NOTA DEL
EDITOR: Este informe menciona la existencia de un convenio en Aragón
entre los Colegio de Farmacéuticos de allí y APISCAM [sic].
Naturalmente, debe tratarse de una simple errata, ya que desde luego
que esta Asociación de Profesionales de Informática de Sanidad de la
Comunidad de Madrid tiene convenio alguno con los Colegio de
Farmacéuticos de Aragón, y , probablemente se refiera a los convenios
entre convenios entre los colegios de Farmaceúticos y el servicio aragonés de SALUD.
[...] ' El proceso de privatización sanitaria se ha venido desarrollando de manera lenta pero continuada desde principios de los años 90 , siguiendo las pautas marcadas por el Informe Abril que planteaba una serie de medidas destinadas a crear un mercado sanitario con la competencia entre proveedores públicos y privados: separar la financiación de la provisión de servicios (imprescindible para crear un mercado de compra-venta de los mismos), pagar por la asistencia (copago), potenciar el aseguramiento y trasformar los centros sanitarios en empresas. Aunque estas medidas fueron paralizadas en un principio por la enérgica respuesta de los sindicatos y de la FADSP, los sucesivos gobiernos, centrales y autonómicos, las han ido desarrollando de manera más o menos solapada (en cómodos plazos).
[...] ' El proceso de privatización sanitaria se ha venido desarrollando de manera lenta pero continuada desde principios de los años 90 , siguiendo las pautas marcadas por el Informe Abril que planteaba una serie de medidas destinadas a crear un mercado sanitario con la competencia entre proveedores públicos y privados: separar la financiación de la provisión de servicios (imprescindible para crear un mercado de compra-venta de los mismos), pagar por la asistencia (copago), potenciar el aseguramiento y trasformar los centros sanitarios en empresas. Aunque estas medidas fueron paralizadas en un principio por la enérgica respuesta de los sindicatos y de la FADSP, los sucesivos gobiernos, centrales y autonómicos, las han ido desarrollando de manera más o menos solapada (en cómodos plazos).
Ahora
el PP está acelerando este proceso, aprovechando el enorme poder que
acumuló tras las últimas elecciones en las que consiguió mayoría
absoluta en el gobierno central y en gran parte de las Comunidades
Autónomas. Con el subterfugio de que la crisis económica y los
límites al endeudamiento público establecidos de la UE obligan a
reducir gasto público, el Gobierno ha dado un gran impulso al
desmantelamiento y privatización de la sanidad, probablemente con la
finalidad de alcanzar una masa crítica que haga irreversible el
cambio de modelo sanitario.
Podríamos
sintetizar esta política en tres grupos de medidas:
1.-
Reducción del gasto sanitario público (11,6%
del gasto per cápita entre 2010 y 2013), un total de mas de 7.500
millones € en este periodo.
2.-
Cambiar
los fundamentos del sistema:
La promulgación del Real
Decreto Ley de medidas para garantizar la sostenibilidad del Sistema
(RD 16/2012)
incluye
medidas de diferente naturaleza como el copago
para los medicamentos de los pensionistas, traslados no urgentes en
ambulancia, prótesis, ortesis, sillas de ruedas o alimentos
especiales; la vinculación
del derecho a la asistencia a las cotizaciones laborales
(potenciando
el aseguramiento privado); la
exclusión de colectivos de población de la cobertura del SNS;
el fraccionamiento
de la cartera de servicios
financiados y prestados por la sanidad pública estableciendo en
una básico de acceso gratuito y otras dos a financiar mediante
copagos. Este conjunto de medidas suponen la voladura controlada del
derecho universal a la sanidad y del acceso equitativo a la atención.
3.-
Aceleración
de la privatización y desmantelamiento de los servicios
en las CCAA gobernadas por los sectores más neoliberales del PP:
Valencia, Madrid, Galicia o Castilla la Mancha. Cabria destacar por
su trascendencia estratégica el recurso a la financiación privada
de las nuevas infraestructuras sanitarias (Iniciativa
de Financiación privada-PFI, Concesiones,
etc) que multiplican los costes finales y dejan durante años los
centros de salud y hospitales en manos de consorcios privados,
multinacionales sanitarias o fondos de inversión de capital riesgo;
o privatización de la provisión (que llaman “externalización”)
de servicios sanitarios y de apoyo.
Es
decir se recorta gasto y se apuesta por una financiación que
multiplica su coste real (a pagar con cargo del gasto corriente para
el funcionamiento de hospitales y/o centros de atención primaria).
