este mandato, totalmente vacío de contenido vinculante, no ha supuesto obstáculo alguno para el incremento vertiginoso y creciente de los conciertos. Los últimos datos disponibles de 2020 muestran que la sanidad pública desembolsa por este concepto alrededor de 10.000 millones de €/año, mientras los centros de gestión directa han sido asfixiados económicamente.

La consideración de que la gestión directa deba tener carácter preferente quedará en papel mojado, sobre todo por la manifiesta colaboración de las administraciones sanitarias con el capital privado. Pero es que, además, desde hace más de 20 años está vigente el articulo Artículo 279 de la Ley de Contratos del Sector Público (Causas de Resolución) que prevé “el rescate del servicio por la Administración para su gestión directa por razones de interés público”, mediante la resolución del contrato de concesión de obras y tras “la acreditación de que dicha gestión directa es más eficaz y eficiente que la concesional”. A pesar de que el sobrecoste de la gestión privada ha sido reiteradamente demostrado en todos los países y de que los beneficios económicos se obtienen mediante la selección de pacientes y procesos (dejando los no rentables para la pública) y la baja calidad de la atención sanitaria, nunca todavía se ha revertido a manos públicas la gestión privada de ningún centro sanitario mediante esta Ley.

A pesar de la “masacre de las residencias”, no se alude en el proyecto de Ley a ninguna actuación concreta. En línea con el pacto de silencio que se está produciendo en todas las Comunidades Autónomas (CCAA) al respecto, todo quedaría como antes, al albur de las CCAA, que tienen las competencias, y los ancianos/ residentes, sujetos a condiciones variables de asistencia en función del personal contratado por las residencias, ajeno al Sistema Nacional de Salud (SNS). Cuando sabemos que la cantidad de personal, así como el tiempo de asistencia prestado, en función de sus contratos, es muy variable, generando inequidad en la asistencia, que aumente la que ya existía en función de la normativa de cada CCAA. En la práctica esto equivale a no querer saber nada de lo que pasa de puertas adentro en estas instituciones.

Tampoco se aprovecha para acabar con las redes paralelas (MUFACE, MUGEJU, ISFAS) que se nutren de dinero público para dar asistencia sanitaria con medios privados, pese a que la propia LGS estableció hace ya 35 años su integración en el SNS. Tampoco para reforzar urgentemente la atención primaria que en estos momentos agoniza para mayor gloria de los seguros privados.

La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) denuncia ante la población esta maniobra de confusión del Gobierno PSOE-Unidas Podemos que aparentando modificar algo, lo que hace es cambiarlo de sitio, mientras sigue dejando, como todos los gobiernos anteriores, las manos libres al capital para enriquecerse como nunca parasitando la sanidad pública y lucrándose con su desmantelamiento.

Ante esta artimaña, ahora más que nunca es necesario luchar en defensa de un sistema sanitario de calidad, colaborando en el desarrollo de la Iniciativa Legislativa Popular presentada por CAS en el Congreso, en la que sí se plantea:

• La derogación de todas las leyes que permiten la entrada del capital privado en la sanidad pública.
• La obligatoriedad de las administraciones de dotar a la sanidad pública de recursos suficientes.
• El reforzamiento de la atención primaria de salud.
• El derecho universal a la sanidad sin restricción alguna.
• La creación de una industria farmacéutica que fabrique y distribuya los medicamentos esenciales, entre ellos las vacunas.
• La garantía de que la atención sanitaria de los mayores que viven en residencias esté a cargo del sistema público de salud.

 

 

Referencia

1. Anteproyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud. https://www.mscbs.gob.es/normativa/audiencia/docs/DG_67_21.pdf.

 

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Fuente: Comunicado de  la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad [CAS] estatal de 17/11/2021