La pregunta la hizo uno de los empresarios que habían pagado 1.380 euros para asistir a la jornada Evolución y futuro próximo de las infraestructuras sanitarias, que ayer reunió a seis consejeros de sanidad en el hotel Hesperia: "¿Entra en sus planes que la gestión de atención primaria sea privada?". El que tenía que contestar a la cuestión, que ya le habían planteado en otros encuentros con empresarios, era el consejero madrileño, Juan José Güemes: "No prevemos que la atención primaria se base en un modelo de colaboración público privada", respondió.
Güemes explicó que su Gobierno ha decidido "no vincular los centros de primaria a la construcción de los nuevos hospitales", que se construirán con un modelo de concesión (gestión privada de la parte sanitaria y la no sanitaria). "La razón es que creemos que la atención primaria tiene, en el contexto de libertad de elección, un importante papel de prescriptor del itinerario que deben seguir los pacientes en atención especializada".
Tanto los empresarios de la construcción como los gestores sanitarios llevan tiempo interesándose por la construcción de los 55 centros de salud que Esperanza Aguirre ha prometido abrir en esta legislatura. Las asociaciones profesionales y sociedades de atención primaria sospechaban que los ambulatorios entrarían en el mismo lote que los nuevos hospitales, es decir, que su gestión se transferiría al concesionario ganador de un concurso.
Parece que ese modelo, que ya funciona en Valencia (hospital de Alzira), ha sido desechado. Lo que no quiere decir, insistió el consejero, que la atención primaria no necesite "cambios importantes". Requiere "un adelgazamiento drástico de su nivel gerencial". Se refería al área única, un anteproyecto de ley que suprimirá las 11 áreas sanitarias en que se divide la región para reducirlas a una sola y que ha concitado la oposición frontal de sindicatos y sociedades científicas. Así que el área única sigue adelante, pero la colaboración privada en los ambulatorios, no. "Por su tamaño, no merece la pena", añadió Güemes.
Fuente: El País
miércoles, 27 de mayo de 2009
No todo es tecnología [en protección de datos]
'La gestión de la protección de datos suele poner el acento en el refuerzo de los sistemas de información, pero "no es a éstos a los que hay que proteger sino a la información en sí", considera Juan Miguel Signes, responsable de la Unidad de Seguridad y Organización del Area de Informática de la Agencia Valenciana de Salud. En su opinión, centrarse en la informática es un error porque "asigna la responsabilidad a departamentos técnicos cuando debería recaer sobre la alta dirección e implicar a todos los gestores". Esta implicación incluirá el compromiso de llevar un control riguroso de la seguridad y de las contrataciones de entidades externas para la gestión de datos, dado que "la seguridad de la información es un componente indispensable de la calidad, y para mejorar es preciso poder medir".'
Fuente y noticia completa: Diario Médico 22/05/09
martes, 26 de mayo de 2009
HP retira 70.000 baterías de portátiles
'Hewlett-Packard ha realizado una petición de retirada de baterías usadas en algunos de sus portátiles por riesgo a un posible incendio de dichas baterías, según un informe del U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC).
El plan de retirada de baterías afecta a 70.000 portátiles que tienen tanto la marca de HP como la de Compaq, según el estudio. Los modelos de los ordenadores afectados están en una página web confeccionada por este organismo.'
Fuente y noticia completa: The Inquirer 20/05/09
Ingenieros arrepentidos. la precariedad laboral ahuyenta a los ingenieros
'Me pagan una miseria. No aprendo nada. Mi jefe no tiene ni idea. No veo futuro. Quienes pronuncian estas frases no se dedican a la construcción ni a la industria automovilística, sectores ciegos de paro. Son ingenieros informáticos y de telecomunicaciones, perfiles por los que suspiran muchas empresas.'
Fuente y noticia completa: El País 21/05/09
Fuente y noticia completa: El País 21/05/09
Ruling to haunt watchdog
[Nota previa del Editor: La salida de información clínica de pacientes procedente de sus historias clínicas hacia compañias farmacéuticas (en concreto el gigante farmacéutico Merck que pagó gustosamente por tan valiosa información) esta siendo objeto de investigación por los tribunales en Australia (por la Corte Federal de Melbourne).
La demanda inicial data de 2004, cuando la información acerca de ciertos pacientes fué enviada inapropiadamente a la firma de marketing CAMM Pacific (que no es otra que Cegedim Strategic Data) después de ser automáticamente extraída por el software "Medical Director desktop".
Por un lado se debate que los datos han sido extraidos de manera anonimizada, e incluso pudiera considerarse eximente el hecho de que el destino de los datos sea la investigación cientifica que a la postre pudiera redundar en beneficio de la salud de los pacientes, pero por otro lado se esta violando la intimidad de los pacientes y además con animo de lucro y sus datos clínicos de la misma manera también pueden llegar a manos de aseguradoras, entidades financieras etc.
También podemos pensar en si es adecuado la externalización de los datos clínicos de los pacientes, dejándolos en manos exclusivamente de empresas privadas, como se esta haciendo en la Comunidad de Madrid, sin control alguno por parte del personal informático propio de la conserjería de sanidad.
La historia clínica informatizada de atención primaria en la Comunidad de Madrid fué adjudicada en Julio de 2006 por 6,3 millones de euros a la empresa Stacks, que muy pronto pasó a pertenecer a Cegedim.]
'A CONTROVERSIAL decision to dismiss concerns about a leading GP software package automatically extracting prescription records has come back to bite federal Privacy Commissioner Karen Curtis.
The Australian Privacy Foundation last week asked Ms Curtis to investigate two potential breaches in relation to the sale or re-use of medical records for drug marketing purposes, without patients' knowledge or consent.
In 2005, Ms Curtis rejected complaints that doctors were being paid to supply patient records under a deal with a leading software supplier and drug firms, on the grounds that the information had been sufficiently "de-identified".
At the time, health and privacy advocates said the decision gave a green light to the sale of patient data, while claims individuals could not be re-identified were not confirmed through independent testing.
The latest concerns relate to courtroom revelations that pharmaceutical giant Merck paid specialist nurses $500,000 to trawl through patient records for possible candidates for the firm's anti-arthritis drug Vioxx, now the subject of a class action in the Federal Court in Melbourne.
APF health committee chair Juanita Fernando also referred for investigation an unrelated story about AsteRx, a pharmaceutical data aggregator that hoped to gain access to GPs' prescribing data in exchange for a gift of free business software.
Ms Curtis said yesterday that she learned of these matters through media reports, and had reacted immediately: "The issues are sufficient for my office to determine that an investigation is appropriate, and to exercise my own motion powers to commence investigations."
Own motion powers allow the commissioner to conduct an inquiry without waiting for a complaint; however such investigations are conducted in secret. The initial complaint in 2004 that patient information may have been "inappropriately disclosed" to marketing firm CAMM Pacific after being automatically extracted from GPs via their Medical Director desktop software was eventually dismissed.
At the time, Ms Curtis said the patient information had been de-identified, "and therefore does not fall within the definition of personal information".
She commended the firms for "appearing to take privacy seriously", and for their co-operation.
CAMM Pacific is now called Cegedim Strategic Data Australia, and is part of the global pharmaceutical customer relationship business specialist Cegedim Dendrite. Medical Director software is provided by HCN, a wholly owned subsidiary of private medical group Primary Health Care.
Yesterday, Ms Curtis said it was "premature" to draw any comparisons: "An investigation will always involve ascertaining the actual facts of a particular event from relevant organisations, agencies or individuals. As the outcome will be dependent on its facts, it would be premature to draw comparisons with other matters, such as the CAMM Pacific case of 2005."
