Recordemos que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid del pasado 27/11/2018 había acordado -además de manifestar su criterio desfavorable para la toma en consideración (algo que se discutiría ya en un debate en el Pleno de la Asamblea de seguir el trámite)-, la no conformidad a la tramitación con el argumento -necesariamente presupuestario según el reglamento de la Asamblea- de que "reconocer a todo el personal afectado por la Proposición de Ley el complemento de carrera profesional conllevaría un coste anual de 99.700.000 euros, lo que implicaría un importante incremento del Capítulo 1 de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de su aprobación".
De esta manera el Gobierno forzaba a que la Mesa de la Asamblea, que en su reunión previa de 05/11/2018 ya había acordado , con la mayoría formada por la opinión favorable de los grupos parlamentarios de Podemos, PSOE y Ciudadanos, admitir a trámite esta proposición de ley, pues tuviera que reunirse de nueva para replantearse su decisón, si estimaba el argumento presupuestario del gobierno, algo que finalmente no ha sucedido.
Según el reglamento de la Asamblea, la Mesa de la Asamblea debe comunicar su acuerdo desfavorable a la no conformidad del Gobierno, que, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 1ª de la Resolución 9/2016, de la Presidencia de la Asamblea, de 3 de marzo, tendría un nuevo plazo de 7 días para, en su caso, presentar todavía una solicitud de reconsideración a la Mesa Asamblea que tendría que reunirse nuevamente en ese caso. Si no
continuaría diectamente el trámite parlamentario, por fin, con el primer debate en Pleno de la Asamblea, el "de la Toma en Consideración"
- donde ya se considerarían las argumentaciones como la falta de
competencia o de situación de excepcionalidad esgrimidas además de
consideraciones políticas- que vendría seguido en aso de superarla, del
proceso de enmiendas y debate parlamentario de votación para, en su
caso, aprobación.
Ver más detalles sobre esta ley en nuestra entrada previa.]
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