Por un lado, desde la Consejería se manda un mensaje a todos los trabajadores: "si hay movilización habrá sanciones". Estas destituciones no tienen que ver con el buen o mal desempeño de las funciones de los cesados, sino que son un claro castigo por la ruidosa protesta que trabajadores y vecinos llevaron a cabo el pasado 25 de junio durante la visita del consejero, Juan José Güemes, a este hospital: se producen inmediatamente después de la protesta; son respaldados por el consejero declarando que obedecen a que "tales cargos han perdido la confianza del gerente" y sobre todo, porque las ejecuta un gerente que deja el centro para irse a la sanidad privada: los cambios en los equipos directivos los hacen los gerentes cuando llegan, no cuando se van.
Por otro lado, y este pareciera ser el aspecto que en este momento más les preocupa, desde la consejería se envía un mensaje especifico, destinado a homogeneizar la cadena de mando en el SERMAS: "no se admiten discrepancias con el plan privatizador entre jefes o cargos". Estas destituciones recaen sobre cargos defensores de la sanidad pública. Este es claramente el caso del Jefe de Radiología que se venía oponiendo a que se derivasen pruebas radiológicas a centros privados, o el da la Jefa de Informática, que fue miembro del comité de huelga en el pasado conflicto de los informáticos, cuyo objetivo era que dotasen a los centros sanitarios públicos de plazas de informáticos. Hoy en día al no existir estas plazas, muchos de estos trabajadores tienen contratos eventuales, a pesar de llevar muchos años trabajando, lo que facilitará enormemente su despido y la consiguiente entrega de los servicios informáticos a empresas privadas, como ya sucede en los nuevos hospitales. En cuanto a la destitución de jefes defensores de la sanidad pública todavía no hemos olvidado el caso del Severo Ochoa.
Por último, con estas sanciones se intenta despejar el camino de la privatización del hospital de Móstoles, que es uno de los centros que se encuentra en el punto de mira de la privatización: está siendo sometido a la elaboración de un Plan Funcional (plan de privatización); sufre un deterioro acelerado (el agua corriente no es saludable, no se arreglan los suelos, se desmantelan servicios, como el de Fisioterapia) y se ha anunciado la construcción en el mismo municipio de un segundo hospital modelo Alcira, es decir, una empresa privada explota el hospital y los centros de salud de su área sanitaria.
En relación al Plan Funcional, la consultora Prointec (de la que fue consejero el actual Director de Hospitales, Antonio Burgueño) está desarrollando un "estudio", que debe concluir en noviembre y pronunciarse sobre el modelo de gestión del hospital, su cartera de servicio, número de camas, plantilla y servicios a privatizar ("externalizar"). Pues bien, es muy probable que entre los servicios a privatizar se encuentren los de radiodiagnóstico y el de informática y para ello que mejor que contar en estos servicios con jefes totalmente sumisos, como seguro que serán los recién nombrados.
Por todo ello, consideramos que en este momento la lucha por la sanidad pública ha de incluir la reposición en sus puestos de estos profesionales. Los trabajadores del hospital ya han dado una primera respuesta concentrándose en la puerta del gerente. Organizaciones vecinales, sindicales, políticas y profesionales de Móstoles y del hospital han manifestado su rechazo a estas medidas. Todos estos pasos son positivos, pero se ve que son insuficientes. Así que es necesario continuar en Móstoles y en el resto de la Comunidad.
En este momento consideramos de interés la medida propuesta por la Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública de Madrid contra la Privatización, que consiste en el envío de faxes a la gerencia de este hospital al nº 91.647.19.17, exigiendo la reposición de los cesados y la dimisión del equipo directivo.'
Fuente: MATS-Madrid
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