Apostar por estas dos medidas contradictorias hará insostenible
económicamente al sistema público, y obligará a muchos de los
ciudadanos a completar las prestaciones sanitarias no financiadas por
un sistema público sin recursos suficientes, con seguros privados
complementarios.
Comunidad
Valenciana
Esta
CCAA ha sido la pionera en el desarrollo de la privatización. Fue la
primera en recurrir a la financiación, gestión y provisión de los
servicios sanitarios utilizando la figura jurídica de Obra Pública,
para levantar nuevos hospitales (el llamado modelo Alzira). El
gobierno valenciano presidido por Camps cedió este hospital a un
consorcio integrado por la aseguradora ADESLAS y Ribera Salud
(Bancaja y CAM), que acompañó de todo tipo de apoyos como el
rescate y devolución de la concesión en mejores condiciones a las
mismas empresas cuando el negocio hizo crisis. Posteriormente este
modelo (incluyendo en algunos casos la Atención primaria y la
sociosanitaria) se
ha extendido a los hospitales de Torrevieja, Denia y Manises y se
aplicará a los nuevos hospitales de Elx-Crevillent y Torrent. A
esto habría que añadir
la privatización de los servicios de radiología avanzada (que ha
multiplicado la realización de pruebas) y la “externalizacion”
de otros servicios. Los sobre-costes de la financiación privada han
llevado esta CCAA a la bancarrota, según ha denunciado la
Sindicatura de Cuentas. Recientemente las autoridades valencianas
han anunciado su intención de concentrar todos los servicios
“externalizados”
como los servicios generales (limpieza, lavandería, restauración,
mantenimiento), los servicios concertados (oxigenoterapia,
hemodiálisis) y la logística (almacenes, distribución, compra),
para posteriormente adjudicarlos a empresas privadas. La idea es que
la Generalitat se concentre en la gestión sanitaria, dejando lo
demás (el negocio económico) en manos de operadores privados.
Comunidad
de Madrid
El
gobierno autonómico esta embarcado en una vorágine privatizadora
que incluyó en un primer momento la financiación y gestión
privada de siete hospitales; la concesión a otros tres de la
atención y la gestión; la privatización de los laboratorios y su
adjudicación a una empresa privada; la externalizacion de los
servicios de radiología (Anillo Radiológico); la adjudicación a un
hospital privado (Fundación Jiménez Díaz) la atención
especializada de 400.000 habitantes mediante un concierto singular
muy favorable a los intereses de la misma; la cesión de dos centros
de especialidades a una multinacional; la privatización de la
construcción y gestión de 27 centros de salud; el cierre de dos
hospitales públicos y la trasformación de un gran hospital tercero
en un geriátrico (que se deberá hacer cargo de la atención de
pacientes crónicos con pluripatologías muy costosas de atender,
liberando de este gasto a los centros privados financiados con dinero
público). Paralelamente se están de debilitando los centros
públicos, rebajando su presupuestos (un 16% de promedio en
hospitales y un 7,03% en AP) y reduciendo sus plantillas mediante un
ERE oculto al adelantar la jubilación obligatoria de los medicos a
los 65 años sin reposición de las vacantes creadas (se han perdido
así más de 1.000 plazas médicos). Por último señalar que
previamente se habían desmantelado las 11 áreas sanitarias
(necesarias para planificar y gestionar los recursos de manera
integrada y en función de las necesidades especificas de cada zona)
con la finalidad de crear un gran espacio el libre mercado y a la
competencia entre centros públicos y privados.'
Aragón
'
Se
han incrementado los conciertos privados: Equipos de Soporte de
Atención Domiciliaria, de los 8 sectores, en 5 hay Convenios
privados para esta Atención; en Salud mental predominan los
Conciertos privados para media y larga estancia, Centros de Día,
pisos, talleres, centros ocupacionales de inserción (solo hay 200
plazas en Aragón, en su mayoría privadas). En drogodependencias
solo hay un Centro de gestión directa y el resto son concertados; el
gasto para la implantación de la receta electrónica ha supuesto un
convenio privado con Colegio de Farmacéuticos y APISCAM [debe tratarse de una errata y referise probablemente a SALUD, el servicio público de Aragón] .y una
adjudicación a la empresa INDRA Sistems; el Consorcio Aragonés de
Alta Resolución (CASAR) con una cobertura de unas 150.000 personas.'
Fuente y noticia completa: Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública 04/04/2013
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