[El Economista] 'Madrid ya ha activado el plan para conseguir que no haya funcionarios en la sanidad autonómica'

'Sólo tres días antes de que comenzara la Semana Santa, el gobierno autonómico de Ignacio González (PP) publicaba en el boletín oficial de esta región su Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud. | Mato y Lasquetty defienden que Lamela "no ha hecho nada malo" | Una empresa a la que aconseja Lamela gestiona un hospital que él le adjudicó

Esta iniciativa incluye "el procedimiento para la integración voluntaria del personal funcionario (...) como personal estatutario del Servicio Madrileño de Salud". De este modo, los funcionarios de carrera -cuya vinculación a la Administración es fija tras la conquista por oposición- dejarían de estar sujetos a la Ley de Función Pública y verían modificado su régimen al pasar a ser estatutarios, con lo que aspectos como pensiones o antiguedad se podrían ver afectados.


No obstante, el problema no es ese, sino la presión que la Administración hace al personal sanitario. En concreto, si se opta "por permanecer en activo en la actual situación, las comunidades autónomas adscribirán a este personal a órganos administrativos que no pertenezcan a las instituciones sanitarias públicas" alejándoles de sus actualues funciones como médicos o enfermeros por ejemplo.

Pasar de funcionario a estatutario o el destierro a instituciones administrativas no sanitarias: éstas son las dos opciones que tienen los profesionales de esta sanidad pública tras la entrada en vigor del proyecto, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el pasado marzo. La Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts) considera que la medida afecta directamente a los médicos de cupo y zona, por lo que el fantasma de la oficina (sin funciones asistenciales) a quien asusta es al resto de funcionarios.'

'La Comunidad, por su parte, se escuda en que Madrid sólo aplica "una normativa superior, la del Gobierno de la Nación". Desde la Consejería del ramo se lamenta la "actual situación" de crisis de la autonomía, antes de subrayar que estamos en "un Estado de Derecho y que el Ejecutivo tiene derecho a dictar normas, aunque luego -si se quiere- se impugnen ante la Justicia". En concreto, Resino se queja que tras una "negociación, aunque no se suscribiera", luego se opte por "interpretaciones parciales".
Según Resino el plan tiene muchas partes -movilidad, jubilación, etcétera- y no sólo hay que fijarse en la estatutarización "voluntaria", que según fuentes oficiales consultadas apenas se aplicaría en su posibilidad más negra a un millar de trabajadores.

Así, el padre del plan descarta pronunciarse ya sobre ese exilio a puestos no sanitarios que contempla el proyecto. "En los próximos días tendremos que publicar la orden y ver cuántos quieren acogerse voluntariamente y cuántos no: entonces será el momento de atender estos problemas", apostilla Resino.'

Fuente y noticia completa: El Economista 25/03/2013