[Poder Judicial] 'El CGPJ aprueba por unanimidad el informe al anteproyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal' [No "parece" darse la "situación excepcional exigida por la Jurisprudencia Constitucional" para realizar el «Proceso extraordinario de estabilización de jueces y fiscales sustitutos ; no es "aceptable" la referencia de la disposición adicional de dicho proceso de que se incluyan "en todo caso aquellas plazas en que se hubiese abusado de la temporalidad"; el sistema de oposición especial considerado "puede debilitar la independencia del Poder Judicial"]

'El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy por unanimidad el informe al anteproyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la ampliación y fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal.

El órgano de gobierno de los jueces ha cumplido así el trámite previsto en el artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El texto, elevado al Pleno por la Comisión de Estudios e Informes, examina la estructura y contenido del anteproyecto y plantea una serie de consideraciones generales y otras particulares en relación con las previsiones relativas a las cuestiones de competencias, las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, las sustituciones, el ingreso en la Carrera Judicial, el ascenso/acceso a la categoría de magistrado/a, los concursos de traslado, el régimen de incompatibilidades, la Comisión de Ética Judicial, las asociaciones judiciales, el Centro de Estudios Jurídicos, las modificaciones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal en las Carreras Judicial y Fiscal.

Archivos asociados:

•   Informe APLO ampliación y fortalecimiento Carreras Judicial y Fiscal  '

 

[EXTRACTO DE LAS CONCLUSIONES] 

[...]

UNDÉCIMA.- Respecto del número 7 del artículo 210 LOPJ al configurar los  supuestos que dan lugar a compensación económica en favor de jueces sustitutos y magistrados suplentes, además del incumplimiento de los plazos temporales previstos, el precepto prevé dos supuestos distintos: la utilización en fraude de ley, por una parte, y la utilización respecto de personas, finalidades y supuestos distintos a los previstos legalmente, sin que medie el componente de fraude. Como quiera que el primero de los supuestos presupone que, por parte de los órganos del Poder Judicial, que son los competentes para efectuar el llamamiento al sustituto o sustituta no profesional, se haya incurrido en un uso fraudulento de tal mecanismo excepcional para cubrir temporalmente plazas judiciales vacantes, es  exigible que a la declaración de pertinencia de la compensación económica preceda la declaración, ya lo sea en vía administrativa o judicial, de la existencia de una actuación fraudulenta que no puede presumirse. Por otra parte, respecto del incumplimiento de los plazos temporales como hecho causante de la compensación, debe advertirse que se formula en unos términos que abocan al automatismo, sin que se valoren las concretas circunstancias del exceso temporal'

 

DUODÉCIMA.- La modificación del sistema de acceso a la carrera judicial por turno libre, como procedimiento central para el ingreso en la Carrera Judicial, supone una modificación en el modo de provisión de vacantes en el sistema judicial, al equiparar  el acceso por la categoría de magistrado al acceso por la categoría de juez/a de forma desvinculada de las necesidades de cobertura de plazas en la carrera judicial. Hasta ahora se establecía qué porcentaje de vacantes podían ofrecerse por esta vía mientras que en la reforma proyectada se pretende la convocatoria de un número proporcional de plazas desvinculada del número de vacantes existentes en la categoría y en relación con el número de plazas convocadas por el turno libre. Para evitar las disfunciones que pueda generar la convocatoria por la vía del concurso
oposición de más plazas que las derivadas de las vacantes realmente existentes y de las previsiones razonables de necesidad de cobertura de plazas, debería mantenerse como vía central de acceso a la carrera judicial el acceso por turno libre, por la categoría de juez, sin que pueda configurarse como vía igualitaria de acceso a la Carrera Judicial, el acceso por la categoría de magistrado, evitando así una convocatoria desvinculada de las reales vacantes y necesidades del servicio público para el que se destina, esto es, la Carrera Judicial. Asimismo, sería necesario que la determinación de las plazas a convocar por la categoría de magistrado la realice el Consejo General del Poder Judicial, consultado el Servicio de Personal Judicial y determinadas las necesidades de la cobertura de plazas en la carrera judicial. Necesidades que sin duda quedarán afectadas por la incidencia del despliegue de los
Tribunales de Instancia, que llevará aparejada la modificación de la planta judicial y permitirá más flexibilidad en la creación de unidades judiciales conforme a las necesidades coyunturales o estructurales de los partidos judiciales.

 [...]

 TRIGESIMA.- El apartado primero de la disposición adicional única del APLO
estipula que la Comisión de Selección prevista en el apartado 1 del artículo
305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, previa propuesta del Consejo
General del Poder Judicial y del Ministerio de la Presidencia, Justicia y
Relaciones con las Cortes, convocará un único proceso de consolidación de
empleo temporal en la Carrera Judicial y un único proceso de consolidación
en la Carrera Fiscal. El número total de plazas ofertadas en cada proceso se
fijará por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes,
oído el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. Se
atenderá a las disponibilidades presupuestarias, teniendo en cuenta las
necesidades estructurales y permanentes de la Administración de Justicia y
las vacantes previsibles consecuencia de la nueva regulación de la
temporalidad en las carreras judicial y fiscal, debiendo incluirse en todo caso
todas las plazas en que se hubiese abusado de la temporalidad. Por lo tanto,
se debería reclamar que, antes de la convocatoria, se realizara un ajuste o
ampliación de la Ley de Planta, ya que actualmente hay un porcentaje
elevado de jueces y juezas titulares de la última promoción que no cuentan
con plaza definitiva.

