'La Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda en Sanidad, Audita
Sanidad, presentó este martes ante la Fiscalía Especial contra la
Corrupción y la Criminalidad Organizada una denuncia contra la
Consejería de Sanidad del Partido Popular de Madrid, por los presuntos
delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y
tráfico de influencias, en los Contratos Menores realizados en el año
2016.
En el Informe que ha presentado ante la Fiscalía recoge que la
sanidad madrileña en el año 2016 realizó 486.562 contratos por valor de
1.402.291.700,46 €. De ellos 485.119 fueron contratos menores que
tuvieron un gasto de 632.660.163,51 €. El resto, 1.443 con licitación
pública, supusieron 703.346.091,43 €. Es decir que el 99,7 % de los
contratos realizados por los responsables sanitarios (485.119) fueron
entregados a dedo, y sólo 0,3% (1.443) fueron realizados con publicidad.
Los contratos menores son una figura legal que permite tanto la Ley
de Contratación Pública actual, como la que estaba vigente en el año
2011, cuando se realizaron los contratos objeto de la denuncia. La ley
los reserva para poder solventar situaciones urgentes, en las que no se
puede esperar a los tiempos que lleva consigo la licitación pública, así
mismo, para dar mayor cabida a la competencia de la mediana y pequeña
empresa. Pero lo que la ley no permite es el fraccionamiento de los
contratos con la finalidad de adjudicarlos como contratos menores, ni
que su duración sea superior a un año, ni tener prórrogas. Las cuantías
que permiten los contratos menores eran de 18.000 €, y con la
legislación actual de 15.000€, sin IVA.
La denuncia que lleva Audita Sanidad a la Fiscalía es por el uso y
abuso inapropiado que realizan tanto la propia Consejería como los
gerentes hospitalarios, lo cual puede ser constitutivo presuntamente de
delito, al saltarse el concurso público y la libre competencia. Además,
incurren en sobrecostes, como ha denunciado la propia Cámara de Cuentas
al analizar recientemente el uso de los contratos menores por parte de
la Comunidad de Madrid, y la CNMC que calcula que los sobrecostes por
falta de competencia en la contratación pública se elevan a 40.000
millones de euros.
El minucioso trabajo llevado a cabo por Audita Sanidad se basa en el
seguimiento de la contratación pública en los últimos años, las fuentes
en las que basan su investigación son lo que publica la propia
Comunidad de Madrid en su portal de transparencia desde 2015, y el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. De ello se desprende el
elevadísimo número de contratos menores adjudicados por los distintos
centros de gasto de la Consejería, de lo que se deduce que los
responsables sanitarios no se ciñeron a lo que la ley prevé, por el
supuesto fraccionamiento de numerosos contratos y la renovación
periódica con el mismo o muy similar objetivo.
De las más de 3400 empresas que aparecen en el informe analizan las
primeras 20 empresas beneficiarias del 30,2% de los contratos menores
que obtuvieron un valor del 45,5% del importe total
Y de estas empresas destacan el grupo Janssen Cilag SA-Johnson &
Johnson SA (la empresa Janssen Cilag SA pertenece al grupo Johnson &
Johnson SA) con un total de 25.922 contratos menores, por valor de
33.282.463,68 €, frente a los 26 contratos adjudicados por licitación
con un importe de 5.542.836 €. También la empresa Medtronic Ibérica SA
con 51 contratos adjudicados por licitación pública, por valor de
7.882.114 € y 13.550 contratos menores, por valor de 25.530.741,20 €.
En la distribución de estos contratos menores según los centros de
gastos, centros hospitalarios y cuantía de los mismos destacan los
98.658 contratos menores llevados a cabo por el Hospital Central de la
Cruz Roja, por un importe de 110.149.818,76 €. O el Hospital del Tajo
con 39.064 contratos menores que ascendieron a 77.457.752,98 €.
Todo ello parece arrojar claras irregularidades por fraccionamiento
de los contratos, unos sobrecostes que detraen fondos para la sanidad
pública, y la evidente huida de los principios de la contratación
pública como norma habitual del gobierno de Cifuentes, de la cúpula de
la Consejería de Sanidad y de los responsables hospitalarios.'
Fuente: Carmen San José Pérez 21/06/2019 recibido en APISCAM
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