During heated debate on ABC Radio National's Background Briefing in June 2005, Ms Curtis conceded the office essentially relied on the goodwill of companies to reveal what they were doing with people's information. Staff who handled the complaint were not IT experts, and there was no independent examination of software or data collected.
"Our Privacy Act is based on the premise that privacy is not an absolute right, and has to be balanced against the free flow of information as well as other societal rights, including the rights of business to operate," she said.
Meanwhile, Gordon Renouf, policy director of consumer rights body Choice, said there was a real tension "between doctors making professional judgements about the best treatment options for their patients and being influenced by marketing".
"Now, doctors say they're not very prone to being influenced, but studies show that when doctors are subjected to high rates of marketing they do change their prescribing habits _ generally for the worse," he said.
"Clearly in the case of Vioxx, you didn't want your doctor influenced in that direction."
But the aggressive marketing in that instance was unlikely to be a one-off: "If a drug firm was behaving in this way in relation to one drug, there must be other examples out there that we don't know about."
Mr Renouf said the spectacle of drug companies paying GPs to hand-over their data obviously raised public concerns.
"Unfortunately, all this undermines the benefits that could come through a good e-health system or a secure and systematic national database," he said.'
Fuente: Australian IT 26/05/09
Versión traducida automáticamente: Traducción de Google
La demanda inicial data de 2004, cuando la información acerca de ciertos pacientes fué enviada inapropiadamente a la firma de marketing CAMM Pacific (que no es otra que Cegedim Strategic Data) después de ser automáticamente extraída por el software "Medical Director desktop".
Por un lado se debate que los datos han sido extraidos de manera anonimizada, e incluso pudiera considerarse eximente el hecho de que el destino de los datos sea la investigación cientifica que a la postre pudiera redundar en beneficio de la salud de los pacientes, pero por otro lado se esta violando la intimidad de los pacientes y además con animo de lucro y sus datos clínicos de la misma manera también pueden llegar a manos de aseguradoras, entidades financieras etc.
También podemos pensar en si es adecuado la externalización de los datos clínicos de los pacientes, dejándolos en manos exclusivamente de empresas privadas, como se esta haciendo en la Comunidad de Madrid, sin control alguno por parte del personal informático propio de la conserjería de sanidad.
La historia clínica informatizada de atención primaria en la Comunidad de Madrid fué adjudicada en Julio de 2006 por 6,3 millones de euros a la empresa Stacks, que muy pronto pasó a pertenecer a Cegedim.]
'A CONTROVERSIAL decision to dismiss concerns about a leading GP software package automatically extracting prescription records has come back to bite federal Privacy Commissioner Karen Curtis.
The Australian Privacy Foundation last week asked Ms Curtis to investigate two potential breaches in relation to the sale or re-use of medical records for drug marketing purposes, without patients' knowledge or consent.
In 2005, Ms Curtis rejected complaints that doctors were being paid to supply patient records under a deal with a leading software supplier and drug firms, on the grounds that the information had been sufficiently "de-identified".
At the time, health and privacy advocates said the decision gave a green light to the sale of patient data, while claims individuals could not be re-identified were not confirmed through independent testing.
The latest concerns relate to courtroom revelations that pharmaceutical giant Merck paid specialist nurses $500,000 to trawl through patient records for possible candidates for the firm's anti-arthritis drug Vioxx, now the subject of a class action in the Federal Court in Melbourne.
APF health committee chair Juanita Fernando also referred for investigation an unrelated story about AsteRx, a pharmaceutical data aggregator that hoped to gain access to GPs' prescribing data in exchange for a gift of free business software.
Ms Curtis said yesterday that she learned of these matters through media reports, and had reacted immediately: "The issues are sufficient for my office to determine that an investigation is appropriate, and to exercise my own motion powers to commence investigations."
Own motion powers allow the commissioner to conduct an inquiry without waiting for a complaint; however such investigations are conducted in secret. The initial complaint in 2004 that patient information may have been "inappropriately disclosed" to marketing firm CAMM Pacific after being automatically extracted from GPs via their Medical Director desktop software was eventually dismissed.
At the time, Ms Curtis said the patient information had been de-identified, "and therefore does not fall within the definition of personal information".
She commended the firms for "appearing to take privacy seriously", and for their co-operation.
CAMM Pacific is now called Cegedim Strategic Data Australia, and is part of the global pharmaceutical customer relationship business specialist Cegedim Dendrite. Medical Director software is provided by HCN, a wholly owned subsidiary of private medical group Primary Health Care.
Yesterday, Ms Curtis said it was "premature" to draw any comparisons: "An investigation will always involve ascertaining the actual facts of a particular event from relevant organisations, agencies or individuals. As the outcome will be dependent on its facts, it would be premature to draw comparisons with other matters, such as the CAMM Pacific case of 2005."
During heated debate on ABC Radio National's Background Briefing in June 2005, Ms Curtis conceded the office essentially relied on the goodwill of companies to reveal what they were doing with people's information. Staff who handled the complaint were not IT experts, and there was no independent examination of software or data collected.
"Our Privacy Act is based on the premise that privacy is not an absolute right, and has to be balanced against the free flow of information as well as other societal rights, including the rights of business to operate," she said.
Meanwhile, Gordon Renouf, policy director of consumer rights body Choice, said there was a real tension "between doctors making professional judgements about the best treatment options for their patients and being influenced by marketing".
"Now, doctors say they're not very prone to being influenced, but studies show that when doctors are subjected to high rates of marketing they do change their prescribing habits _ generally for the worse," he said.
"Clearly in the case of Vioxx, you didn't want your doctor influenced in that direction."
But the aggressive marketing in that instance was unlikely to be a one-off: "If a drug firm was behaving in this way in relation to one drug, there must be other examples out there that we don't know about."
Mr Renouf said the spectacle of drug companies paying GPs to hand-over their data obviously raised public concerns.
"Unfortunately, all this undermines the benefits that could come through a good e-health system or a secure and systematic national database," he said.'
Fuente: Australian IT 26/05/09
Versión traducida automáticamente: Traducción de Google
Consejeros de Sanidad, entre ellos el de Madrid, exponen sus planes sanitarios HOY en una conferencia empresarial
Hoy martes 26 de Mayo tiene lugar en Madrid un importante evento , titulado "Evolución y futuro próximo de las Infraestructuras Sanitarias en España", organizado por Conferencias Intereconomía y patrocinado por la Federación Española de Tecnología Sanitaria (FENIN) y General Electric Healthcare, destinado al mundo empresarial, donde 6 Consejeoros de Sanidad detallarán "Ellos planes de actuación en materia sanitaria de sus respectivas Comunidades Autónomas".
La inscripción costaba 1392 euros.
Tal y como se puede leer en el programa del evento, entre los consejeros de Sanidad que asistirán se encuentra el de Madrid, Juan José Güemes, que impartirá una conferencia titulada "Evolución del Plan de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de Madrid 2007-2011" con estos puntos previstos:
Confiemos en que todos los detalles que allí se den se hagan igualmente públicos a la sociedad, que es quien va a financiar realmente todos estos proyectos.
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La inscripción costaba 1392 euros.
Tal y como se puede leer en el programa del evento, entre los consejeros de Sanidad que asistirán se encuentra el de Madrid, Juan José Güemes, que impartirá una conferencia titulada "Evolución del Plan de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de Madrid 2007-2011" con estos puntos previstos:
- Evolución de los proyectos previstos para esta legislatura
- Proyectos para el futuro próximo
- Fórmulas de financiación
- Modelos de Gestión
Confiemos en que todos los detalles que allí se den se hagan igualmente públicos a la sociedad, que es quien va a financiar realmente todos estos proyectos.
