'La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF),
sindicato más representativo en las administraciones públicas y con
presencia creciente en el sector privado ha reclamado al ministro de
Política Territorial y Función Pública un acuerdo de legislatura para
mejorar las condiciones laborales, reducir la temporalidad y reforzar
las administraciones públicas, que se han visto seriamente tensionadas
por la pandemia.
El último ejemplo lo hemos visto esta misma semana
con el ataque informático que ha sufrido el Servicio de Empleo Público
Estatal (SEPE), un organismo cuyas aplicaciones y sistemas informáticos
tienen una antigüedad media de 30 años. CSIF ha pedido una oferta de
empleo público específica para el SEPE y una mejora de las RPT (relación
de puestos de trabajo), para favorecer el refuerzo de efectivos de este
servicio esencial para la ciudadanía en estos momentos de crisis.
Propuesta de hoja de ruta
CSIF ha trasladado al ministro su propuesta de
hoja de ruta. En primer lugar, reclamamos el cumplimiento de los puntos
pendientes de los acuerdos de 2017 y 2018: ejecución de los fondos
adicionales, jornada laboral de 35 horas, desarrollo de los planes de
Igualdad y del Teletrabajo, así como la jubilación parcial de
determinados colectivos cuya actividad sea especialmente gravosa para la
edad a partir de los 60 años.
A partir de ahí CSIF propone al ministro:
Acabar con la alta tasa de temporalidad. La
temporalidad en las administraciones públicas se sitúa ya en el 30 por
ciento, casi diez puntos por encima del sector privado. La temporalidad
la han provocado las administraciones y está provocando situaciones
personales muy difíciles.
Por ello, CSIF plantea la necesidad de dar
seguridad jurídica y ampliar nuestro marco legislativo para fijar qué
situaciones de contratación temporal se consideran en abuso y fraude de
ley y establecer medidas sancionadoras (civiles, penales y
disciplinarias) para los gestores y/o administraciones responsables de
esta situación de abuso de la contratación. Además, hay que instaurar
inspecciones para identificar las situaciones de abuso y reparar a las
personas afectadas de los perjuicios sufridos mediante la aplicación de
la Directiva Europea.