'El 24 de septiembre presentamos una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de “Recuperación y desprivatización del Sistema Nacional de Salud (SNS)”. Apenas 6 días después, la Mesa de Congreso nos ha notificado en una resolución de solo cuatro líneas que la ILP no puede ser tramitada porque “afecta a materia presupuestaria”, no siendo admitida a trámite.
La falta de justificación de la denegación supone no solo una total falta de respeto a las ILP como formula estrictamente democrática de participación ciudadana, ya muy restringida, sino también una situación de indefensión ante la que solo cabe el Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional, con plazos inciertos y costes económicos considerables.
De hecho, si la justificación se basa en la denegación por plantear modificaciones presupuestarias supondría un sinsentido ya que cualquier ley conlleva gasto presupuestario como es lógico. Así, recientemente se ha tramitado una ILP sobre seguridad del paciente (ratios de enfermería), que implicaría un aumento de plantillas (100.000 puestos de trabajo de enfermería en todo el Estado) y de gasto sanitario (3.000 millones de €/año) según sus promotores. Esta ILP ha sido aceptada por la Mesa del Congreso y está actualmente en trámite parlamentario, por lo que queda demostrado la doble vara de medir de este gobierno, que se autodenomina de “izquierdas”, que es quien tiene la mayoría en la Mesa del Congreso (3 PSOE, 3 Unidas Podemos, 2 PP, 1 Vox).
Cuando lo que se cuestiona es la privatización, se alegan problemas presupuestarios para impedir llevar a cabo una ILP, en la que todas las personas podríamos tener la opción de respaldar con nuestra firma un nuevo marco legal, que, de ser aprobado, lograría paralizar la hemorragia financiera del SNS hacia las empresas privadas.
Además, sospechamos que en el rechazo a la tramitación de la ILP por parte de la Mesa del Congreso, subyace un error burdo al atribuir a la ILP el primer párrafo del artículo 78 de la Ley General de Sanidad que dice: “Los Presupuestos del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Seguridad Social consignarán las partidas precisas para atender las necesidades sanitarias de la población, velando porque todos los organismos e Instituciones dependientes de las Administraciones Públicas reciban la financiación suficiente para el desarrollo de sus competencias”.
Este error de interpretación de la Mesa del Congreso de los Diputados sería incomprensible si no hubiera estado al servicio de una voluntad política, que se agarra a un clavo ardiendo con tal de impedir que se abra un debate auténtico sobre el desmantelamiento clamoroso de la sanidad pública, al servicio del negocio privado.
Curiosamente, tras la denegación de nuestra ILP, ayer nos enteramos por prensa de que Unidas Podemos va a presentar con “colectivos sanitarios” una proposición de ley para “desprivatizar la sanidad”, que con toda seguridad no afectará a las raíces de la privatización como la que se nos ha denegado a nosotros. Pero es que, para más burla, la fotografía que se utiliza en la noticia es de una de nuestras manifestaciones, en la que se ve bien claro “Contra la privatización, la única vacuna: Derogación 15/97 y Artículo 90 LGS”.
En nuestra ILP, se proponía:
- Derogar la Ley 15/97 (que permite privatizar los centros sanitarios) y el artículo 67 de la Ley General de Sanidad (que legaliza la atención sanitaria a través de hospitales privados -convenios singulares-, en lugar de construir en esas localidades centros públicos).
- Universalizar realmente la asistencia.
- Que el 25 % del gasto sanitario actual se dedique a Atención Primaria, lo que conllevaría una reducción del consumo farmacéutico y de derivaciones a atención especializada, donde los procesos de atención son mucho más caros, a veces innecesarios y que pueden generar daño al paciente. En definitiva, mejor atención con ahorro económico.
- Que la atención sanitaria de las residencias y centros de mayores sea prestada por Atención Primaria, con el lógico incremento de plantillas.
- Crear un Sistema de Farmacia Público en el plazo de 4 años, que podría realizar desde compras centralizadas, hasta la fabricación y distribución de los medicamentos considerados esenciales, impidiendo quedar a expensas de las multinacionales, como hemos podido comprobar con la crisis del Covid.
- Crear un segundo turno de médicos por la tarde para optimizar los hospitales públicos, reduciendo al mínimo los conciertos privados (artículo 90 de la LGS), lo que garantizaría actuar desde el sistema público contra las listas de espera ahorrando cientos de millones de €.
Desde CAS hemos planteado esta ILP que, en caso de ser aprobada, no incrementará el gasto sanitario, ya que, al frenar las privatizaciones y los conciertos privados, se ahorrarían varios miles de millones de € anualmente, que se dedicarían a tomar las medidas que proponemos. En todo caso, si hiciera falta incrementar el gasto sanitario para lograr un sistema sanitario de calidad, lo defenderíamos, dado que es más importante que mantener la casa real, el ejército u otros gastos socialmente innecesarios.
Por todo lo expuesto, desde la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad hacemos un llamamiento a todos los colectivos y personas que quieran apoyar esta lucha, dado que vamos a seguir combatiendo, sin subvenciones, a favor de un sistema público de salud y seguiremos realizando iniciativas para forzar un debate imprescindible en todo el Estado ante la situación de urgencia que vive la asistencia sanitaria de todas y todos.
Para ello próximamente solicitaremos apoyo económico para presentar, ante este atropello, un Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional. Aquí puedes ver cómo colaborar con CAS.
Aquí puedes consultar el texto completo de nuestra ILP “Recuperación y desprivatización del Sistema Nacional de Salud” y la respuesta de la Mesa del Congreso.'
Fuente: Comunicado de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad [CAS] Estatal de 06/10/2021 recibido en APISCAM
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