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El Defensor denuncia las listas de espera de Madrid
Múgica critica los aplazamientos para dar las citas a los pacientes
"Amplios e inaceptables". Así son los tiempos de espera que aguantan algunos ciudadanos en la sanidad española. Lo denunció ayer el defensor del pueblo, Enrique Múgica, durante la presentación en el Congreso de los Diputados de su último informe, de 2008. Y puso ejemplos que dejan especialmente mal parada a la región. De nueve casos de demoras excesivas, siete ocurrieron en Madrid: ocho meses de espera para una consulta de oftalmología en La Paz, ocho meses para cardiología en el centro de especialidades Hermanos García Noblejas y el de Aguacate, otros ocho meses para una prueba en el Puerta de Hierro, cuatro meses para una mamografía en La Paz...
Prácticamente no hay página en el apartado sanitario del informe en la que el Defensor no se refiera a quejas que le llegan desde Madrid. En sus conclusiones denuncia la existencia de agendas cerradas en varios centros sanitarios, y destaca el "significativo número de quejas" recibidas por la "externalización" de los servicios sanitarios.No sólo es que los ciudadanos se eternicen en las listas de espera para que les vea el especialista o les hagan una prueba. Es que, además, esas listas se gestionan de manera "irregular", denuncia el Defensor del Pueblo. Se refiere a la práctica de las "agendas cerradas". Cuando el paciente va a pedir hora para el especialista en su centro de salud, le dicen que no se la pueden dar porque la agenda todavía no está abierta. Eso se traduce, explica el Defensor, en "la existencia de pacientes en espera, en ocasiones durante un elevado número de meses, de que se les asigne la fecha en la que podrán ser atendidos".
Y lo ilustra con cuatro ejemplos, todos en Madrid: endoscopia digestiva en el Gregorio Marañón, neurología en el centro de especialidades de Villaverde-Cruce, ginecología y obstetricia en el hospital Infanta Elena y oftalmología en el centro de especialidades de Moratalaz. Las agendas cerradas, señala Múgica en sus conclusiones, "demoran el derecho de los pacientes siquiera a conocer la fecha en la que serán atendidos".
La privatización de la sanidad madrileña también ocupa varias páginas del informe. El Defensor dice haber recibido quejas de "un amplio número de usuarios y profesionales" acerca del "posible deterioro" de la sanidad pública. Múgica deja constancia de su "inquietud" al respecto y, más adelante, retoma la "externalización" de los servicios sanitarios para a continuación lanzar un aviso: su progresión "podría llegar a vulnerar los principios básicos del sistema de salud en España, es decir, los de universalidad, gratuidad, financiación pública y equidad".
La privatización de los centros de especialidades de Pontones y Quintana también motivó que el Defensor iniciara una investigación, aún no concluida, para determinar si una empresa privada puede prestar asistencia sanitaria en un edificio de titularidad pública.
Múgica también se ocupa, como consecuencia del "representativo número de quejas", de la falta de pediatras que aqueja al sistema sanitario público. De los cinco ejemplos que cita, cuatro corresponden a Madrid. Por ejemplo, 600 usuarios del centro de salud de Ciempozuelos denunciaron la masificación de las consultas y el hecho de que los médicos de cabecera estaban asumiendo la atención pediátrica. Éstos, por seguridad, en ocasiones derivaban a los niños al 12 de Octubre. Algo similar ocurría en el centro de salud de Perales del Río (Getafe) y en el de Embajadores (Madrid).
El informe va desgranando denuncias e investigaciones en materia sanitaria del año pasado. Como la que el Defensor inició de oficio sobre el centro de salud El Soto, en Móstoles. Las vacaciones del médico titular dejaron sin actividad una consulta durante ocho días. También se denunció que en el hospital infantil Niño Jesús no había intérpretes o traductores de signos para atender a los menores sordomudos, especialmente cuando sus padres también lo eran.
El hospital Puerta de Hierro, recién trasladado a Majadahonda, generó el año pasado "diversas quejas", todavía en trámite, en las que se detalla que "la imprevisión ha generado un riesgo para la salud de los pacientes, tal y como han manifestado los propios profesionales del centro". El informe también habla de las quejas sobre la "notable demora" en las urgencias de los hospitales públicos, "especialmente en centros de la Comunidad de Madrid", puntualiza el Defensor.
Fuente: El País
"Amplios e inaceptables". Así son los tiempos de espera que aguantan algunos ciudadanos en la sanidad española. Lo denunció ayer el defensor del pueblo, Enrique Múgica, durante la presentación en el Congreso de los Diputados de su último informe, de 2008. Y puso ejemplos que dejan especialmente mal parada a la región. De nueve casos de demoras excesivas, siete ocurrieron en Madrid: ocho meses de espera para una consulta de oftalmología en La Paz, ocho meses para cardiología en el centro de especialidades Hermanos García Noblejas y el de Aguacate, otros ocho meses para una prueba en el Puerta de Hierro, cuatro meses para una mamografía en La Paz...
Prácticamente no hay página en el apartado sanitario del informe en la que el Defensor no se refiera a quejas que le llegan desde Madrid. En sus conclusiones denuncia la existencia de agendas cerradas en varios centros sanitarios, y destaca el "significativo número de quejas" recibidas por la "externalización" de los servicios sanitarios.No sólo es que los ciudadanos se eternicen en las listas de espera para que les vea el especialista o les hagan una prueba. Es que, además, esas listas se gestionan de manera "irregular", denuncia el Defensor del Pueblo. Se refiere a la práctica de las "agendas cerradas". Cuando el paciente va a pedir hora para el especialista en su centro de salud, le dicen que no se la pueden dar porque la agenda todavía no está abierta. Eso se traduce, explica el Defensor, en "la existencia de pacientes en espera, en ocasiones durante un elevado número de meses, de que se les asigne la fecha en la que podrán ser atendidos".
Y lo ilustra con cuatro ejemplos, todos en Madrid: endoscopia digestiva en el Gregorio Marañón, neurología en el centro de especialidades de Villaverde-Cruce, ginecología y obstetricia en el hospital Infanta Elena y oftalmología en el centro de especialidades de Moratalaz. Las agendas cerradas, señala Múgica en sus conclusiones, "demoran el derecho de los pacientes siquiera a conocer la fecha en la que serán atendidos".
La privatización de la sanidad madrileña también ocupa varias páginas del informe. El Defensor dice haber recibido quejas de "un amplio número de usuarios y profesionales" acerca del "posible deterioro" de la sanidad pública. Múgica deja constancia de su "inquietud" al respecto y, más adelante, retoma la "externalización" de los servicios sanitarios para a continuación lanzar un aviso: su progresión "podría llegar a vulnerar los principios básicos del sistema de salud en España, es decir, los de universalidad, gratuidad, financiación pública y equidad".
La privatización de los centros de especialidades de Pontones y Quintana también motivó que el Defensor iniciara una investigación, aún no concluida, para determinar si una empresa privada puede prestar asistencia sanitaria en un edificio de titularidad pública.
Múgica también se ocupa, como consecuencia del "representativo número de quejas", de la falta de pediatras que aqueja al sistema sanitario público. De los cinco ejemplos que cita, cuatro corresponden a Madrid. Por ejemplo, 600 usuarios del centro de salud de Ciempozuelos denunciaron la masificación de las consultas y el hecho de que los médicos de cabecera estaban asumiendo la atención pediátrica. Éstos, por seguridad, en ocasiones derivaban a los niños al 12 de Octubre. Algo similar ocurría en el centro de salud de Perales del Río (Getafe) y en el de Embajadores (Madrid).
