lunes, 9 de mayo de 2022

[Mi15F] Manifiesto de la manifestación temporales en abuso de la administración día 7 de mayo

'Los nuevos esclavos del siglo XXI, los trabajadores precarios de la administración pública, nos manifestamos para pedir estabilidad en el empleo y que no se despida a ningún Trabajador Temporal Público en FRAUDE DE LEY POR ABUSO DE TEMPORALIDAD hasta que se dé una solución acorde a la Legislación Europea y Nacional a este problema. Hoy, 7 de mayo de 2022 Los empleados públicos en abuso de todas las administraciones nos movilizamos de nuevo en Madrid. Hartos de no ser escuchados por nuestros dirigentes políticos, representantes sindicales, ni jueces. Totalmente indignados con todos ellos. Ninguno ha sido capaz de cumplir la Normativa Europea, incumpliendo sus mandatos constitucionales.

Se ha manipulado la información y los medios, haciendo creer que se va a consolidar a las personas cuando en realidad se están estabilizando plazas.

Ellos han generado el problema y no lo están solucionando ni son sancionados por ello.

Basta ya de falsear y manipular la información a la opinión pública; no somos enchufados que han entrado a dedo; no somos privilegiados ni queremos serlo; no hemos accedido a la Administración por “la puerta de atrás”, sino por la principal, y con “actas” que lo atestiguan (da igual el tipo de proceso selectivo: entrevista, bolsa de trabajo, oposición...) Somos los que cubrimos los puestos que nadie quiere, los de los peores horarios y guardias, los peor localizados geográficamente y en los lugares más problemáticos a donde no quiere ir nadie...

En definitiva, somos a los que recurre la Administración para evitar el coste político de reducir los servicios públicos. ¡¡¡¡ SÓLO QUEREMOS JUSTICIA!

No sólo se han saltado la directiva 1999/70 desde hace 23 años, sino también el EBEP y las prevalentes sentencias y autos del TJUE (17, nada más y nada menos). No conformes con eso, en lugar de cumplirlas, han decidido hacer un nueva Ley, forzados por Europa, para reducir la desmesurada tasa de temporalidad abusiva que ellos mismos han creado. Pero la realidad, es que no lo han hecho para hacer justicia con casi un millón de trabajadores públicos en abuso de temporalidad, sino con el único objetivo de cobrar los fondos de Reconstrucción, jamás para resarcir a las víctimas de su abuso y solventar esta lacra. Ahora, Gobierno Central y Comunidades Autónomas desvirtúan el objetivo de la Ley en contra de los intereses de los trabajadores, favoreciendo su cese y obviando el último informe del Consejo de Estado, que interpreta claramente que la Ley está orientada a la estabilización.

La Ley 20/2021 es a todas luces injusta, desajustada a derecho y en la que ni tan siquiera se establece sanción, no se estabiliza a personas, solo plazas. Sigue sin trasponer la directiva 1999/70 e incumple numerosas sentencias del TJUE donde se indica que los procesos abiertos de libre concurrencia no son sanción al abuso. Su única propuesta es la realización de procesos selectivos de resultado incierto (ya descartados por el TJUE como solución, al igual que la figura del INF) y a los que se van a poder presentar personas que no están en abuso.

Además, cada CCAA está negociando e imponiendo las condiciones, creando múltiples situaciones de desigualdad e injusticia. Y para más opacidad y ocultamiento, tampoco facilitan los datos de las plazas o personas afectadas, ni se han abierto inspecciones para detectar los trabajadores en abuso.

Pero la cosa no queda ahí. Las Administraciones, lejos de cumplir con esta Ley, que entró en vigor el 30 de diciembre de 2021, han acelerado los concursos de traslados de funcionarios de carrera y los procesos selectivos abiertos con el fin de que queden las menos plazas posibles para realizar el concurso-oposición, o concurso de méritos que promulga la Ley.. Toda una declaración de intenciones, de las peores intenciones en nuestra contra. Están ya cesando los compañeros y compañeras con mayor antigüedad por decisión de Gobiernos que nos quieren a todos en la calle; Se están cesando a temporales en abuso en contra de lo que marca la jurisprudencia europea cuando deberían ser resarcidos por la precariedad sufrida. Cada mes cientos, miles, se van a ir a la calle, a engrosar las filas del paro. Y no podemos olvidar que el 70% son mujeres, mayores de 50 años que están abocadas a la exclusión social por las dificultades de no poder incorporarse, por su edad y especialización, al mercado de trabajo.

El Gobierno, mediante la reforma laboral lucha contra el abuso de temporalidad en la empresa privada, donde no se permitiría mantener trabajadores durante 5, 20 o 30 años, con contratos temporales y después despedirlos sin ningún tipo de indemnización. Sin embargo, lo sigue permitiendo en las Administraciones Públicas. También los jueces españoles, salvo honrosas excepciones, se saltan la primacía del derecho europeo, no aplicando la legislación y la jurisprudencia europea, y los fiscales permiten la violación de los derechos fundamentales de los trabajadores temporales en abuso.

De forma paralela, en la LPGE han permitido que las personas de las empresas privadas que trabajan para el estado, y que no han superado ningún proceso selectivo en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, se queden en su puesto hasta extinguir. Justo lo que a nosotros se nos niega reiteradamente, cuando nosotros sí hemos superado en cada caso los requisitos de acceso que las diferentes AA.PP. establecieron para contratarnos, teniendo una dilatada experiencia y estando en abuso a partir de los 3 años tal y como ha sentenciado el TS, creando jurisprudencia.

Por si no hubieran hecho ya bastante, el Gobierno ha publicado una resolución en la que se propone a las diferentes Administraciones en lo relativo al sector de educación, uno de los pilares de nuestro estado de bienestar, valorar como máximo un 60% la experiencia del abusado, lo cual es evidentemente injusto y aumenta las posibilidades de que el temporal en abuso pierda la plaza en manos de otra persona como por ejemplo un funcionario de carrera o personal ajeno a la propia administración sin experiencia previa. Esto supondría desperdiciar años de formación y experiencia, y lo que es aún peor, supondría la merma de la calidad en los servicios públicos

La ley 20/21 puede permitir solucionar este problema: ¡¡¡Si se quiere se puede!!!

El ejemplo lo están dando las administraciones locales, que valoran los años de trabajo de sus empleados temporales y consideran un perjuicio para los ciudadanos y para la propia institución, deshacerse de su experiencia. Haciendo un buen uso de la jurisprudencia, han revocado procesos selectivos anteriores a la entrada en vigor de la Ley para evitar ceses y han negociado unas bases ajustadas a normativa, que les permitan estabilizar a la mayoría de sus trabajadores temporales. Hoy podemos alegrarnos y celebrar que compañeros aquí presentes, tras una dura lucha han conseguido su objetivo y están a salvo. Enhorabuena, nos alegramos por vosotros.

Por eso, consideramos, una vez demostrada la absoluta falta de voluntad de gobierno, AA.PP. diversas, sindicatos y jueces, que es más importante que nunca unirnos y movilizarnos. ¡Nos va el trabajo, el futuro, la familia y la justicia en ello! ¡No podemos ni debemos permanecer impasibles mientras nos llevan injustamente de cabeza al matadero del paro, la exclusión y la pobreza!

¡JUSTICIA YA! ¡FIJEZA YA ES CONSTITUCIONAL! ¡FIJEZA YA!!!!'

Fuente: Manifiesto del Movimiento 15F de 07/05/2022  recibido en APISCAM



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