[EPA] 'Explicación Carta de Emplazamiento [de la Comisión Europea] 26.07.2024 . Reclamaciones indemnizatorias´

'Según el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Comisión tiene competencia para emprender acciones legales contra los Estados miembros que incumplan las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la UE. El procedimiento de infracción comienza con el envío al Estado miembro correspondiente de una solicitud de información (carta de emplazamiento), a la que este deberá responder en un plazo determinado, normalmente dos meses. En este caso se trata de la segunda carta de emplazamiento enviado ayer por la Comisión Europea al Estado. La primera carta se envió el 22.07.2016 y el procedimiento de infracción formalmente se inició el 26.03.2015.

En esta segunda carta de emplazamiento la Comisión constata que existe una discriminación de los trabajadores con contratos de duración determinada del sector público en comparación con los funcionarios. Se trata de la Cláusula 4 del Acuerdo Marco de la Directiva 1999/70 sobre el trabajo de duración determinada. Más en concreto, según la Comisión Europea el derecho español contiene condiciones laborales menos favorables (como los derechos a vacaciones) lo que supone una discriminación contraria al derecho de la UE, por lo que incoó este procedimiento de infracción en 2014. La Comisión estima que las medidas implementadas por España para hacer frente a esta discriminación no fueron suficientes, por lo que a través de esta carta la Comisión ordena al Estado a subsanar las deficiencias detectadas en relación con el cálculo de la antigüedad, el derecho a algunos tipos de permisos o accesos a trayectorias profesionales. 

 Si la Comisión no está satisfecha con la información recibida y concluye que el Estado miembro en cuestión incumple las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la UE, el siguiente paso es enviarle al Estado una petición oficial de que cumpla la legislación de la UE (dictamen motivado), instándole a informar a la Comisión, en un plazo determinado, normalmente dos meses, acerca de las medidas adoptadas al respecto.

Si el Estado miembro persiste en el incumplimiento del Derecho de la UE, la Comisión puede decidir llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si el Tribunal emite una sentencia contraria al Estado miembro, este deberá tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a tal sentencia. Sin embargo, en alrededor del 90 % de los casos de infracción, los Estados miembros cumplen las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la UE antes de que el asunto llegue al Tribunal.

Esta última noticia se viene a añadir a las dos sentencias emitidas este por el Tribunal de Justicia de la UE sobre el mismo tema. Estamos muy orgullosos que este expediente se ha desbloqueado por fin y sigue su curso ante la Comisión Europea gracias a los esfuerzos de este bufete, que representa a EPA “Empleados Públicos en Abuso” y que no ha parado de insistir y comunicarse con la Comisión Europea de forma continua para poder convencerles seguir con el procedimiento de infracción ahora que el Tribunal Europeo se ha pronunciado. Estamos luchando para esta causa desde hace ya tres años en los que hemos redactado y enviado a la Comisión Europea numerosos escritos de análisis jurídica de la legislación actual para poder explicar el porqué, tanto la normativa anterior como la ley 20/2021 siguen infringiendo tanto la cláusula 4 del Acuerdo Marco de la Directiva sobre la prohibición de la discriminación como la cláusula 5 sobre el abuso de temporalidad. 

¿Por qué es importante ahora emprender acciones legales también a nivel nacional?

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 22 de febrero de 2024 ha provocado un impacto significativo para los trabajadores indefinidos no fijos e interinos en el sector público en España. Esta sentencia interpreta la cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, enfocándose en la prevención del abuso en la utilización de contratos temporales por parte de la Administración Pública en nuestro país en todos sus niveles: estatal, autonómico y local.

La sentencia del TJUE establece un precedente importante que beneficia directamente a los trabajadores indefinidos no fijos e interinos, ofreciéndoles la posibilidad de ser considerados trabajadores fijos. Esto implica que pueden acceder a protecciones adicionales conforme al Acuerdo Marco. Actuar ahora es crucial, para poder reclamar indemnizaciones por la contratación fraudulenta como interinos o personal laboral en virtud de los expuesto en esta reciente sentencia del TJUE y en consonancia con el procedimiento de infracción iniciado por la Comisión Europea contra el Estado español. Se trata de una reclamación patrimonial contra el Estado de derechos pasados, la cual ofrece la oportunidad de reclamar derechos que podrían haber sido negados bajo la anterior interpretación de la ley, con posibles efectos retroactivos beneficiosos para los que reclamen antes de que se lleven a cabo nuevas regulaciones de la materia.

Tanto los miembros de EPA como el propio Juan Ignacio Navas, siempre hemos estado convencidos de que este asunto, es una causa justa por la que merece la pena luchar para poder garantizar que se da fin a esta situación precaria y abusiva de miles de personas que trabajan durante casi toda su vida para la administración pública sin ninguna garantía de protección de sus derechos laborales adquiridos. Y que el camino a seguir está directamente en la vía Europea.'

Fuente: Nota de la Plataforma de Empleados Públicos en Abuso [EPA] de 26/07/2024 recibida en APISCAM

Enlaces en el texto nuestros

[Video  "Carta emplazamiento Comisión Europea" por - Juan Ignacio Navas Marqués del bufete de abogados Navas&Cusí publicado en el Canal de Youtube de EPA Bruselas]

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