La europarlamentaria de ERC, Diana Riba, pregunta a la Comisión Europea por sus actuaciones para garantizar que España cumpla plenamente con la normativa y sentenias europeas en el abuso de temporalidad pública

Se ha publicado en la web del Parlamento Europeo la pregunta de respuesta por escrito a la Comisión Europea  de 11/03/2026 (nº E-001008/2026) de la eurodiputada de Esquerra Republicana  de Catalunya, Diana Riba i Giner, adscrita al grupo Verts/ALE en el Parlamento Europeo, sobre "Abuso de la temporalidad en España: cumplimiento de la Directiva 1999/70/CE y posibles sanciones" a raíz del reciente fin de plazo de la Comisión Europea al gobierno español para establecer normativa válida de sanción a dicho abuso en empleados públicos que permita levantar la suspensión de 626 millones de fondos UE que decidió la Comisión Europea el pasado 7/7/2025 tras las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE de 2024, que establecieron que la ley 20/2021 no contiene medidas válidas de sanción al abuso de temporalidad del empleado público.

En concreto, la pregunta planteada reza así:

"España es el sujeto del procedimiento de infracción INFR(2014)4334 por no aplicar correctamente la Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada en el empleo público.

El TJUE dictó sentencias sobre el abuso de la temporalidad el 22 de febrero de 2021 y el 13 de junio de 2024, y está prevista la sentencia del asunto C‑418/24 para el 14 de abril de 2026.

A pesar de esas sentencias y la Ley 20/2021, el abuso de la temporalidad en España sigue siendo elevado y el plazo de seis meses concedido por la Comisión para adoptar medidas venció el 7 de enero de 2026 sin resultados sustantivos.

Ante esta situación:

• 1.¿Qué criterios y actuaciones considera necesarios para garantizar que España cumpla plenamente con la Directiva 1999/70/CE y reduzca efectivamente el abuso de la temporalidad en el empleo público?
• 2.Tras las sentencias de 2021, 2024 y la próxima del 14 de abril de 2026 , ¿tiene previsto remitir el caso al TJUE, conforme al artículo 258 del TFUE, por incumplimiento persistente?
• 3.En caso de que persista el incumplimiento tras una posible decisión del TJUE, ¿qué criterios seguiría la Comisión para proponer sanciones económicas coercitivas contra España, según el artículo 260 del TFUE , y cuál sería el calendario para su aplicación?"

Con sentencia del TJUE del 22 de febrero de 2021 se refiere a la sentencia del TJUE de 22 de febrero de 2024, naturalmente.

Nótese que la semana pasada, el propio ministro de Función Pública llegó a reconocer en el Congreso que , para poder  cumplir con las exigencias de la Comisión Europea, "faltaría aprobar" una ley de Función Pública [o un RDL], con lo que es de imaginar que la Comisión Europea no habrá aceptado como modificación para lograr el cumplimiento la propuesta de la Secretaria de Estado de Función Pública que había presentado  a las CCAA y entidades locales  el 17/09/2025 en Conferencia Sectorial de las AAPP . Recordemos que en dicha propuesta , se incluía este ramillete de modificaciones legales:

• en 1 año, se reduciría  a 2 años estrictos la duración máxima de los futuros nombramientos y contratos de interinos de vacante
• se concederían un plazo de 3 años a las AAPP para  que  los empleados públicos temporales con nombramientos anteriores a la ley 20/2021 (sin derecho a indemnización alguna en su cese) que pudieran seguir en ese futuro, sí tuvieran el derecho a la misma indemnización al cese que el resto de los temporales nombrados/contratados después de la ley 20/2021. Esta medida podría provocar una inclusión masiva de las plazas del enorme volumen de personal público en abuso de temporalidad en todo tipo de procesos (muchos restringidos a ya fijos) para poder cesarlos sin indemnización
  
• en todo caso esas indemnizaciones seguirían siendo de 20 días por año trabajado con topo de 1 año de sueldo
• no se proponen indemnizaciones mayores ni proceso de estabilización alguno
• y se incluía una cláusula de supeditar posibles cambios adicionales a la ley 20/2021 en función de la futura sentencia del TJUE del asunto Obadal ,  el asunto de cuestión prejudicial que fue elevado por la propia Sala de lo Social del Tribunal Supremo español sobre las sanciones al abuso de temporalidad del empleado público español (que sea competencia de esa Sala, en principio el laboral al menos), insistiendo en la figura del indefinido no fijo (que ya  fue declarada como no válida como sanción en esa sentencia Sánchez Ruiz del TJUE de 19/03/2020), precisamente se ha anunciado recientemente que la sen

 

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