El informe va desgranando denuncias e investigaciones en materia sanitaria del año pasado. Como la que el Defensor inició de oficio sobre el centro de salud El Soto, en Móstoles. Las vacaciones del médico titular dejaron sin actividad una consulta durante ocho días. También se denunció que en el hospital infantil Niño Jesús no había intérpretes o traductores de signos para atender a los menores sordomudos, especialmente cuando sus padres también lo eran.
El hospital Puerta de Hierro, recién trasladado a Majadahonda, generó el año pasado "diversas quejas", todavía en trámite, en las que se detalla que "la imprevisión ha generado un riesgo para la salud de los pacientes, tal y como han manifestado los propios profesionales del centro". El informe también habla de las quejas sobre la "notable demora" en las urgencias de los hospitales públicos, "especialmente en centros de la Comunidad de Madrid", puntualiza el Defensor.
Fuente: El País
El área única vuelve a la sectorial el 27 de mayo
El rechazo sindical al área única que defiende la Consejería de Sanidad madrileña volverá a ocupar los trabajos de la mesa sectorial, donde los sindicatos pedirán un modelo alternativo y presentarán un calendario de trabajo que concluirá a mediados de junio. La Administración espera continuar avanzando para lograr un acuerdo.
La Mesa Sectorial de la Sanidad madrileña volverá a abordar este miércoles 27 de mayo los proyectos de área única que quiere implantar la consejería. La idea es avanzar en un acuerdo con las centrales sindicales —Femyts, CC.OO., UGT y CSIT-Unión Profesional—, tal y como se lleva haciendo desde el 3 de febrero, fecha del primer encuentro, tal y como ha explicado a GACETA MÉDICA la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Ana Sánchez.
De esta forma ha respondido también a los sindicatos que la semana pasada reclamaron de forma conjunta una reunión urgente con el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, para negociar un modelo "alternativo" al propuesto, sobre el que vienen manifestando su rechazo. Para estas organizaciones, no es necesario "romper el modelo" para aplicar la libre elección de médico y centro, ya contemplada en la ley.
Sin embargo, Sánchez ha recordado que las centrales sindicales se comprometieron en la última reunión del 25 de marzo a presentar a la consejería sus propuestas y, aunque la mayoría sí lo han hecho, no ha sido así en el caso de UGT. También esperaba la Administración que les enviasen un calendario para ir abordando cada una de las tareas, una propuesta que tampoco han recibido y que los sindicatos presentarán en el encuentro de esta semana con la intención de que los trabajos se concluyan a mediados de junio de este año.
Más tajante se ha mostrado el consejero Güemes, quien ha afirmado que el rechazo a la implantación del área única esconde la defensa de unos "privilegios sindicales" de quienes "hacen campaña por el Partido Socialista", pues con la gerencia unificada se reducirían las horas de liberación sindical.
Por su parte, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) se ha querido desmarcar del encuentro que mantuvieron algunas organizaciones de atención primaria con el secretario de Sanidad del Partido Socialista Madrileño, apuntando que prefieren "desvincular" los temas sanitarios de la política y limitarse al ámbito estrictamente profesional y científico.
Cita 'on line' este verano
En relación con la mejora de la atención en el primer nivel, el consejero ha anunciado que la cita sanitaria on line se extenderá a todos los centros de salud de la región a partir de este verano, tras un pilotaje en 116 centros a través de los cuales se han cursado ya el 9 por ciento de las peticiones (45.000). Estas citas virtuales tienen como destinatarios los médicos y enfermeros de primaria durante 24 horas los 365 días del año y los pacientes, introduciendo su DNI, pueden consultar todas las que tenga pendientes el centro de salud, así como anular o cambiar de fechas aquellas que hayan pedido.
La Asamblea sólo aprueba el dictamen del PP
"La libertad de elección es imprescindible para consolidar unos servicios sanitarios públicos de máxima equidad, calidad y eficiencia". Así lo establece el dictamen propuesto por el Partido Popular en la Comisión parlamentaria de Estudio de la Sanidad madrileña, que fue aprobado con 67 votos a favor y 53 en contra y que debe ser votado por el Pleno en junio. Sin embargo, el texto original de los populares, incluía la creación de una comisión parlamentaria permanente no legislativa que evaluara la calidad de los servicios prestados bajo fórmulas de colaboración público-privada y a la que acudieran a comparecer, de forma obligatoria, los gerentes de los centros hospitalarios, un punto que finalmente fue eliminado. Por ello, los socialistas —cuyo documento, al igual que el de IU, fue rechazado— han anunciado la presentación de una enmienda transaccional proponiendo la creación de una comisión especial que se convoque cada vez que se quiera llevar a cabo un cambio relacionado con la financiación o la gestión sanitaria. Este órgano trasladaría sus dictámenes al pleno —que semestralmente tendría que hacer un informe— y contaría con un reglamento propio que se elaboraría tras la remodelación de la actual Asamblea de Madrid, por donde pasarían también expertos sanitarios. De esta forma, según el PSM, ganaría "agilidad".
Fuente: Gaceta Médica
La Mesa Sectorial de la Sanidad madrileña volverá a abordar este miércoles 27 de mayo los proyectos de área única que quiere implantar la consejería. La idea es avanzar en un acuerdo con las centrales sindicales —Femyts, CC.OO., UGT y CSIT-Unión Profesional—, tal y como se lleva haciendo desde el 3 de febrero, fecha del primer encuentro, tal y como ha explicado a GACETA MÉDICA la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Ana Sánchez.
De esta forma ha respondido también a los sindicatos que la semana pasada reclamaron de forma conjunta una reunión urgente con el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, para negociar un modelo "alternativo" al propuesto, sobre el que vienen manifestando su rechazo. Para estas organizaciones, no es necesario "romper el modelo" para aplicar la libre elección de médico y centro, ya contemplada en la ley.
Sin embargo, Sánchez ha recordado que las centrales sindicales se comprometieron en la última reunión del 25 de marzo a presentar a la consejería sus propuestas y, aunque la mayoría sí lo han hecho, no ha sido así en el caso de UGT. También esperaba la Administración que les enviasen un calendario para ir abordando cada una de las tareas, una propuesta que tampoco han recibido y que los sindicatos presentarán en el encuentro de esta semana con la intención de que los trabajos se concluyan a mediados de junio de este año.
Más tajante se ha mostrado el consejero Güemes, quien ha afirmado que el rechazo a la implantación del área única esconde la defensa de unos "privilegios sindicales" de quienes "hacen campaña por el Partido Socialista", pues con la gerencia unificada se reducirían las horas de liberación sindical.
Por su parte, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) se ha querido desmarcar del encuentro que mantuvieron algunas organizaciones de atención primaria con el secretario de Sanidad del Partido Socialista Madrileño, apuntando que prefieren "desvincular" los temas sanitarios de la política y limitarse al ámbito estrictamente profesional y científico.
Cita 'on line' este verano
En relación con la mejora de la atención en el primer nivel, el consejero ha anunciado que la cita sanitaria on line se extenderá a todos los centros de salud de la región a partir de este verano, tras un pilotaje en 116 centros a través de los cuales se han cursado ya el 9 por ciento de las peticiones (45.000). Estas citas virtuales tienen como destinatarios los médicos y enfermeros de primaria durante 24 horas los 365 días del año y los pacientes, introduciendo su DNI, pueden consultar todas las que tenga pendientes el centro de salud, así como anular o cambiar de fechas aquellas que hayan pedido.
