'La
Comisión Nacional de la Competencia (CNC) acaba de hacer público un
informe en el que analiza, de acuerdo con los principios de la Guía
sobre Contratación y Competencia cómo han sido los procesos de
privatización -la llamada “externalización”- de la sanidad pública en
España llevados a cabo hasta la fecha. El informe -del que se hacen eco
numerosos medios de comunicación- muestra “importantes deficiencias” en
estos procesos de privatización de la gestión sanitaria llevados a cabo
por las Comunidades Autónomas, destacando que “han registrado, por lo
general, una participación alarmantemente reducida de empresas”. “En la
amplia mayoría de procedimientos analizados desde 1997 se presentó un
único candidato.
Existen otros procesos de externalización de la
gestión no sanitaria donde, aún en menor medida, también se ha
registrado un número de participantes excesivamente reducido” -apunta.
Sin entrar valorar la necesidad o conveniencia de un sistema de gestión
directa o gestión indirecta en la prestación de los servicios
sanitarios, recuerda que la Sanidad es un servicio básico en la
sociedad que por razón de interés general exige una calidad adecuada en
su provisión.
Algunas irregularidades
Entre
los problemas detectados la Comisión advierte sobre “la falta de
transparencia y de estadísticas fiables lastra los concursos y puede
generar incentivos perversos: ir en busca de los pacientes más
rentables y dejar en segundo plano a los demás”. Tanto en Madrid como
en la Comunidad Valenciana el informe echa de menos que la
Administración no haya hecho públicas estadísticas “que permitan hacer
estimaciones fiables sobre cuánto supondrá la facturación”.
El
informe dedica un apartado a señalar que la Comunidad de Madrid
modificó, sólo cuatro días antes de que terminara el plazo de
presentación de ofertas, el importe de la garantía que deben aportar la
empresas que se presentaban al concurso. Este cambio es uno de los
argumentos que destacó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) cuando, el 11 de septiembre, ordenó la suspensión cautelar del
proceso de privatización de seis hospitales en Madrid.
La
escasa concurrencia de empresas a los concursos, los reducidos plazos
concedidos a las empresas para presentar sus ofertas o la larga
duración de los contratos (10 años en el caso de Madrid), han sido
también aspectos cuestionados en este informe de la CNC.
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