Esta puerta de atrás es la fórmula que el Gobierno pretende ofrecer para que puedan volver a ser atendidos todos aquellos inmigrantes sin papeles que, desde este mes, han perdido el derecho a contar con su tarjeta sanitaria debido a la reforma impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado mes de abril. Uno de los aspectos más relevantes de esta medida es la restricción al acceso de la sanidad a los extranjeros sin permiso de residencia (excepto las urgencias, el parto y la atención pediátrica). El nombre de esta repesca a la baja es Convenio especial de prestación de asistencia sanitaria a personas que no tengan condición de aseguradas ni beneficiarias del sistema nacional de salud, y está previsto que su último borrador, al que ha accedido este diario, se apruebe en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se reunirá el próximo miércoles 3 de octubre.
El mecanismo descrito en este documento es similar al de un seguro sanitario privado. Mediante el pago de una póliza de 710 euros anuales para las personas hasta 64 años (59,2 mensuales) y 1.864,8 euros a partir de los 65 años (155,4 al mes) se reconoce el acceso a “las prestaciones de la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud”.' [...]
'Esta solución restrictiva formulada por el Ministerio de Sanidad llega mientras la mayor parte de las autonomías gobernadas por el PP (Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Castilla y León) están facturando o se disponen a facturar cada acto sanitario que presten a los inmigrantes en situación irregular. La póliza sería la única forma de evitar recibir una reclamación de cobro por cada acto sanitario en la red pública. Sin embargo, no parece una medida a la altura de la capacidad adquisitiva de la población a la que se dirige. La mayoría de los inmigrantes sin papeles apenas cuentan con ingresos (si tuvieran un contrato podrían acceder a un permiso de residencia, regularizarse y acceder a la tarjeta sanitaria). Por ello, a Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, le parece “una barbaridad” solicitar estos más de 700 euros anuales (como mínimo).'
Fuente y noticia completa: El País 28/09/2012
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