Los facultativos han mostrado una postura firme y clara desde que estalló la polémica. “El ejercicio de la profesión médica lleva aparejadas ciertas obligaciones éticas de las que los médicos no pueden desprenderse. Ni por la conveniencia personal ni por las disposiciones gubernamentales”, expone Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), una organización con más de 20.000 asociados, que sustenta la acción. Para ello, tras consultar la legalidad de la objeción, esta organización ha abierto un registro para que estos profesionales se inscriban. El listado se nutría en un principio de médicos de familia. Ahora, se ha abierto también a otros profesionales sanitarios. Incluidos los enfermeros. Sin embargo, el Consejo General de Colegios de Enfermería alertó ayer a sus miembros de que seguir atendiendo a inmigrantes sin papeles en horario laboral y con recursos públicos puede suponer una infracción administrativa. “Nuestros servicios jurídicos han determinado que esa acción no sería objeción de conciencia, sino insumisión”, explica su presidente, Máximo González Jurado.'
' Los médicos saben que su objeción, en la práctica, es complicada. Si un paciente no está en la base de datos no puede pedir cita ni se le puede enviar a hacer analisis ni pruebas. No obstante, esperan solventar esos problemas. El facultativo de Murcia pondrá carteles en la consulta explicando que atiende a todos los pacientes. No descarta establecer un horario específico, por ejemplo, cuando acaba de pasar consulta. Para el resto de asistencia espera que se cree una red de médicos objetores. “Desde analíticas a pruebas. Debemos organizarnos para poderles dar todo en la red pública”.'
Red para ricos, red para pobres
'Desde el día 1 de septiembre, unas 150.000 personas mayores de edad que viven en España en situación irregular no podrán ir al centro de salud ni a la consulta del especialista ni a hacerse una radiografía. Su tarjeta sanitaria, que les permite ahora —si están empadronadas— recibir asistencia médica, será desactivada. Solo las embarazadas recibirán atención al parto y posparto. El resto únicamente podrá acudir a urgencias. Una consulta por una gripe, una gastroenteritis o cualquier otro problema de salud que no se considere a priori grave quedará en manos de los médicos que se han declarado objetores y de las organizaciones no gubernamentales que les prestan asistencia.
El Consejo General de Enfermería propuso ayer a sus miembros la creación de consultas en los colegios profesionales. Una forma, explica su presidente, Máximo González Jurado, de seguir atendiendo a sus pacientes, “pero dentro de la legalidad”.
Mas los medios de la sanidad pública —económicos y físicos— y los de estas entidades no son los mismos. “¿Quién y dónde, si no se puede en la pública, va a hacer las pruebas diagnósticas, los estudios y las intervenciones?”, se ha preguntado siempre Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial. “Si el coste de la atención a estos pacientes es tan insignificante que se puede llevar a cabo con cualquier mecanismo alternativo, ¿por qué no se sigue haciendo en la red pública? Esto es montar un régimen de caridad y abrir dos vías en la sanidad: una para ricos y otra para pobres”.'
Fuente y noticia completa: El País 09/08/2012
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Fuente y noticia completa: El País 09/08/2012
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