[CSIF nacional] 'Función Pública dispuesto a negociar la subida salarial, pero sin concretar cifras. Reclamamos actualizar retribuciones a la desviación del IPC más una parte adicional para recuperar el poder adquisitivo, mejora de las condiciones laborales (teletrabajo, movilidad, 35 horas, carrera profesional, promoción interna, jubilación, entre otras), garantías para el mutualismo administrativo y refuerzo de plantillas, eliminando la tasa de reposición'' [próxima reunión el 11N, sobre la parte de empleo]

'El Ministerio de Función Pública, tras las movilizaciones sindicales impulsadas por CSIF, UGT y CCOO, se ha abierto a negociar una subida salarial para las/os empleados públicos, que permita desbloquear la congelación de las nóminas de este año, pero aún no ha concretado cifras que permitan constatar la recuperación del poder adquisitivo perdido.

En concreto, Función Pública ofrece un acuerdo salarial de subida plurianual 2026-2028 que incluirá la subida de 2025 claramente diferenciada. Dicho acuerdo salarial tendrá una parte económica fija y otra variable que en estos momentos desconocemos; y también se negociarán cuestiones en materia de empleo público y mejora de las condiciones laborales.

 La próxima reunión será el próximo martes, 11 de noviembre, y se centrará en la parte de empleo. El Ministerio se ha comprometido a presentar su oferta económica en una reunión posterior que se celebrará el 19 de noviembre.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) sindicato más representativo en las administraciones públicas, valora la voluntad del Ministerio, pero exigimos que la subida de 2025 sea inmediata y con efectos retroactivos a enero de este año. Las movilizaciones pactadas por los sindicatos dependerán del avance y resultado de la negociación. Esta subida debe acordarse en los próximos días por respeto al colectivo de empleados públicos, dado que ya vamos con demasiado retraso.

CSIF considera que el Gobierno puede aprobar desde ya un decreto que permita revalorizar las retribuciones (como sucede en el caso de las pensiones y el salario mínimo interprofesional) más un porcentaje adicional que permita avanzar en el poder adquisitivo perdido a lo largo de los últimos años.

 Además, CSIF considera que se deben adoptar medidas que permitan acabar con las desigualdades retributivas entre administraciones; mejora en las condiciones laborales (jornada de 35 horas, evaluación del desempeño, teletrabajo, movilidad, carrera profesional, promoción interna, adecuación de los grupos profesionales, homologación retributiva del personal laboral en el exterior, actualización de las indemnizaciones por residencia y por razón del servicio, así como en materia de jubilación anticipada y parcial, entre otras).

 En materia de empleo público, CSIF exige eliminar la tasa de reposición, agilizar los procesos selectivos y negociar un plan de choque que permita redimensionar las plantillas para poder prestar un servicio público de calidad a la ciudadanía en los diferentes ámbitos de las administraciones públicas. De la misma manera, exigimos al Ministerio que garantice una prestación sanitaria de calidad en el mutualismo administrativo, que se ha visto deteriorado a lo largo de los últimos años por falta de financiación.'

Fuente: Comunicado de la Federación de Servicios Públicos de UGT nacional de  de 05/11/2025

NOTA DEL EDITOR: es previsible que en esa primera reunión del 11 de Noviembre sobre "empleo", el Gobierno traslade su  propuesta de nueva "normativa de lucha contra la temporalidad en el empleo público" , posiblemente la misma -o con alguna variación- que la Secretaría de Estado de Función Pública  presentóa las CCAA y entidades locales en la  Conferencia Sectorial de Administración Pública de 17/09/2025, con la intención de aprobarla en alguna de las leyes actualmente en tramitación en el Congreso (como el proyecto de ley de modificación de la ley de Función Pública o la de  modificación de la ley Transparencia), y que  modificaría las leyes actuales del EBEP, Estatuto Marco del Personal de los Servicios de Salud, la Ley 20/2021 de reducción de temporalidad y la ley 19/2013 de transparencia y buen gobierno, para  reducir a 2 años estrictos la duración máxima de los futuros interinos de vacante,  a 3 años adicionales más como mucho  la bolsa actual (enorme) de interinos anteriores estableciendo su cese y con la compensación de 20 días si se supera ese "plazo final" (pero no si se les cesa antes del "plazo final" por cualquier proceso o indeminzación).  En especial, el gobierno no proponía indemnizaciones mayores ni no postergadas al cese ni nuevo proceso de estabilización alguno (con o sin sistema excepcional), postergando posibles cambios adicionales a la ley 20/2021 en función de la futura sentencia del TJUE del asunto Obadal 

Precisamente está  prevista comparecencia en el Congreso para el día siguiente, miércoles 12 de Noviembre del Presidente de Gobierno para informar  de "la situación de los servicios públicos en España" (entre otras cosas).

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