[El País 03/01] 'La Comunidad de Madrid ha empezado a cobrar el polémico euro por receta el 1 de enero,
y ella misma ha elaborado y distribuido unos formularios para que los
ciudadanos dejen constancia de que se niegan a pagarlo. Muchas
farmacias ya tenían ayer estos documentos, que deben rellenarse en tres
copias por cada receta que no se pague. Sin embargo, objetar al euro
por receta no saldrá gratis, según ha afirmado esta mañana el consejero
de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, en una entrevista en Telecinco. "Como toda tasa, todo aquel que utiliza el servicio está obligado a pagarla", ha afirmado.
"En el caso de que alguna persona, que ayer se dieron unos pocos
casos, no pensemos que esto es generalizado, se niegue a pagarla lo que
se hace es dejar constancia de sus datos a través de ese formulario
para que luego Hacienda le reclame", ha añadido. El propio documento
señala claramente: "El no pago de la tasa supone el incumplimiento de
una obligación tributaria". El consejero ha insistido en las
consecuencias que puede tener negarse a pagar la tasa: "Que la gente no
piense que esto no tiene consecuencias; tiene las mismas que cuando uno
se niega a pagar a la hacienda pública en cualquier otro ámbito,
consecuencias serias".
En Cataluña, que cobra el euro por receta desde junio pasado, el
movimiento de objeción ha supuesto que un 0,07% de recetas se hayan
dispensado sin abonar el correspondiente euro, según datos del
Departamento de Salud catalán. Un alto cargo de este departamento
reconoció a finales de septiembre que cerca de 3.000 personas habían
manifestado su negativa a pagar esta tasa, que el Ejecutivo central ha
anunciado que recurrirá en cuestión de días en el Tribunal
Constitucional. Desde entonces pueden ser muchos más. Y en ninguno de
los casos la Generalitat ha iniciado trámite alguno para reclamar el
pago, tal y como reconoció ayer a este diario una portavoz de Salud.
Está estudiando cómo hacerlo, añadió esta fuente.
Colectivos como Dempeus per la salut pública y Yo no pago aseguran que
el recargo que se puede aplicar es de un 20%, por lo que cada receta
supondría 1,20 euros. Sin embargo, creen que la burocracia necesaria
para reclamar el pago sería más cara que recaudar ese dinero. Lasquetty
ha asegurado esta mañana que Hacienda exigirá el pago "con el recargo
y, en su caso, con la sanción que pueda tener". "Todos sabemos que no
pagar a hacienda tiene consecuencias que no son positivas y que no son
agradables", ha añadido.
La normativa que se aplica en este caso es el Real Decreto 939/2005,
que aprueba el procedimiento general de recaudación. Este texto recoge
el procedimiento de liquidación y el de apremio. El artículo 70 del
real decreto, que versa sobre la providencia de apremio, señala: "En
caso de no efectuar el ingreso del importe total de la deuda pendiente
en dicho plazo, incluido el recargo de apremio reducido del 10 por
ciento, se procederá al embargo de sus bienes o a la ejecución de las
garantías existentes para el cobro de la deuda con inclusión del
recargo de apremio del 20 por ciento y de los intereses de demora que
se devenguen hasta la fecha de cancelación de la deuda".
La asociación de consumidores Facua está llamando a la objeción al euro por receta.
Considera que "esta medida supone un nuevo repago y un atentado contra
el sistema público de salud tal y como hemos conocido hasta ahora, con
el establecimiento de una tasa recaudatoria que atenta contra la
equidad y la igualdad en el acceso a los medicamentos, por lo que
vulnera nuestra Constitución". Argumenta también que el Consejo de
Estado emitió un dictamen en junio en el que indicaba que el euro por
receta "puede vulnerar el orden constitucional de competencias".'
Fuente y noticia completa: El País 03/01/2013
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