[Recordatorio de entrada publicada el 15/07/2025]
'El pasado 10 de julio, la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la CGT (FETAP-CGT) presentó seis demandas ante el Tribunal General de la Unión Europea, mediante recurso de omisión contra la Comisión Europea, por no actuar frente al abuso estructural y prolongado de la temporalidad en el sector público español.
Las demandas se interponen en nombre de más de 300 trabajadoras y trabajadores temporales de las administraciones local, autonómica y general del Estado, procedentes de Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Madrid. FETAP-CGT denuncia que la Comisión ha incumplido su obligación legal de garantizar la aplicación efectiva de la Directiva 1999/70/CE, tolerando durante años normas nacionales, como la Ley 20/2021 y el RDL 14/2021, que no prevén sanciones reales, proporcionales ni disuasorias.
¿Qué implicaría una sentencia favorable?
Si el Tribunal General estima el recurso, la Comisión estará
jurídicamente obligada a actuar para dar cumplimiento a la sentencia. En
la práctica, debería activar de inmediato un procedimiento de
infracción contra España, que culmine con sanciones reales por el
incumplimiento del Derecho de la Unión en materia de temporalidad
abusiva.
Una ofensiva legal construida sobre una labor documental exhaustiva
Este recurso no surge de forma aislada. Forma parte de una estrategia sostenida por FETAP-CGT en defensa de los trabajadores públicos en abuso , que ha incluido la remisión de dos informes documentales a las instituciones europeas en mayo y junio de 2025. En ellos se aportan pruebas estadísticas, informes oficiales, análisis legislativos y datos procedentes del INE, la AIReF, el Defensor del Pueblo, cámaras de cuentas autonómicas y dictámenes consultivos, que evidencian el uso sistemático del empleo temporal sin sanción efectiva ni reparación real.
Ambos informes alertan de que los llamados procesos de “estabilización” no solo han sido ineficaces, sino que han servido para amortizar plazas estructurales, incrementar la inseguridad jurídica, y despedir masivamente a trabajadoras en situación de abuso, en su mayoría mujeres de más de 50 años. Además, muestran cómo la norma deja fuera a amplios colectivos del sector público incluyendo justicia, educación y sanidad, y a más de 200.000 empleados de administraciones locales y autonómicas, lo que supone una exclusión masiva sin reparación ni tutela judicial efectiva.
Fondos Europeos y la recienta sanción de 626 millones con seis meses de carencia
Este paso judicial coincide con la reciente decisión de la Comisión de suspender 626 millones de euros en fondos europeos a España por incumplir el hito 144 del Plan de Recuperación, relativo a la entrada en vigor de medidas eficaces contra la temporalidad abusiva. La suspensión incluye una carencia de seis meses, tras la cual la sanción se aplicará definitivamente si no se aprueban medidas adecuadas
No obstante, tal como recogen medios de comunicación el pasado 9 de julio, el Gobierno ha anticipado que no modificará las indemnizaciones ni aplicará medidas con efectos retroactivos, limitándose a proponer reformas futuras vía enmiendas en leyes no centradas en el empleo público.
FETAP-CGT considera inaceptable esta actitud y recuerda que el TJUE ha sido claro, no basta con agilizar oposiciones o anunciar sanciones a los gestores públicos, inaplicables en la realidad. Es imprescindible sancionar el abuso y reparar sus consecuencias a las personas afectadas de forma directa e inmediata.'
Fuente: Comunicado de la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la CGT (FETAP-CGT) de 14/07/2025 recibido en APISCAM
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1 comentario:
Gracias Apiscam por la información, esta batalla se ganara , gracias Fetap-CGT por su valentía y a todos los que luchan para conseguir lo que es justo
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