'Sanidad prevé atender a sin papeles y cobrar a su país de origen'

[El País 10/08] [...] 'El director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero, el único representante del Ministerio de Sanidad que este mes de agosto ha intentado explicar cómo se iba a asegurar la atención a los inmigrantes en situación irregular con enfermedades crónicas cuya tarjeta caducará el 31 de agosto, ofreció una solución: serán atendidos y se pasará la factura a sus países de origen. “Se les enviará por la asistencia que se les ha prestado aquí”, afirmó el jueves en declaraciones a Radio Nacional. Sonaba bien, pero tiene un inconveniente: es inviable (al menos, de momento).


En la entrevista, Rivero —con quien este periódico ha intentado hablar pero no lo ha conseguido— dijo que España tenía “bastantes” convenios con otros países para estas circunstancias. Al preguntar sobre ellos, el Ministerio de Sanidad remitió al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y es cierto. En la web de este organismo figura que hay acuerdos con 21 países. La decepción viene después: cuando se revisan los textos, solo en seis de ellos (Andorra, Brasil, Chile, Marruecos, Perú y Túnez) está previsto que se cubra la atención sanitaria. Algo es algo, podría decirse. Pero al leer en detalle el convenio aparece un requisito —lógico, por otra parte—: que el interesado esté asegurado. Justo lo que no están los inmigrantes en situación irregular.'


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Eso es de relativa fácil aplicación con países europeos, con sistemas sanitarios similares al español, y un nivel de informatización y regulaciones internacionales que permiten ese tipo de intercambio de información. Pero pensar que el Gobierno pueda pasar una factura por la atención sanitaria a un país pobre por un ciudadano que está en situación irregular y cuya dolencia, probablemente, no sea atendida por la sanidad pública de su país de origen parece, cuando menos, un ejercicio de optimismo exagerado.
En el fondo, las declaraciones de Rivero —recién llegado al cargo; fue nombrado el 25 de julio— parecían bienintencionadas. Tanto que hasta la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), una de las organizaciones que más se oponen a lo que han calificado como apartheid sanitario, las recibió como algo positivo. Su secretario general, Salvador Tranche, llegó a decir que era una propuesta “excelente”. Por lo menos les parecía mejor que la idea de que estas personas suscribieran una especie de póliza por 710 euros al año (o más del doble si son mayores de 64 años) que también ha barajado este verano Sanidad.

 Aparte de estas declaraciones, la Semfyc mantiene su registro de profesionales objetores a la prohibición de atender a inmigrantes sin papeles, que ya va casi por los 1.100 inscritos.' [...]

Fuente y noticia completa: El País 10/08/2012

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