'Crece el número de autonomías rebeldes que seguirán atendiendo a los inmigrantes sin papeles'

[Público 30/08] 'Casi un millón de inmigrantes se quedarán sin asistencia sanitaria a partir del sábado, cuando entra en vigor la norma que se retira el acceso a la sanidad pública a los extranjeros que residan en España de manera irregular.

Hoy mismo, María Jesús Montero, consejera de Salud de la Junta de Andalucía, ha insistido en que Andalucía seguirá atendiendo a dicho colectivo "exactamente igual que hace un mes o hace un año, y mantendrá la protección universal de todos los ciudadanos tengan el origen que tengan". Se calcula que en Andalucía existen alrededor de unas 46.000 personas las que disponen de un Documento asistencial temporal que seguirá en vigor, a fin de realizar un seguimiento de su historial médico a través de diferentes centros de salud.

Asturias y Canarias se han sumado al plante. También Castilla y León, otra comunidad del PP, y Navarra, seguirán prestando asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles a partir del próximo sábado . Del mismo modo, en el País Vasco se mantendrá esa misma doctrina, aunque como en Cataluña o Galicia, la primera autonomía del PP en decirle que no a La Moncloa, se ha incorporado un requisito que antes no existía explícitamente, y es el de exigir el empadronamiento en cualquiera de los municipios de la comunidad autonómica “en el que tengan su domicilio habitual, por un período continuado de, al menos, un año inmediatamente anterior a la presentación de solicitud de reconocimiento del derecho”. Así se contempla en el Decreto 114/2012 publicado por el Gobierno Vasco el pasado 26 de junio sobre el “Régimen de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi”. 

Las autonomías rebeldes, incluyendo a la gallega de Núñez Feijoo, no hablan de insumisión sino de desobediencia porque tienen transferidas las competencias en materia de salud y pueden aplicarlas a su conveniencia. La Generalitat  de Cataluña mantendrá la misma atención sanitaria que hasta ahora a las 600.000 personas que en Cataluña perderán su condición de asegurado a partir del 1 de septiembre, mientras que les dará un plazo de seis meses para regularizar su situación, sobre todo la controvertida cláusula del empadronamiento, que es una condición con la que el Govern pretende evitar el turismo sanitario. De hecho, los inmigrantes sin papeles (unas 180.000 personas) que tengan tarjeta sanitaria deberán acreditar que hace más de tres meses que están empadronados y, en este caso, se les proporcionará un documento, únicamente válido en Cataluña, con el que tendrán acceso garantizado a la atención primaria.

Fuente y noticia completa: Público 30/08/2012.