'La disposición adicional que, a propuesta de CiU, se ha introducido en el texto de reforma del sistema de pensiones, establece la cancelación de supuestas deudas contraídas por la Seguridad Social con la Administración General del Estado (AGE) mediante la cesión a ésta de la propiedad de los centros sanitarios situados en las Comunidades Autónomas. Una cesión que, una vez recibida por la AGE, y puesto que ésta carece en la actualidad de competencias en la gestión de la asistencia sanitaria, daría lugar a los traspasos de los centros a las CCAA, que podrían disponer de los mismos conforme a sus propios criterios. De éstas, la catalana ya ha expresado sin ninguna cautela que estaría dispuesta a venderlos de inmediato (¿a quién si no a las compañías aseguradoras que operan en su territorio?), con objeto de disponer de fondos con los que compensar una parte de su déficit, generado por su propia gestión sanitaria, y a alquilarlos a su vez a los compradores para continuar prestando la atención. Un movimiento que daría lugar al monopolio de los recursos sanitarios en aquel territorio, y en cuantos actuaran de manera similar, por las aseguradoras privadas, que podrían imponer sus condiciones en términos de precios y atención sanitaria prestada.'
Fuente y opinión completa: Pedro Sabando, ex subsecretario de Sanidad, y Javier Rey, ex director general de Alta Inspección del Ministerio de Sanidad en Acta Sanitaria 29/07/2011
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