- en general, que existe una política generalizada de privatización de los servicios públicos sanitarios por parte del gobierno actual de la Comunidad de Madrid que puede tener graves consecuencias no sólo sobre el personal propio de la Consejería de Sanidad -especialmente el personal temporal- sino también sobre el servicio sanitario en sí, al primar los naturales intereses económicos de las empresas adjudicatarias de los servicios privatizados
- en particular, porque precisamente uno de los sectores públicos que está sufriendo un proceso de externalización casi total es el de la informática de Sanidad; proceso completado en los nuevos hospitales , en curso avanzado en la Atención Primaria y ya planeado iniciarlo de forma inminente en los hospitales tradicionales, sin importar, aparentemente, que los datos de los pacientes puedan acabar al final exclusivamente en manos privadas ni que el gobierno de la Comunidad acabe aprovechándose de la situación laboral precaria y de no reconocimiento del colectivo actual de informáticos propios con un riesgo enorme de que una parte importante de dicho colectivo pierda una vez privatizada su función sus puestos de trabajo y en el mayoritario caso de los temporales, además sean despedidos sin derecho a indemnización
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