La Asamblea sólo aprueba el dictamen del PP
"La libertad de elección es imprescindible para consolidar unos servicios sanitarios públicos de máxima equidad, calidad y eficiencia". Así lo establece el dictamen propuesto por el Partido Popular en la Comisión parlamentaria de Estudio de la Sanidad madrileña, que fue aprobado con 67 votos a favor y 53 en contra y que debe ser votado por el Pleno en junio. Sin embargo, el texto original de los populares, incluía la creación de una comisión parlamentaria permanente no legislativa que evaluara la calidad de los servicios prestados bajo fórmulas de colaboración público-privada y a la que acudieran a comparecer, de forma obligatoria, los gerentes de los centros hospitalarios, un punto que finalmente fue eliminado. Por ello, los socialistas —cuyo documento, al igual que el de IU, fue rechazado— han anunciado la presentación de una enmienda transaccional proponiendo la creación de una comisión especial que se convoque cada vez que se quiera llevar a cabo un cambio relacionado con la financiación o la gestión sanitaria. Este órgano trasladaría sus dictámenes al pleno —que semestralmente tendría que hacer un informe— y contaría con un reglamento propio que se elaboraría tras la remodelación de la actual Asamblea de Madrid, por donde pasarían también expertos sanitarios. De esta forma, según el PSM, ganaría "agilidad".
Fuente: Gaceta Médica
El Defensor del Pueblo alerta de la privatización sanitaria
Crítica oficial al modelo sanitario público-privado impulsado por la Comunidad de Madrid. El Defensor del Pueblo alertó ayer en el Congreso de los Diputados sobre la "externalización" de servicios sanitarios de la Comunidad.
El informe anual del Defensor recoge la preocupación de "usuarios y profesionales" acerca de la entrada de capital privado en la sanidad cuya "progresión podría vulnerar los principios del sistema de salud pública", dice. Además, el texto advierte de que en varios hospitales se usan "irregularmente" las agendas de citas, lo que impide a los pacientes saber "cuándo serán atendidos", según Europa Press.
Defensor del Pueblo apunta al uso "irregular" de las agendas cerradas y a la "externalización" sanitaria en su informe 2008
El Defensor del Pueblo apunta al uso "irregular" de las agendas cerradas en algunos centros sanitarios madrileños y a la "externalización" sanitaria en la Comunidad en su último informe de 2008, que ha presentado hoy en el Congreso de los Diputados.
"A estos efectos, debe ser señalada la irregular utilización de las llamadas agendas cerradas en varios centros sanitarios de la Comunidad de Madrid, que demoran el derecho de los pacientes siquiera a conocer la fecha en la que serán atendidos", señala el texto respecto a las quejas que ha habido en relación al cierre de agendas en algunos hospitales de la región.
Asimismo, el escrito habla de un "significativo número de quejas de usuarios y profesionales" recibidas por el Defensor que expresan "su inquietud por un proceso calificado de externalización de los servicios sanitarios, cuya progresión podría llegar a vulnerar los principios básicos del sistema de salud en España".
Estas quejas se unen al debate que ha habido en los últimos meses sobre la entrada de capital privado en la sanidad madrileña y que se ha plasmado en quejas de usuarios y profesionales a las puertas de los hospitales que visitaba el consejero del ramo, Juan José Güemes, y en concentraciones en la calle.
El estudio también dice que las diferencias en el régimen de prestaciones sanitarias entre las comunidades autónomas son "cada vez más notables", destacando en áreas como los nuevos medicamentos, el calendario vacunal, la salud mental, las enfermedades raras y el diagnóstico genético.
Asimismo, hay diferencias autonómicas en otros ámbitos, como el consejo genético, los cuidados paliativos y de tratamiento del dolor, la atención bucodental, la cirugía de reasignación de sexo, la atención podológica a pacientes diabéticos, en las terapias contra el tabaco y las ayudas económicas a pacientes con celiaquía.
Según este informe, el Defensor del Pueblo recibió en 2008 un total de 566 quejas relacionadas con la sanidad, lo que supuso el 3,5 por ciento de todas las quejas recibidas sobre todos los ámbitos. De estas 566 quejas, 563 fueron individuales y tres de oficio. En este sentido, el documento confirma un "descenso" en el número de quejas presentadas por los retrasos para la obtención de prestación sanitaria, aunque con importantes diferencias entre las autonomías.
Además, el pasado año, el Defensor recibió varias peticiones de profesionales y ciudadanos interesados "en la creación de nuevas especialidades médicas", entre ellas la Medicina de Urgencias y la Psiquiatría de infancia y adolescencia. La reforma troncal de las especialidades médicas es un tema pendiente en el seno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Fuente: ADN
Fuente: ADN
El informe anual del Defensor recoge la preocupación de "usuarios y profesionales" acerca de la entrada de capital privado en la sanidad cuya "progresión podría vulnerar los principios del sistema de salud pública", dice. Además, el texto advierte de que en varios hospitales se usan "irregularmente" las agendas de citas, lo que impide a los pacientes saber "cuándo serán atendidos", según Europa Press.
Defensor del Pueblo apunta al uso "irregular" de las agendas cerradas y a la "externalización" sanitaria en su informe 2008
El Defensor del Pueblo apunta al uso "irregular" de las agendas cerradas en algunos centros sanitarios madrileños y a la "externalización" sanitaria en la Comunidad en su último informe de 2008, que ha presentado hoy en el Congreso de los Diputados.
"A estos efectos, debe ser señalada la irregular utilización de las llamadas agendas cerradas en varios centros sanitarios de la Comunidad de Madrid, que demoran el derecho de los pacientes siquiera a conocer la fecha en la que serán atendidos", señala el texto respecto a las quejas que ha habido en relación al cierre de agendas en algunos hospitales de la región.
Asimismo, el escrito habla de un "significativo número de quejas de usuarios y profesionales" recibidas por el Defensor que expresan "su inquietud por un proceso calificado de externalización de los servicios sanitarios, cuya progresión podría llegar a vulnerar los principios básicos del sistema de salud en España".
Estas quejas se unen al debate que ha habido en los últimos meses sobre la entrada de capital privado en la sanidad madrileña y que se ha plasmado en quejas de usuarios y profesionales a las puertas de los hospitales que visitaba el consejero del ramo, Juan José Güemes, y en concentraciones en la calle.
El estudio también dice que las diferencias en el régimen de prestaciones sanitarias entre las comunidades autónomas son "cada vez más notables", destacando en áreas como los nuevos medicamentos, el calendario vacunal, la salud mental, las enfermedades raras y el diagnóstico genético.
Asimismo, hay diferencias autonómicas en otros ámbitos, como el consejo genético, los cuidados paliativos y de tratamiento del dolor, la atención bucodental, la cirugía de reasignación de sexo, la atención podológica a pacientes diabéticos, en las terapias contra el tabaco y las ayudas económicas a pacientes con celiaquía.
Según este informe, el Defensor del Pueblo recibió en 2008 un total de 566 quejas relacionadas con la sanidad, lo que supuso el 3,5 por ciento de todas las quejas recibidas sobre todos los ámbitos. De estas 566 quejas, 563 fueron individuales y tres de oficio. En este sentido, el documento confirma un "descenso" en el número de quejas presentadas por los retrasos para la obtención de prestación sanitaria, aunque con importantes diferencias entre las autonomías.
Además, el pasado año, el Defensor recibió varias peticiones de profesionales y ciudadanos interesados "en la creación de nuevas especialidades médicas", entre ellas la Medicina de Urgencias y la Psiquiatría de infancia y adolescencia. La reforma troncal de las especialidades médicas es un tema pendiente en el seno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Fuente: ADN
Fuente: ADN
El 60% de las recetas en Extremadura son electrónicas
la región es la primera del país en ofrecer este sistema.
La Junta finaliza la implantación de la receta electrónica, una medida que ha permitido que el 60 por ciento de las recetas dispensadas sean en formato electrónico y convierta a Extremadura en la primera región en ofrecer el sistema en todo su territorio.
