'Fue el presidente de la Sociedad Española de Radiología, Joaquín
Fernández, quien en el año 2000 calificó por vez primera de pelotazo al
concurso que blindó el negocio de los diagnósticos por resonancia
magnética de pacientes de la red pública valenciana en favor de tres
empresas privadas: Eresa, Inscanner y Beanaca. Hasta entonces, estas
firmas concertaban sus servicios con la Administración del PP igual que
antes lo hicieron con el Gobierno socialista. Pero en 2000, con Eduardo
Zaplana como presidente de la Generalitat, se introdujo un cambio.
Se lanzó un concurso para conceder de forma exclusiva y garantizada
por ocho años los diagnósticos de pacientes del Servicio Valenciano de
Salud a tres empresas. Fernández anunció, como ya habían planteado
radiólogos valencianos y de toda España que esta medida dispararía el
gasto y las exploraciones. Y no se equivocaba.
Lo plantearon también los radiólogos valencianos, que calificaron al
contrato de “formidable negocio” para las adjudicatarias. Abogaban por
que la Generalitat comprara los equipos para los principales hospitales
públicos, en lugar de encargar las exploraciones a empresas privadas
instalando sus equipos en la red sanitaria valenciana. Otro estudio de
especialistas valencianos de 2000 ya señalaba que las exploraciones con
equipos propios costarían la mitad si no se privatizaba el servicio.
Tampoco se equivocaban.
El gasto del primer concurso (2000-2008) que contemplaba
exploraciones por valor de 166 millones de euros se superó ampliamente.
En 2004 el sobrecoste respecto a la cantidad prevista ese año fue del
71% y en 2005 del 70%. En este último año, Inscanner, facturó el doble
de lo que inicialmente contemplaba el concurso. En 2006, ya se había
superado los 166 millones de euros de gasto previsto para todo el año,
según los datos de la propia Consejería de Sanidad. Finalmente, el
presupuesto se rebasó en unos 100 millones de euros, como denunció la
oposición. Mientras las recomendaciones de la Sociedad Española de
Radiología Médica eran 30 exploraciones por cada 1.000 habitantes, en la
Comunidad Valenciana, se practicaban una media de 70. Con estos
antecedentes, la Generalitat volvió a optar por el mismo modelo y en
2008 convocó un nuevo concurso, esta vez con Francisco Camps al frente
del Consell. Se repitió la fórmula, corregida y aumentada: el
presupuesto entre 2008 y 2018 fue de 497 millones de euros con un sólo
lote para todo el territorio. Los beneficiarios fueron los mismos, ahora
bajo la UTE Erescanner Salud, y un socio nuevo, Ribera
Salud.'
Fuente: El País 20/10/2013
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