[14/10] 'El Ministerio de Sanidad firmó el pasado julio con los
sindicatos médicos, de enfermería, y las “sociedades científicas”, un
denominado “Pacto por la Sostenibilidad y la Calidad del Sistema Nacional de
Salud”,
mediante el cual se implantará la “gestión clínica” en los diferentes Servicios
de Salud, pacto que será presentado el próximo 21 de octubre en Madrid.
En realidad, el objetivo es
fragmentar los centros sanitarios en múltiples “unidades de gestión clínica”
(UGC) que podrán organizarse “autónomamente”, generar beneficios (a costa
de la reducción de plantillas, del recorte de prestaciones y del deterioro de
la calidad de la atención a la los pacientes), beneficios que serán repartidos
en parte entre los integrantes de estas unidades. Para lograrlo, se
vinculan las actividades del personal médico y sanitario a un sistema de
incentivos vinculados al ahorro, sin control de calidad alguno y con toda seguridad
similares a los que han puesto en marcha las empresas cuando gestionan la
sanidad
'
Fuente: CAS-Madrid 14/10/2013
Utilizando de nuevo el repetido discurso de que el
abuso de los pacientes hace que el “sistema sea insostenible” y
amparados en el mantra mágico de la “eficiencia”, se anuncia la “solución
definitiva” para los problemas de la sanidad pública. Esta vez nos prometen que
no se trata de ceder a las empresas el negocio sanitario, sino de dar a los
profesionales la gestión de la sanidad, dotándoles de “autonomía”, y
preparándoles para la competencia.
La gestión clínica, antes llamada “gestión
empresarial”, es por tanto, un nuevo instrumento para introducir el ánimo de
lucro en los centros públicos:
·
En una primera fase se crean UGC sin entidad jurídica propia, manteniendo los
profesionales su nombramiento funcionarial, pero implicándoles en la gestión de
un presupuesto “virtual”, con unos objetivos pactados, dirigidos a reducir el
gasto sanitario compitiendo con otros servicios, desapareciendo el principio de colaboración.
·
En una segunda fase, y para ello estos sindicatos y sociedades científicas
(todos ellos dependientes de las subvenciones del Estado) ya han pactado la
modificación del Estatuto Marco. El personal funcionario podrá solicitar
excedencia en su nombramiento, laboralizarse y pasar a constituir microempresas
con personalidad jurídica propia (en cada servicio hospitalario, unidad o
centro de atención primaria) que sí van a gestionar directamente un presupuesto
real, repartiendo parte de lo “ahorrado” entre sus socios, y con la más que
segura entrada de grandes empresas privadas.
¿Qué ocurrirá?
·
Se transformarán los objetivos del sistema sanitario. Así en atención
especializada se pasará de tratar de curar y reintegrar al paciente a la
sociedad, a tener como objetivo la reducción del tiempo de ingreso y los
costes. La atención primaria pasará de ser la puerta de entrada, a erigirse en
el muro de contención para reducir al máximo las derivaciones al hospital /
especializada. La selección no se hace en función de las necesidades del
paciente, sino de su rentabilidad.
·
Como en toda gestión empresarial de un servicio público, se aumenta el gasto, y
disminuye la calidad y la seguridad de la asistencia: las “altas precoces”
acaban generando nuevos ingresos por complicaciones que se camuflan
facturándoles como nuevos pacientes, o el “ahorro” en medios diagnósticos
retrasa el descubrimiento de la enfermedad, poniendo en peligro la recuperación
y aumentando el gasto.
·
Se establecerán dos vías de acceso al sistema: por una parte los pacientes
“públicos” sobre los que se produce “ahorro” para lograr beneficios, y otra
para pacientes de mutuas y aseguradoras privadas a los que se factura aparte y
sobre los que interesa realizar más pruebas e intervenciones.
·
Se incrementarán los costes burocráticos innecesarios, dado que lo que interesa
es fiscalizar cada acto médico, monetarizandolo y reduciendo en todo lo posible
los costes por acto médico.
·
Se introducirán aun más las empresas privadas, multinacionales de alta
tecnología y farmacéuticas, que acabarán haciéndose
con estas “unidades clínicas” ofreciendo puestos a los “médicos empresarios” en
sus consejos de administración.
El papel del personal médico y de enfermería
En esta nueva estrategia el papel del personal médico
es central ya que es quien decide el gasto sanitario y solo él puede reducirlo.
La estrategia es clara: entrada inicial de los médicos a través de la gestión
clínica, impregnación de la cultura empresarial en el sector, e implantación
progresiva de las empresas privadas mientras se va fragmentando y desmantelando
el sistema público.
A medio plazo, una vez que las empresas estén
implantadas y los presupuestos se hayan reducido, el personal médico-empresario
dejará de ser imprescindible y las empresas (que no van a perder un pastel de
70.000 millones de €) impondrán sus propias normas de funcionamiento una vez
tengan “proletarizados” a los médicos.
Es curioso que la gestión clínica tenga gran
desarrollo en comunidades autónomas gobernadas por la izquierda institucional
(PSOE, IU), como es el caso de Andalucía; es decir, en asuntos de privatización
de la sanidad, derecha (PP, CiU, PNV, CC) e “izquierda” se dan la mano, desde
la utilización y mantenimiento de la ley 15/97, hasta la implantación de la
gestión clínica.
Ni Florentino Pérez, ni el Dr. Pérez: fuera las
empresas de la sanidad
Lunes 21 de octubre, 11
horas, concentración frente al Ministerio de Sanidad, Paseo del Prado 14.
CAS Madrid, Matusalén
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