Más de 153.000 inmigrantes irregulares perderán su tarjeta sanitaria el próximo 1 de septiembre, una medida con la que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad espera ahorrar alrededor de 500 millones de euros.
Ésta es una de las actuaciones del Gobierno para garantizar la sostenibilidad de la Sanidad pública, aquejada de una deuda de 16.000 millones de euros, ante la que se rebelan algunas comunidades autónomas y profesionales sanitarios, además de los partidos de la oposición.
La población de extranjeros residentes en España es de 5.711.040, según el Instituto Nacional de Estadística, mientras que el número de ellos en situación legal, es decir, con permiso de residencia, asciende a 5.251.094, según los registros del Ministerio de Empleo.
Por lo tanto, la cifra de ciudadanos "sin papeles" es de 459.946, aunque la mayoría de los extranjeros en situación irregular (306.477) proceden de países de la UE, por lo que no tienen obligación de inscribirse.
Las restantes personas (153.469) son inmigrantes no comunitarios indocumentados a los que afectará este decreto por no estar asegurados, es decir, por no cotizar a la Seguridad Social, cuando hasta ahora tenían el mismo derecho que los españoles a la asistencia sanitaria solo por estar empadronados.
Con este recorte, el Gobierno aspira a ahorrar unos 500 millones de euros, teniendo en cuenta su gasto per cápita y el de los que "traen a sus familiares a España sin derecho a utilizar la Sanidad", en palabras de la titular de este departamento, Ana Mato.
El coste sanitario por habitante en este país se sitúa en 1.600 euros, cantidad que multiplicada por los 153.469 afectados arroja un ahorro de tan solo 245 millones de euros, ni siquiera la mitad de lo estimado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
No obstante, la recaudación puede ser muy superior habida cuenta de que no hay datos oficiales sobre este colectivo, que además trae a sus allegados para beneficiarse de la Sanidad pública. De hecho, algunas ONG elevan la cifra hasta casi un millón de personas.
Desde el sábado, los inmigrantes ilegales tendrán derecho exclusivamente a las urgencias, la maternidad y la atención infantil hasta los 18 años.
Sanidad se compromete a no dejar sin tratamiento a los enfermos crónicos o graves, aunque la atención la financiará el país de origen si hay convenio de colaboración. Si no existe, el inmigrante será atendido cuando el facultativo determine un riesgo vital.
Tanto a ellos, como a los europeos no asegurados, se les ofertará una póliza si quieren cobertura sanitaria completa, unos 710,40 euros anuales -59,20 al mes- o 155,40 mensuales para los mayores de 65 años, si bien la medida aun está siendo debatida.
CCOO y UGT, junto con la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, niegan el supuesto ahorro al cifrar en "un exiguo 0,8 %" el gasto de los extracomunitarios, que hacen un "bajo" uso de las consultas como colectivo joven y muy activo.
Las organizaciones en defensa de los inmigrantes, integradas en la plataforma "Tenemos derecho a la salud sin condiciones", se manifestarán el sábado en varias ciudades para exigir al Gobierno que retire el decreto.
País Vasco, Andalucía, Asturias y Cataluña son las cuatro comunidades autónomas que, en contra de la ley, seguirán atendiendo a los inmigrantes en situación irregular. El resto aplicarán lo dictado por el Gobierno, aunque algunas buscan resquicios legales dentro de sus competencias para esquivar el mandato.
Por ejemplo, el Gobierno de Navarra ha adelantado que garantizará el servicio a este colectivo habilitando ayudas que cubran el coste de la asistencia para quienes acrediten que no pueden pagarla.
En el debate político, el PP ha acusado a la oposición de hacer "demagogia" con esta cuestión en lugar de colaborar para sacar a España de la crisis, mientras que los otros grupos sostienen que destruye la universalidad de la Sanidad y la tachan de xenófoba.
Entre los médicos son más de 1.600 los que se han acogido a la objeción de conciencia para dar cobertura a estas personas mediante su inscripción en un registro de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, si bien otras muchas organizaciones sanitarias rechazan el decreto y amenazan con no cumplirlo.
Los facultativos de Urgencias y Emergencias han advertido de que estos servicios se colapsarán cuando los indocumentados solo tengan esta vía para resolver una enfermedad común.
Fuente y noticia completa: El Economista
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