Según la agencia Efe, en estos momentos más de la mitad de los pacientes que acuden a una consulta del Servicio Extremeño de Salud (SES) adquieren, bien la receta informatizada o una que se imprime en papel, con letra de imprenta, que guarda la información en el sistema electrónico, denominado "Jara", ha explicado hoy el director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Dámaso Villa.
Según Villa, el sistema ha disminuido las visitas al médico entre un 25 y un 40 por ciento. En estos momentos, el sistema ha llegado a los 107 centros de salud de la región y a las 680 farmacias y botiquines de la comunidad, y la receta es utilizada por todos los profesionales prescriptores de los centros de Atención Primaria de Extremadura. Han sido 9 meses de trabajo conjunto con los Colegios de Farmacéuticos de la Región y con la empresa IBM, que ha participado como socio tecnológico y ha proporcionado a la Junta servicios de consultoría e integración de sistemas, así como la plataforma tecnológica necesaria para acometer la implantación. La plataforma tecnológica se compone principalmente de software de aplicaciones WebSphere y Sistemas Power, servidores de gama alta caracterizados por su robustez y potencia de proceso y con capacidades de virtualización únicas en el mercado.
El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres, Pedro Claros, en nombre del Consejo Autonómico de Farmacias en Extremadura, subraya el esfuerzo realizado por los profesionales en la región, que han adaptado sus equipos informáticos al software de aplicaciones y al sistema de en red de la Junta pese a que no es obligatorio.
La Administración regional espera en breve que entre el 80 y el 90 por ciento de las recetas dispensadas sean en formato electrónico, para lo que será necesario incluir a los médicos de la especialidad de Urgencia Hospitalaria, que continúan con la fórmula del papel y dispensan alrededor del 10 por ciento.
Una vez que se alcance esta medida, el siguiente reto será lograr que todas las farmacias españolas funcionen mediante la receta electrónica, para lo que queda "mucho trabajo por hacer". Tan sólo, Extremadura, Andalucía y Baleares ofrecen una cobertura electrónica, casi completa, y estarían en condiciones de asumir esta posibilidad.
El Proyecto de Transformación de los Sistemas de Información, denominado Proyecto Jara, permite al médico acceder al sistema de información de gestión sanitaria del SES, donde se aloja el historial clínico electrónico del paciente, y prescribir tratamientos médicos de hasta un año de duración.
El paciente dispone de un documento con los medicamentos prescritos y las pautas de consumo, así como la receta electrónica, consistente en un código de barras que, junto con su tarjeta sanitaria, se convierte en la "marca de identidad del paciente".
Todos los tratamientos, así como las adquisiciones de nuevos medicamentos, quedan registrados en el historial farmacéutico.
Para establecer el sistema, la Junta estableció un convenio de colaboración con los colegios de Farmacéuticos de Extremadura, mediante una partida de 1'2 millones de euros, destinados a la implantación, desarrollo y potenciación de dicha receta electrónica en el SES.
Fuente: El Periódico de Extremadura
La Junta finaliza la implantación de la receta electrónica, una medida que ha permitido que el 60 por ciento de las recetas dispensadas sean en formato electrónico y convierta a Extremadura en la primera región en ofrecer el sistema en todo su territorio.
Según la agencia Efe, en estos momentos más de la mitad de los pacientes que acuden a una consulta del Servicio Extremeño de Salud (SES) adquieren, bien la receta informatizada o una que se imprime en papel, con letra de imprenta, que guarda la información en el sistema electrónico, denominado "Jara", ha explicado hoy el director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Dámaso Villa.
Según Villa, el sistema ha disminuido las visitas al médico entre un 25 y un 40 por ciento. En estos momentos, el sistema ha llegado a los 107 centros de salud de la región y a las 680 farmacias y botiquines de la comunidad, y la receta es utilizada por todos los profesionales prescriptores de los centros de Atención Primaria de Extremadura. Han sido 9 meses de trabajo conjunto con los Colegios de Farmacéuticos de la Región y con la empresa IBM, que ha participado como socio tecnológico y ha proporcionado a la Junta servicios de consultoría e integración de sistemas, así como la plataforma tecnológica necesaria para acometer la implantación. La plataforma tecnológica se compone principalmente de software de aplicaciones WebSphere y Sistemas Power, servidores de gama alta caracterizados por su robustez y potencia de proceso y con capacidades de virtualización únicas en el mercado.
El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres, Pedro Claros, en nombre del Consejo Autonómico de Farmacias en Extremadura, subraya el esfuerzo realizado por los profesionales en la región, que han adaptado sus equipos informáticos al software de aplicaciones y al sistema de en red de la Junta pese a que no es obligatorio.
La Administración regional espera en breve que entre el 80 y el 90 por ciento de las recetas dispensadas sean en formato electrónico, para lo que será necesario incluir a los médicos de la especialidad de Urgencia Hospitalaria, que continúan con la fórmula del papel y dispensan alrededor del 10 por ciento.
Una vez que se alcance esta medida, el siguiente reto será lograr que todas las farmacias españolas funcionen mediante la receta electrónica, para lo que queda "mucho trabajo por hacer". Tan sólo, Extremadura, Andalucía y Baleares ofrecen una cobertura electrónica, casi completa, y estarían en condiciones de asumir esta posibilidad.
El Proyecto de Transformación de los Sistemas de Información, denominado Proyecto Jara, permite al médico acceder al sistema de información de gestión sanitaria del SES, donde se aloja el historial clínico electrónico del paciente, y prescribir tratamientos médicos de hasta un año de duración.
El paciente dispone de un documento con los medicamentos prescritos y las pautas de consumo, así como la receta electrónica, consistente en un código de barras que, junto con su tarjeta sanitaria, se convierte en la "marca de identidad del paciente".
Todos los tratamientos, así como las adquisiciones de nuevos medicamentos, quedan registrados en el historial farmacéutico.
Para establecer el sistema, la Junta estableció un convenio de colaboración con los colegios de Farmacéuticos de Extremadura, mediante una partida de 1'2 millones de euros, destinados a la implantación, desarrollo y potenciación de dicha receta electrónica en el SES.
Fuente: El Periódico de Extremadura
lunes, 25 de mayo de 2009
Es necesario que la información se cuide por y para el paciente
'Si algo ha cambiado respecto a la relación médico-paciente en los últimos años es el flujo de información: "Antes se registraba en un marco de secretismo y se utilizaba el complejo lenguaje médico para encriptarla; ahora se comparte y fluye", ha dicho Nicolás García González, director médico de la Clínica Universidad de Navarra (CUN), durante el VI Foro sobre Protección de Datos de Salud que, bajo el lema La salud en red: un reto para la protección de datos, han organizado la Sociedad Española de Informática de la Salud (SEIS) y la entidad Navarra de Gestión para la Administración (NGA) en Pamplona.
or tanto, dentro del paradigma que sitúa al paciente como eje del sistema se incluye también la información clínica: "Los datos son suyos y debe tener capacidad de manejarlos", por lo que en la CUN "se los proporcionamos para que los puedan facilitar a quien deseen". No obstante, para que esto sea posible es preciso ser rigurosos con la seguridad de la información en todos los frentes: "No basta con controlar los sistemas de información.
La batalla de la confidencialidad no se libra en la informática, sino en los pasillos, los controles de enfermería, los ascensores y los teléfonos; es responsabilidad de todos los profesionales, y para hacer las cosas bien la única herramienta con que contamos hasta ahora es la formación".
Proyecto HCCC
En la misma línea de situar al paciente como protagonista y abogar por la transparencia se sitúa el proyecto de Historia Clínica Compartida de Cataluña (HCCC), que permite a los usuarios "ejercer su derecho de acceso, rectificación y oposición sobre sus datos", ha explicado Ana García Martínez, responsable del Programa de Seguridad de la Información del Departamento de Salud catalán.
