'¿POR QUÉ DENUNCIAMOS ABUSO DE TEMPORALIDAD?
La Directiva 1999/70/CE, relativa a la contratación temporal, exige que, si la normativa española no dispone de medidas equivalentes a las establecidas en la cláusula 5 de su Acuerdo marco, debe transponer la Directiva. En particular: las medidas han de ser el establecimiento de razones objetivas que justifique la temporalidad, el establecimiento de un límite temporal o de un número máximo de relaciones temporales sucesivas.
La normativa nacional vigente contiene medidas equivalentes a las establecidas en la citada cláusula para prevenir el abuso.
Sin embargo, son ineficaces porque se incumplen en el sector público sin consecuencias para el empleador. En consecuencia, España incumple los Tratados UE y toda autoridad nacional -incluida la Administración-, incumple su obligación de eliminar las consecuencias de este incumplimiento con medidas que sancionen el abuso.
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) establece que la Administración debe comprobar que toda relación temporal respeta esas medidas equivalentes para que, si no es así, se sancione el abuso.
La sanción ha de ser disuasoria para evitar que vuelva a producirse y compense al trabajador con su estabilización efectiva en el empleo o con medidas alternativas de tipo indemnizatorio. Lo contrario, permitiría que España burle el principio de primacía del Derecho de la Unión sobre toda norma nacional, incluida la Constitución.
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