Solicitud del Partido Popular en el congreso de comparecencia de la nueva Secretaria de Estado de Función Pública

 Acaba de publicarse el acta de la Mesa del Congreso de 2810/2025 con el acuerdo, entre otros, de la admisión a a trámite y calificación como número 212/00712  de la solicitud que  presentó el Partido Popular de comparecencia de la nueva Secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, ante la Comisión de Hacienda y Función Pública para "informar sobre las líneas generales deactuación de su Departamento, así como sobre las prioridades, planes y medidas que prevé impulsar en el ámbito de sus competencias en un momento en que la Función Pública atraviesa una profunda crisis de gestión marcada por la parálisis de la negociación colectiva, la congelación salarial, la pérdida continuada de poder adquisitivo, la temporalidad en el empleo público y el descontento generalizado de los empleados"

Recordemos , en cuanto al tema de la temporalidad en el empleo publico,  querecientemente tuvo lugar en  el Congreso el debate de moción al Gobierno, de Podemos, sobre una solución de fijeza para los empleados públicos en abuso de temporalidad. El PSOE defendió ssus propuestas de enmiendas al,proyecto de Ley de Función Pública presentadas a las CCAA de acotar el uso de la temporalidad y concretar sanciones a las AAPP y se opuso a una medida de fijeza directa. El PP defendió los procesos de estabilización [de plazas] que aprobó estando en el gobierno y con el acuerdo de los sindicatos de función pública.

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• [07/07/2025]  La Comisión Europea revisa el cumplimiento, aprobado preliminarmente en Diciembre de 2021 tras el RDL 14/2021 y la Ley 20/2021, del compromiso de España en el Plan de Recuperación de disponer de una ley en 2021 para reducir la temporalidad pública con medidas de prevención y sanción del abuso de temporalidad: tras las sentencias europeas de 2024 lo declara incumplido el compromiso ahora por falta de medidas efectivas para sancionar el abuso en la Ley 20/2021 y recorta 626 millones de los fondos europeos, que sólo podrán ser recibidos si España establece nueva normativa válida
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