'Estimados miembros de la Comisión Europea,
Nos dirijimos a ustedes en relación con la reciente decisión de enviar una segunda carta de emplazamiento adicional a España [INFR(2014)4224], debido a la incorrecta transposición de la Directiva 1999/70/CE, que prohíbe la discriminación de los trabajadores con contratos de duración determinada.
El Derecho español sigue presentando condiciones laborales menos favorables para los trabajadores temporales del sector público, en nuestro ámbito laboral, el Ministerio de Justicia transferidas las competencias en la gestión de personal, servicio prestacional de la Comunidad Autónoma de Andalucía en la Junta de Andalucía , Consejería de Justicia,Administración Local y Función Publica, en comparación con los fijos, lo que constituye una discriminación contraria al Derecho de la UE.
Aunque España ha realizado modificaciones legislativas Ley 20/21, persisten problemas relacionados con el cálculo de la antigüedad, el derecho a permisos y el acceso a trayectorias profesionales.
Incidencia negativa con un alto índice de temporalidad y de precariedad laboral hacia nuestro colectivo Funcionarios interinos con una antigüedad de 15 a 30 años de vida laboral, de edades comprendidas de 45 a 60 años y fundamentalmente mujeres .
Tenemos conocimiento que la Comisión ha otorgado a España dos meses para corregir estas deficiencias, antes de proceder a un dictamen motivado.
Adicionalmente, solicitamos información detallada sobre el estado del procedimiento de infracción 2014/4334, relacionado con el abuso de temporalidad en el empleo público.
Este procedimiento, iniciado tras la denuncia múltiple CHAP(2013)01917 , donde participamos con la remisión de múltiples denuncias sigue en curso y la Comisión aplazó su acción pendiente de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Dado que tres sentencias se emitieron el 22/02/2024 y dos más el 13/06/2024, y tanto a nivel legislativo como judicial la situación no solo no se erradica no se repara con la proliferación de los procesos selectivos que no reparan el abuso y las sentencias judiciales donde hemos demandando tutela judicial efectiva ante esta situación están resultando condenatorios con la imposición de las costas más altas es por todo ello por lo que requerimos actualización sobre las acciones que la Comisión Europea tomará a continuación.
Reiteramos la importancia de estos asuntos y solicito una respuesta detallada y oportuna.'
Fuente: Nota de prensa del sindicato de justicia SIJEA de 26/07/2024 recibida en APISCAM
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