La HCCC incluye sólo los datos que, por su relevancia, hay que compartir entre los distintos centros de la red, aunque los pacientes pueden decidir si quieren que sean accesibles desde centros distintos al suyo.
Esta información incluye informes de alta, pruebas analíticas y, en general, "documentos de cierre de proceso a los que ya ha tenido acceso el paciente". De este modo se preserva también, a juicio de García Martínez, la confidencialidad de la información médica subjetiva.
Por el momento, el Departamento de Salud de Cataluña ha habilitado unos plazos máximos de un mes para el acceso a la información y de diez días para rectificación y oposición. Sin embargo, está previsto que se habilite el control de los datos en internet, "siempre con las garantías de seguridad necesarias".
Acceso en el Sescam
El acceso a la historia clínica electrónica (HCE) vía web es, precisamente, una de las líneas de trabajo hacia las que avanza el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), aunque aún no hay un proyecto concreto. "Hemos hecho mucho en los siete años que han pasado desde las transferencias, y una de las ventajas de avanzar tanto en tan poco tiempo es que la protección de toda la información que íbamos generando se desarrollaba al mismo tiempo que la propia información", explica Jesús Fernández Sanz, gerente del Hospital General de Ciudad Real.
Este centro, pionero en el Sescam en lo que respecta a sistemas de información, ha puesto en marcha nueve Estrategias de Mejora 2008-2010, siendo la primera, precisamente, el desarrollo tecnológico.'
Fuente y noticia completa: Diario Médico 22/05/09
Carta de la Coordinadora de Trabajadores contra la Privatización animando a asistir a la Asamblea de Trabajadores del Jueves 28
' ASAMBLEA DE TRABAJADORES/AS DE LA SANIDAD PÚBLICA MADRILEÑA
Jueves, 28 DE MAYO DE 2009
Turno de mañana: 11:00 horas. Turno de tarde: 18:00 horas.
LUGAR: Club de Amigos de la UNESCO. Plaza Tirso de Molina, 8, 1o.
CONVOCAN: Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública Contra la Privatización, Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid, Asociación Madrileña de Salud Mental
Jueves, 28 DE MAYO DE 2009
Turno de mañana: 11:00 horas. Turno de tarde: 18:00 horas.
LUGAR: Club de Amigos de la UNESCO. Plaza Tirso de Molina, 8, 1o.
CONVOCAN: Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública Contra la Privatización, Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid, Asociación Madrileña de Salud Mental
Queridos/as compañero/as:
El gobierno de la Comunidad de Madrid avanza en la ejecución de su plan de saqueo y destrucción del sistema sanitario. Los planes de salud nunca les han importado lo más mínimo. Lejos de desarrollar medidas conducentes a la mejora de la atención sanitaria, se están dedicando a mutilar de forma homicida los viejos hospitales públicos (cierres de cientos de camas, cierres de plantas y unidades enteras, recortes de plantilla, cientos de trabajadores
cesados); a eliminar estructuras enteras como la de salud mental y salud pública; a “deslocalizar” toda la organización sanitaria, desmantelando las Áreas para generar un Área única y opaca; a destruir la atención primaria de salud; a generar unas desigualdades laborales y salariales brutales, a establecer regímenes laborales con una dependencia patronal cada vez
mayor, a establecer un mercado sanitario para beneficio de un puñado de empresas privadas y a utilizar a todo el personal para cavar nuestra propia tumba. De esto último, sirva de ejemplo lo que los/as informáticos/as, con un 65% de eventualidad laboral, andan haciendo en estos tiempos: migrar todos los sistemas, transferir todos los datos de los pacientes a las empresas privadas en manos de las cuales la Consejería ha puesto todo el sistema informático (SIEMENS, IBM, El Corte Inglés e Indra) http://apiscam.blogspot.com), para que su mercado sanitario, su Área-única-opaca eche a andar. Lejos de generar empleo público para estos/as y los/as demás trabajadores/as en situación inestable en la Consejería de Sanidad (interinos, contratados, obras y servicio, etc, que se cuentan por miles y representan más de un tercio del personal en sanidad), en cuanto esté todo migrado, transferido y privatizado se abrirá la puerta de la calle y, para algunos/as, se pondrán encima de la mesa esclavo-contratos que ofrecerán las super-dividendo-empresas, en las condiciones super-flexibles que ya conocemos, empresas a las que el Estatuto del Empleado Público les importa un pimiento.
Junto a su mentora Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid, el Consejero de Sanidad, Güemes, yernísimo del imputadísimo Carlos Fabra, ha abierto 8 nuevos hospitales en 2008: 7 modelo PFI y uno (Valdemoro) modelo concesión (es decir, hospital privado-que-pagamos-con- dinero-público). Con ello, no han generado empleo, mucho menos público, sino todo lo
contrario: han dotado los nuevos hospitales detrayendo personal de los viejos hospitales, modificando las condiciones laborales y amortizando (es decir, eliminando) un gran número de plazas. La Resolución de 31 de Julio de 2008 del Director General de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad, Resinos, de no contratar ningún tipo de personal, sigue vigente y no se
realizarán contratos para sustituciones en la temporada de vacaciones veraniegas que se aproxima. Las listas de espera, por supuesto, no han parado de crecer. El recorrido continua con la reciente licitación del hospital privado-que-se-paga-con-dinero-público de Torrejón, que hay una gran probabilidad de que recaiga sobre el consorcio de empresas Ribera Salud-
LUBASA-FCC-Asisa (LUBASA tiene prohibidos los contratos con las Administraciones Públicas por fraude). Y la licitación del hospital privado-que-pagamos-con-dinero-público proyectado en Villalba está al caer. Las prestaciones sanitarias, los contratos y los salarios bajan, y, sólo el
alquiler que pagamos a las empresas privadas propietarias de los nuevos hospitales, por el uso de los edificios, que actualmente asciende a más de 160 millones de euros anuales, pronto será de más de 200 millones anuales. Y “Sanidad está ultimando dos proyectos de gran envergadura (...): la libre elección y el área única” (www.madrid.org). Los Decretos están previstos para Julio de 2009.
Si dejamos que esto progrese, si no hacemos algo, pronto nos encontraremos echando la vista atrás, llevándonos las manos a la cabeza, en manos de empresas privadas cuyos beneficios particulares es lo único que les importa, con déficit y desigualdades en la atención sanitaria ahora no imaginables. Las lamentaciones no sirven de nada. Pero ahora estamos a tiempo de evitar que nuestro sistema sea devorado por la ambición, la codicia y la falta de escrúpulos. Los trabajadores de la sanidad pública somos una pieza clave y no podemos consentir que nos utilicen para montar sus indignos negocios. No podemos dejar que nos usen para cavar nuestra propia tumba y la de nuestros conciudadanos.
POR NOSOTROS/AS, POR NUESTROS/AS PEQUEÑOS/AS, POR NUESTROS/AS MAYORES: NO NOS DEJEMOS ARREBATAR NUESTRA SANIDAD
¡ACUDE A LA ASAMBLEA!
'
Fuente: Carta recibida en APISCAM de la Coordinadora de Trabajadores contra la Privatización de la Sanidad
alquiler que pagamos a las empresas privadas propietarias de los nuevos hospitales, por el uso de los edificios, que actualmente asciende a más de 160 millones de euros anuales, pronto será de más de 200 millones anuales. Y “Sanidad está ultimando dos proyectos de gran envergadura (...): la libre elección y el área única” (www.madrid.org). Los Decretos están previstos para Julio de 2009.
