'Las CCAA no prevén medidas contra los objetores que atiendan "sin papeles" '

[Diario Médico 03/09] 'El culebrón legal y mediático que está protagonizando la decisión ministerial de excluir de la atención sanitaria gratuita a los inmigrantes en situación irregular no ha hecho más que empezar. El mandato legal entró en vigor el pasado sábado pero lo hizo todavía con muchas incógnitas al no haber quedado definido legalmente aún cómo y cuánto pagarán los inmigrantes sin papeles que quieran recibir asistencia sanitaria.


Pero, sobre todo, la medida arrancó con gran división entre las autonomías: al menos seis de ellas no la aplicarán. Se trata de las cuatro que casi desde el principio se declararon insumisas a la exclusión de sin papeles (País Vasco, Andalucía, Canarias y Asturias), pero también de Cataluña, que a última hora se ha unido a esta iniciativa y de la popular Galicia que, aun con requisitos especiales, ha optado también por mantener dentro del sistema público a los sin papeles.

Lo único que parece claro en todo el país es que no están previstas medidas específicas en ninguna autonomía contra los médicos que objeten a la norma y opten por seguir atendiendo a estos pacientes. Al menos así se desprende del aluvión de comentarios que han ido expresando los titulares de la sanidad autonómica tras las palabras de la secretaria autonómica de Valencia, Nela García, que afirmó que la asistencia a inmigrantes en situación irregular la deberían hacer los médicos objetores en horario extra laboral. Apenas unas horas más tarde, el consejero valenciano, Luis Rosado, rectificaba explicando que se haría en horario laboral.'


'Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia y Baleares: Seguirán las instrucciones ministeriales: la atención a sin papeles será gratuita sólo para embarazadas, menores, urgencias y patologías relacionadas con la salud pública. Al resto de sin papeles se les atenderá pero se les cobrará la asistencia, remitiendo la factura a su país de origen si hay convenio (sólo lo hay con Andorra, Brasil, Chile, Marruecos, Perú y Túnez), o reclamándoles el pago directo o la suscripción de un convenio especial (una suerte de seguro privado que, según el borrador inicial de Sanidad ascenderá a 710,4 euros al año para menores de 64 años y a 1.864,8 euros para mayores de esa edad). La medicación correrá a cargo íntegramente del inmigrante, salvo en patologías relacionadas con la salud pública con tratamiento inferior a un año, que se entregará directamente en el centro de salud.'

Fuente y noticia completa: Diario Médico 03/09/2012