'Un boato al que todas las administraciones, sean del signo político que sea, tienen que poner freno actuando con firmeza sobre el presupuesto desbocado de las televisiones autonómicas, la creación de empresas públicas, el papel de las diputaciones, el gasto en teléfonos móviles, coches oficiales, gastos de publicidad y representación.
A todo ello hay que sumar el recorte en la estructura de los distintos gobiernos autonómicos, reduciendo el número de consejerías y sus correspondientes delegaciones provinciales, de altos cargos y de personal de confianza. Además, hay que evitar las duplicidades de competencias que se están produciendo entre las distintas instituciones.
La sangría del gasto también tiene una vía en la contratación de personal interino en las administraciones, en detrimento de los funcionarios. Éstos defienden que se aproveche la capacidad de los funcionarios y no se dedique el dinero a contrataciones externas, que lo único que hacen es disparar el gasto de personal, precisamente lo que se tiene que contener.'
'Empresas públicas
Las empresas públicas son otro agujero en las arcas del Estado, con el agravante de que escapan a cualquier control del Tribunal de Cuentas o de los respectivos parlamentos autonómicos. Las administraciones públicas han encontrado en estos órganos la vía más fácil para colocar a dedo a los trabajadores y para distribuir subvenciones sin ningún tipo de fiscalización.
En España, este sector ha tenido un crecimiento espectacular, ya que en diez años se ha multiplicado un 78 por ciento. Actualmente, el número de empresas públicas es de cerca de 4.000, con una deuda que ronda los 52.000 millones de euros, lo que supone más de un 5 por ciento del PIB.
Hay casos realmente llamativos como Andalucía, con 369 empresas que, gracias a un decreto de la Junta, ha hecho fijo a unos 20.000 funcionarios que entraron a dedo.'
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