Si dejamos que esto progrese, si no hacemos algo, pronto nos encontraremos echando la vista atrás, llevándonos las manos a la cabeza, en manos de empresas privadas cuyos beneficios particulares es lo único que les importa, con déficit y desigualdades en la atención sanitaria ahora no imaginables. Las lamentaciones no sirven de nada. Pero ahora estamos a tiempo de evitar que nuestro sistema sea devorado por la ambición, la codicia y la falta de escrúpulos. Los trabajadores de la sanidad pública somos una pieza clave y no podemos consentir que nos utilicen para montar sus indignos negocios. No podemos dejar que nos usen para cavar nuestra propia tumba y la de nuestros conciudadanos.
POR NOSOTROS/AS, POR NUESTROS/AS PEQUEÑOS/AS, POR NUESTROS/AS MAYORES: NO NOS DEJEMOS ARREBATAR NUESTRA SANIDAD
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Fuente: Carta recibida en APISCAM de la Coordinadora de Trabajadores contra la Privatización de la Sanidad
Asamblea de Trabajadores de la Sanidad el 28 de Mayo
'La Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública contra la Privatización, CAS Madrid y la Asociación Madrileña de Salud Mental, ante el brutal proceso de desmantelamiento y privatización de la Sanidad Pública y la próxima implantación de un “mercado sanitario” (al que el PP va a dar forma mediante dos Decretos: Área Única y Libre Elección) que tiene como único objeto el aumento de los beneficios de las empresas privadas lucrativas,
Convocan:
ASAMBLEA
DIRIGIDA A TODOS LOS TRABAJADORES DE LA SANIDAD PÚBLICA MADRILEÑA (especialmente a los más afectados por las “inmediatas” reformas: Atención Primaria y Salud Mental)
Fecha: 28 de mayo a las 11:00 y a las 18:00 (para posibilitar la asistencia de trabajadores de todos los turnos).
Lugar: Club de Amigos de la Unesco de Madrid (CAUM), Plaza de Tirso de Molina nº 8, 1º.
Orden del Día:
- Área Única.
- Desmantelamiento de Salud Mental.
- Situación en los centros de trabajo (no sustituciones, reducción de camas, deterioro de las condiciones de trabajo y de la calidad asistencial, …).
- PROPUESTAS DE MOVILIZACIONES.
'
Fuente: Correo recibido en APISCAM de los convocantes
Crecen las diferencias sanitarias entre comunidades
'La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública diagnostica las divergencias entre regiones.- Recrimina a las autoridades el "secuestro" de datos de listas de espera
Corren malos tiempos para la sanidad pública. El gasto en hospitales privados crece, el presupuesto destinado a la financiación de la pública apenas aumenta y, además, varía mucho de una comunidad a otra, algo que contribuye a acrecentar las divergencias entre regiones. Y si a esto añadimos que ese dinero inicialmente destinado a la salud muchas veces termina dedicado a otras cosas, la primera frase cobra todo su sentido. Es la radiografía del Sistema Nacional de Salud que ofrece la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública en un informe hecho público este jueves. La Federación reclama que se frene la privatización de la sanidad y se implante un mínimo presupuestario común a todas las comunidades. Un mínimo "finalista", es decir, que el dinero vaya a lo que inicialmente estaba destinado.
El presupuesto dedicado a la sanidad por habitante y año para 2009 es de unos 1.351 euros de media. Una cantidad que puede subir hasta los 1.600 o bajar hasta los 1.120, dependiendo de la comunidad, según la Federación. Una divergencia que, reclama, ha ido creciendo a lo largo de los años (en 2002 esa cantidad diferenciadora eran unos 190 euros y en 2009 son unos 470) y que debe ser paliada. Por eso la Federación exige un mínimo presupuesto que todas las regiones deberían respetar. Una medida que, considera, tendría cabida en el Pacto por la Sanidad que prepara el Gobierno.
El gasto sanitario, además, "no responde a criterios de racionalidad", dicen; se reparte mayoritariamente entre hospitales (53%) y farmacias (23%), y sólo se dedica el 15% en Atención Primaria.
El sector privado alcanza ya el 30% del gasto sanitario en España, uno de los más altos de la Unión Europea. El gasto público descendió del 81% en 1980 al 70% en 2005, según datos de la OCDE, recogidos y analizados por la Federación. "Todo eso sin que se haya demostrado que es mejor y mucho menos más eficiente. España tiene uno de los mejores sistemas de salud públicos de Europa", ha reclamado Marciano Sánchez, presidente de la asociación en Madrid. Es, precisamente, en esa región donde mayor ha sido el proceso privatizador. En la Comunidad de Madrid (gobernada por el Partido Popular) hay ocho nuevos hospitales privados y otros cuatro en proyecto. Una pauta que se repite en otra región gobernada también por el PP, Valencia, donde la privatización afecta además de a la atención hospitalaria a la primaria.
Una "ofensiva privatizadora" que, para Sánchez, busca "el fomento de los intereses económicos privados en detrimento del derecho a la salud de los ciudadanos". El informe de la Federación apunta, sin embargo, que otras regiones han avanzado reforzando la red pública. Es el caso de Extremadura y Castilla La-Mancha. Un ejemplo que deberían seguir, según Sánchez, el resto de comunidades. "Debe haber una potenciación del carácter público del sistema de salud. Sobre todo en estos momentos de crisis. Sólo el sistema nacional de salud público puede asegurar una atención de calidad y eficiente. La privada es mucho más cara y además deja mucho que desear", ha declarado el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid.
Listas de espera
El informe critica el "secuestro" de los datos de listas de espera por parte de las autoridades. Algo que, dicen, no permite conocer las desigualdades que se producen entre las comunidades. "La percepción que hay sobre las listas de espera es que son claramente excesivas y con frecuencia inaceptables", dice. La Federación apunta varias causas: falta de camas, escasez de medios y especialistas o falta de protocolos de actuación adecuados.
Critica, además, la "irracionalidad en la utilización de los recursos de la sanidad". El informe menciona una variabilidad no justificada, por ejemplo, en los ingresos hospitalarios. Algo que oscila entre los 97,8 por mil habitantes en el caso de Castilla La-Mancha y los 1.153,4 de Baleares. También los actos quirúrgicos por cada mil habitantes, una cifra que se mueve entre los 71,8 en Cantabria y los 114 en Cataluña.
Gasto farmacéutico
La Federación exige más recursos para la sanidad pública y que se frene el gasto farmacéutico. Una cifra que no ha dejado de crecer cada mes. En abril, por ejemplo, esa cantidad ascendió hasta los 1.086.009.083 euros, un 1,71% más que el mismo periodo del pasado año. Y un gasto que, denuncia, es casi el doble que el crecimiento del gasto presupuestario en sanidad. "Se está gastando más en medicamentos que en atención", reclama Sánchez. Este gasto, asegura, podría disminuir con un mayor uso de medicamentos genéricos.
La Federación reclama además un mayor control de los mecanismos de marketing que hacen los laboratorios hacia los profesonales médicos y que disminuyan los porcentajes que se quedan las oficinas de farmacia por cada medicamento vendido o volumen de venta. Algo que hace, asegura, que se vendan más medicamentos y que se pasen por alto muchas veces que algunos necesitan incluso una prescripción médica.'
Fuente: El País 21/5/09
Boletín Informativo de la Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública contra la Privatización. nº 12 (Mayo 2009)
'Descargar en PDF el boletín nº 12 (Mayo-09)'
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- Llamamiento unitario contra el Área Única y la "Nueva" Libre Elección de Centros
- El descarnado e indecente saqueo de la sanidad pública madrileña: un breve recordatorio
Fuente: Coordinadora de Trabajador@s de la Sanidad Pública de Madrid contra la Privatización
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