UNA
EVALUACION RAPIDA DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS DE PRIVATIZACION DEL
SISTEMA SANITARIO
2.-
La llamada “colaboración público-privada”
La financiación y gestión de las nuevas infraestructuras sanitarias mediante la colaboración público privada incrementan el gasto sanitario, el nivel de endeudamiento y favorecen la corrupcion. muchos de estos hospitales tienen problemas legales y los nuevos gobiernos estudian formulas para rescatarlos
El
Hospital de Alzira, fue el primer hospital público gestionado por un
grupo de empresas por Concesión Administrativa por la que la
Administración paga a la concesionaria un canon anual por habitante
adscrito a su área. Desde 2003 se les añadió a estos centros la
gestión de la Atención Primaria del Área.
Los
problemas comenzaron nada más ponerse en marcha este modelo ya que
como Ribera Salud (concesionaria del Hospital) sufrió importantes
pérdidas económicas durante los tres primeros años de
funcionamiento la Consellería de Sanidad rescató la concesión
anulando el contrato y pagando a la concesionaria una indemnización
69 millones (25 millones por lucro cesante), se hizo cargo de las
deudas y redactó un nuevo contrato que incrementó el pago por
habitante en un 68% (de 225 a 379 euros, en la actualidad le paga
639), y le cedió el control de la Atención Primaria para controlar
y seleccionar pacientes y patologías. Pese a este fracaso el
gobierno valenciano volvió a utilizar este modelo para construir y
financiar los nuevos hospitales de Torrevieja (2006), Dénia (2006),
Manises (2009) y Vinalopó-Elche (2010). En la actualidad Ribera
Salud está controlada por la compañía estadounidense Centene
Corporation especializada en asistencia a personas pobres
(Medicaid), y por el Banco Sabadell que la compraron a precio de
ganga a Bankia.
El
desastre asistencial del “modelo Alzira” se evidencia en
el Hospital de Denia, gestionado por la multinacional DKV y Ribera
Salud, donde la situación asistencial ha experimentado un
importante deterioro tras cerrarse 37 camas y las urgencias en los
centros de Atención Primaria dependientes del hospital (para ahorrar
gasto a la Concesionaria privada) que ha conducido a que el Servicio
de Urgencias del hospital este colapsado recurrentemente. Por otro
lado como esta adjudicataria debe pagar a la Conselleria por cada
paciente que traslada a hospitales públicos, se obliga a los
facultativos a dar altas prematuras a enfermos crónicos para evitar
su traslado a centros hospitales públicos. La Junta de Personal ha
denunciado deficiencias en la atención a pacientes con infarto, la
coexistencia en la misma sala de recién nacidos sanos y sus madres
con enfermos adultos, la ausencia de microbiólogos, o la desatención
a enfermos críticos y recién operados. Los profesionales son
obligados también a trabajar más horas por menos salario, con
contratos precarios que no ofrecen garantías de continuidad y que
están generando un ambiente laboral muy enrarecido que condiciona la
calidad de la atención.
Como
consecuencia ya ni el Partido Popular refrenda este tipo de gestión
en Valencia y anunció en la pasada campaña electoral que no pensaba
renovar las concesiones de estos centros. Ahora el nuevo gobierno ha
prometido una auditoria del funcionamiento de los mismos y está
estudiando fórmulas para revertir al sistema público estas
concesiones privatizadas y a no renovar la concesión de Alzira cuyo
contrato expira en 2018.
MADRID
El
gobierno del PP la Comunidad de Madrid presidido por Esperanza
Aguirre apostó por privatizar la sanidad utilizando diversas
fórmulas como las Fundaciones Sanitarias (Hospital de Alcorcón);
Iniciativas de Financiación Privada-PFI (Hospitales Infanta
Cristina, Infanta Leonor, Infanta Sofía, Henares, Tajo y Sureste) en
los que las concesionarias privadas financian y gestionan los
servicios no asistenciales y Concesión Sanitaria-Modelo Alzira
(Hospitales de Valdemoro, Torrejón y el Rey Juan Carlos, de Móstoles
y Villalba) en los que las empresas gestionan también los servicios
asistenciales; mientras que la Fundación Jiménez Díaz ha pasado a
hospital de referencia de un área poblacional a través de un
concierto, manteniendo la atención a pacientes privados. Los 6
hospitales PFI multiplicaron sus costes respecto de los de
financiación y gestión pública directa. Mientras el coste de
construcción fue de 701 millones de euros el coste final será de
5.010 millones. Pese a ello todos estos centros tienen graves
problemas en sus estructuras, equipamiento y funcionamiento, como
recogieron informes de la inspección tras denuncias sindicales.