TRIGESIMA PRIMERA.- En el sistema selectivo previsto en la disposición adicional única se prescinde, en la fase de oposición, de la elaboración de un temario y de ejercicios oral y escrito que son los ejercicios que permiten, en el sistema de oposición libre configurado por el APLO, valorar los conocimientos del aspirante sobre las materias jurídicas, contemplándose, por el contrario, como única prueba a desarrollar en esa fase la consistente en un dictamen práctico relativo a un caso concreto relacionado con el derecho sustantivo y procesal en cualquier rama del Derecho, sin concretarse qué es lo que se trata de valorar a través de ese dictamen. 

Este sistema parte de la suposición de que dichos conocimientos se han consolidado con esas actividades profesionales previas, pero si la prueba o pruebas concretas que se realicen no son suficientemente rigurosas, se corre el riesgo de que este
llamamiento excepcional pueda evidenciar una renuncia a la comprobación
objetiva de los conocimientos que el aspirante a juez posea sobre las materias
jurídicas, o, cuando menos, una renuncia a que esa comprobación se efectúe
en términos sustancialmente semejantes a los que siempre se consideraron
y se consideran idóneos para medir los conocimientos jurídicos de los que
aspiren a ingresar en la carrera judicial por la categoría de juez.

Esa renuncia puede debilitar la independencia del Poder Judicial, entendida como la independencia de cada uno de los Jueces, Juezas, Magistrados y Magistradas en el concreto ejercicio de su función jurisdiccional. Sin desdeñar el indudable valor de la experiencia en el ejercicio profesional, la imprecisión en el tipo de prueba que propone el anteproyecto puede reducir la garantía de que realmente sean elegidos para desempeñar esa función los que resulten mayores conocedores del Derecho y, por tanto, los que en mejores condiciones están para hacer real la independencia de los integrantes del poder judicial que proclama el artículo 117.1 CE, una independencia que es inherente a la función jurisdiccional y que está integrada en el contenido esencial del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24.1 CE, y garantizada por el artículo 19 TUE.

TRIGESIMA SEGUNDA.- La regulación del «Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal en las carreras judicial y fiscal» contenida
en la disposición adicional única suscita dudas relevantes sobre su justificación. Al respecto cumple señalar que:

(i) La justificación ofrecida por el prelegislador no parece acomodarse a la configuración en la jurisprudencia constitucional de la «situación excepcional» que permite este tipo de procesos, pues exigiría que la solución propuesta determinara efectivamente el fin de las situaciones de temporalidad en las carreras judicial y fiscal y la consiguiente superación definitiva de la situación actual, lo que, como ha quedado anotado en este informe, no se garantiza que pueda quedar solventada, ya que la propia propuesta incluye el mantenimiento de las sustituciones no profesionales en los términos contemplados en los artículos 210 y 213 LOPJ en la redacción de la norma anteproyectada.

(ii) No se considera aceptable la referencia efectuada, en el apartado segundo de la disposición adicional única, a la necesidad de incluir entre las plazas ofertadas «en todo caso» aquellas plazas «en que se hubiese abusado de la temporalidad».

 (iii) No parece razonable que, en el apartado cuarto de la disposición adicional única, el prelegislador haya establecido el plazo de cinco años de ejercicio profesional acreditado cuando el requisito temporal que se establece, con carácter general, en el proyectado artículo 306.5 LOPJ es el de diez años de ejercicio profesional como condición necesaria para poder participar en las convocatorias de concurso oposición para el acceso a la Carrera Judicial y Fiscal por la categoría de magistrado y fiscal de juristas de reconocida competencia.

(iv) La previsión establecida en el apartado once de la disposición adicional única de una compensación económica en favor de quienes «estando en activo» como sustitutos o suplentes «nosuperen el proceso selectivo de estabilización y vean  finalizada su relación con la Administración» no se considera aceptable por cuanto
(a) la «compensación económica» que prevé la norma anteproyectada se desvincula, por completo, de cualquier desbordamiento del marco temporal de la relación laboral como presupuesto habilitante del nacimiento del derecho a la perceción de la indemnización;
(b) la cuantificación de la «compensación económica» que se prevé aparece desvinculada de los límites sí se establecen en la norma pretendidamente
equivalente contenida en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre;
(c) suscita la duda acerca del tratamiento que debería recibir la situación de aquellos que, habiendo percibido la compensación económica tras finalizar su relación con la administración, volvieran a concurrir a una eventual convocatoria posterior de vacantes en el marco de lo que el apartado segundo de la disposición adicional única del APLO denomina «nueva regulación de la temporalidad en las carreras judicial y fiscal»;
(d) no resulta ocioso señalar, además, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentencia de fecha 13 de junio de 2024 dictada en los asuntos acumulados C‐331/22 y C‐332/22, ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la previsión indemnizatoria prevista en el apartado cuarto de la disposición adicional decimoséptima de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, llegando a la conclusión de que tal previsión no resulta adecuada como fórmula disuasoria para evitar abusos en la contratación temporal en cuanto no respeta los principios de reparación íntegra del perjuicio sufrido y de proporcionalidad.'

Fuente: Comunicación del Poder Judicial de 19/03/2025

Resaltados en negrita cursiva nuestros

NOTA DEL EDITOR: el anteproyecto de reforma de la LOPJ  incluye el proceso de "estabilización" comprometido de los jueces y fiscales sustitutos: concurso-oposición en número de plazas como mínimo igual al "abuso de temporalidad", abierto pero limitado en número de aspirantes, con fase de oposición eliminatoria y con una compensación como la de la ley 20/2021 para los que acaben cesados por el proceso

 

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