El
intento de ampliar la privatización a la gestión de la atención de
enfermos en los hospitales Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta
Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo, fue paralizada
cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por una
presunta vulneración de la legislación de contratos del estado, lo
que supuso el abandono de la misma y la retirada de las empresas
multinacionales elegidas por el gobierno del PP de la Comunidad
Madrileña como eran Ribera Salud, Sanitas e HIMA San Pablo.
Posteriormente
a la concesión de los hospitales PFI la Comunidad de Madrid, rescató
a las empresas adjudicatarias con 80 millones de euros, aumentando
su endeudamiento de 8.614 millones de euros en 2002 (cuando el PP
asumió la competencia sobre la sanidad), a 32.723 millones de euros
en 2014 (casi cuatro ves más). El resultado final ha sido que los
presupuestos autonómicos han incrementado el dinero para financiar
estos centros privados en detrimento de los hospitales públicos.
CASTILLA
LA MANCHA
El
intento fallido de privatizar los hospitales comarcales: María
Dolores de Cospedal pretendió trasladar a esta CA el modelo PFI a
cuatro Hospitales comarcales (Villarrobledo, Manzanares, Tomelloso y
Almansa), estrategia apoyada por Ribera Salud, Capio y grandes
constructoras, con conflictos de intereses en el PP. Sin embargo los
enfrentamientos entre las empresas interesadas en el negocio,
movilizaciones sociales y profesionales, los pronunciamientos de
algunos ayuntamientos afectados, y la resolución judicial que
paralizó el concurso de los hospitales madrileños, acabaron con el
proyecto, que fue retirado en el 2013.
La
nefasta privatización del Nuevo Hospital de Toledo: Otra de las
decisiones de la presidenta Cospedal fue paralizar las obras de
construcción del Nuevo Hospital de Toledo rescindiendo el contrato
de 475 millones de euros aportados por el Banco Europeo de
Inversiones, la Comunidad Autónoma, la Empresa Publica ‘Servicios
Generales Hospitalarios’ y un préstamo del BBV, para su
financiación pública. Posteriormente esta fue adjudicada a una
Concesionaria liderada por Acciona, OHL y una filial de ACS/Dragados,
aplicando el Modelo PFI que implicaba el pago de un canon anual de 72
millones durante 30 años con un una rentabilidad garantizada del
14%. Este contrato Público Privado incluía recortes en el edificio
y en los servicios previstos (abaratar costes) y la cesión de la
explotación de los servicios no asistenciales como limpieza,
aparcamientos, cafetería, seguridad, alimentación, comunicaciones,
etc. El cambio de modelo suponía un incremento de los costes (500
millones) pese a lo cual el hospital sería pequeño que el actual,
dispondría de menos servicios y se ponían en riesgo 400 empleos.
Posteriormente un juzgado de lo contencioso anuló la privatización
del personal estatutario que transfería a una empresa privada la
«gestión funcional» de los mismos, al considerar improcedente la
integración del personal estatutario fijo en una sociedad
concesionaria, que no cumple los requisitos de la legislación
vigente. El nuevo gobierno regional se ha comprometido a paralizar
esta privatización y recuperar el modelo tradicional de financiación
pública.
ARAGON
El
Proyecto de construcción y explotación del Nuevo Hospital de
Alcañiz por el modelo PFI pretendía ceder a un grupo de empresas
privadas o fondos de inversión la construcción en terreno público
de un hospital. El contrato no aseguraba la solvencia de la
concesionaria, la penalización por incumplimientos era muy baja y
se incumplía la Ley de contratos del Estado al carecer del informe
de que el proyecto privado era más eficiente que por financiación
pública. El coste inicial de 85 millones de euros se elevaba a 451
(el canon anual se fijo en 22,5 millones) y el Ayuntamiento compró
además 12 hectáreas de terreno para que la concesionaria explotara
una funeraria y una floristería. El proyecto autorizaba a la
Concesionaria a realizar una primera rebaja de 110 millones de euros
y a recortar un 30% la construcción por otros 135 millones. Tras
numerosas movilizaciones de la Plataforma para la Defensa de la
Sanidad Pública que denunció el contrato ante el Juzgado
Contencioso-Administrativo, el Gobierno del PP de Aragón anunció el
abandono del proyecto PFI, mientras que el Gobierno elegido en las
pasadas elecciones municipales se ha comprometido a que el hospital
será de financiación y gestión públicas.
ISLAS
BALEARES
El
Gobierno de Jaume Matas sacó a concurso la adjudicación de la
construcción y gestión del Hospital de Son Espases mediante la
fórmula de Colaboración Público Privada. A dicho concurso se
presentaron seis empresas Sampol, Ferrovial, Dragados, OHL, Testa y
Acciona. La Mesa de Contratación fallo como ganadora a OHL (cuya
oferta fue la mejor valorada por una consultora externa contratada
por el Gobierno) pero la adjudicación quedó aplazada y
posteriormente la misma Mesa de Contratación la adjudicó a la
empresa Dragados, en base a dos nuevos informes elaborados por otra
empresa privada. La reacción de la constructora OHL fue presentar un
recurso contencioso administrativo contra este cambio en la
adjudicación. En el juicio la anterior Consellera de Sanidad y el
anterior director gerente del Servicio Balear de Salud, ratificaron
que se manipuló el concurso y se les amenazó con "problemas
políticos" si la concesión no se asgnaba a la empresa Dragados
(Gurupo ACS). En la querella de la Fiscalía Anticorrupción se
incluyen delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude a la
administración pública.
GALICIA
Núñez
Feijoo al llegar al poder decido privatizar el Nuevo Hospital de Vigo
cambiando el modelo de financiación pública, previsto por el
anterior gobierno a llevar a cabo por la Sociedade Pública de
Investimentos de Galicia por otro de Colaboración Público Privada
(PFI). La obra se asignó a una Concesionaria liderada por Acciona,
Bankia y Caja de Ahorros del Mediterráneo que estaban en quiebra y
fueron rescatadas con dinero púbico). Esta UTE introdujo importantes
recortes en el proyecto para abaratar (aunque esta percibiría el
canon de 72 millones de euros anuales previsto). La Oficina Técnica
de Seguimiento (OTS) del nuevo hospital que debía controlar y
supervisar la ejecución del contrato fue asignada a una empresa
constituida tres meses antes por una alta directiva del PP, con sede
social en su domicilio particular y sin ninguna experiencia en
control de obras. Esta empresa redactó el Proyecto Definitivo
suprimiendo los módulos de docencia e investigación, el hotel de
pacientes, el módulo de cuidados críticos, el Servicio de
Laboratorio (para favorecer al nuevo Laboratorio Central de Galicia,
cedido a una empresa suiza); recortó las camas en un 31.8% (de
1.450 a 850) , los quirófanos en un 31.4%, el Servicio de Urgencias
en un 55.5% o las salas de Radiología en un 45.5%. Como
consecuencia el Nuevo Hospital dejó de ser Centro de Referencia en
Servicios de Alta Tecnología y Especialización para 300.000
personas de la provincia de Pontevedra (que pasaron a depender de
Santiago). También se han recortado la calidad de la construcción
(grosor y calidad tabiques, techos, alicatados, ventanas, lavabos,
equipamiento; se han reducido en la superficie construida, el
aparcamiento, los accesos y la urbanización, que han supuesto un
ahorro de 30 millones de euros (15.8% del total) para la
Concesionaria. Sin embargo el coste paso 450 por financiación
pública a 1.350 millones y el centro quedará en manos de
constructoras, multinacionales y fondos de capital riesgo. Desde su
apertura se han multiplicado los incidentes como caídas de techos de
consultas sobre los pacientes, contaminación de quirófanos por
aspergillus, inundaciones de las urgencias por aguas fecales,
epidemias de roedores, paredes que no resisten el mobiliario, etc.
Estos deficit están creando continuos problemas como la suspensión
de intervenciones quirúrgicas, limitaciones de acceso de pacientes y
familiares por el elevado precio del aparcamiento, cobro por agua a
los enfermos hospitalizados, menús inapropiados y de baja calidad,
etc. La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública ha
presentado una denuncia ante la Comisión Europa por los
incumplimiento de la legislación española y europea que regulan los
hospitales de Colaboración Público Privada (riesgos de construcción
y financiación) que abrirá un proceso de investigación de un año.
CASTILLA
Y LEÓN
El
Nuevo Hospital Universitario de Burgos, fue adjudicado a la
Concesionaria Eficanza integrada por compañías bancarias y empresas
constructoras cuyo mayor accionista es la empresa Urbanizaciones
Burgalesas, adjudicataria también del proyecto de construcción del
bulevar del barrio de Gamonal paralizado hace un año por la
movilización ciudadana. El coste de la obra previsto en 243 millones
de euros se incrementó a 529 millones en 2012 (el doble de lo
inicialmente estimado). Como por contrato fija un canon de 38
millones anuales durante 30 años, el hospital costará finalmente
1.140 millones. El aumento de los gastos inicialmente previstos puede
suponer que acabe costando 2.000 millones €). La cusa de este
desastre económico tiene mucho ver con que la supervisión de la
obra se adjudicara a una sociedad privada. Pese a ello se han
reducido camas hospitalarias (de 934 a 861) y más de 100
trabajadores, lo que supone que el nuevo hospital no solucionará
las necesidades sanitarias del área que tienen la lista de espera
más elevada de toda Castilla y León. Las denuncias de la Plataforma
han obligado al Ministerio de Economía y a la Comisión Europea a
abrir una investigación sobre posibles irregularidades en la
financiación del centro.
CANTABRIA
El
anterior gobierno popular recurrió a colaboración privada para
terminar la obra de remodelación del Hospital Valdecilla. El nuevo
presidente de la Comunidad Autónoma (Miguel Angel Revilla) denunció
durante la campaña electoral la "privatización encubierta"
del centro y tras ganar las elecciones ha anunciado la apertura de un
proceso de investigación para revertir el centro a la gestión
pública.
Entre
las consecuencias negativas del desarrollo de este modelo podríamos
destacar:
- Otorga un gran poder a las empresas privadas para condicionar las decisiones y la planificación del sistema sanitario público, ya que van a ser insustituibles a largo plazo en la provisión de servicios sanitarios.
- Convierte el gasto fijo en gasto variable lo que afecta al resto de los servicios, que ven reducida de manera importante su participación en el mismo y probablemente sufrirán recortes y limitada su capacidad de inversión (atención primaria, pago a proveedores, aprovisionamiento, personal sanitario, urgencias, atención a crónicos, etc.).
- Pone en peligro la confidencialidad de los datos clínicos de los pacientes, que están en manos de empresas privadas ajenas al sector sanitario que pueden comerciar con los mismos.
- Las reducciones de camas, plantillas y espacios y la baja calidad de los materiales reducen la calidad de la asistencia a la población atendida por estos centros.
- Los hospitales públicos tienen que compartir sus gastos con estos hospitales y reciben además a los pacientes expulsados por estos centros (selección de riesgos) como ha ocurrido con los hospitales PFI del Reino Unido o las Fundaciones Sanitarias de gestión privada en España.
- Existe enfrentamientos y descoordinación entre la parte asistencial (en manos públicas y orientada a satisfacer las necesidades de los pacientes) y el resto de los servicios de los hospitales en manos privadas con orientación a conseguir el mayor beneficio posible, lo que está suponiendo una mayor dificultad para la gestión integral e integrada de los hospitales.
- Los fondos de inversión de capital riesgo, las multinacionales sanitarias, constructoras y los bancos gracias a esta iniciativa pueden a corto plazo hacerse con el control de los nuevos hospitales y a largo plazo con todo el sistema sanitario público
La
PFI supone la privatización de una parte esencial del sistema
sanitario público, como muestra el Reino Unido, en el que una gran
parte de la financiación del NHS está ya en manos de los
accionistas del sector privado (situación que aumenta año tras
año).
Además,
una vez finalizada la construcción de los hospitales PFI,
prácticamente no existe
riesgo
financiero para las empresas, y éstos pasan a convertirse en un
torrente enorme de beneficios económicos. La experiencia acumulada
demuestra la falsedad de que existe una “transferencia de riesgo”
a las empresas privadas concesionarias de los centros, que es el
argumento fundamental esgrimido por los promotores de estas formas de
gestión basadas en el mercado y la competencia, ya que el sector
público corre siempre con los gastos de reflotar a un hospital en
quiebra antes de dejar sin asistencia hospitalaria a una parte
importante de la población.
Otros
graves problemas
- Las Concesiones de Obras y las PFI incrementan en gran manera los costes de construcción y gestión en comparación con los hospitales tradicionales del sistema público tradicional. Estos centros están hipotecando los presupuestos de inversión e incrementando el gasto de corriente del sistema sanitario público por muchos años, lo que supone trasladar a las generaciones futuras el pago de los actuales centros.
- Los mayores costes y el afán de lucro de las empresas constructoras han reducido la calidad de las infraestructuras y recortado las camas, personal y asistencia sanitaria respecto de los hospitales de gestión pública.
- Las condiciones laborales del personal de las empresas son inferiores y más precarias que las del sector público (lo que genera malestar, desmotivación y provisionalidad).
- La privatización de la gestión deteriora la calidad asistencial y el sistema de información sanitaria
- La planificación de estos centros no está al servicio de las necesidades de los ciudadanos sino de los intereses de las empresas y de sus accionistas.
- Gracias a esta fórmula los fondos de inversión, las multinacionales y las empresas constructoras se están adueñando de los nuevos hospitales del Sistema Nacional de Salud
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