La legislación española cuenta con d normas que facultan al Ministerio de Sanidad a tomar medidas «en situaciones de urgente necesidad» que le dan más poder de decisión en un escenario en la que la Sanidad está transferida. El artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad lo prevé y también una ley orgánica que regula las medidas especiales en Salud Pública. El Partido Popular cree que la amenaza de la gripe porcina y la aparición de los primeros casos en España proporcionan buenos motivos para que el Gobierno haga uso de ellas.
Esas normativas permitirían, por ejemplo, configurar una red de laboratorios de Salud Pública que hicieran análisis de confirmación de casos -y no sólo el Instituto de Salud Carlos III, como ahora- o definir los estándares mínimos para todos los hospitales de todas las comunidades autónomas. Con más laboratorios acreditados se evitaría un trasiego de muestras y se ampliaría la capacidad de análisis si empiezan a aflorar casos de forma masiva.
Coordinación insuficiente
Ayer la secretaria de Política Social y ex ministra de Sanidad, Ana Pastor, recordó a la actual ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, la posibilidad de recurrir a estas normas durante una reunión que ambas mantuvieron. Encuentro en el que Pastor ofreció al Gobierno su «lealtad y colaboración». Al tiempo que pedía al Ejecutivo que hiciera una «puesta al día» de todos los recursos con los que se cuenta para hacer frente a una posible pandemia.
No era la primera vez que Jiménez lo oía. El lunes por la noche, los consejeros de salud, durante una reunión extraordinaria, también se lo recordaron. Hubo voces, como la del consejero de Madrid, Juan José Güemes, que creen que la mera coordinación no basta. Por eso pidió a Trinidad Jiménez que haga uso de la legislación para dotar al Ministerio de más poder en un caso de emergencia como éste. En la reunión se le recordó a la ministra que aún hay muchos flecos que necesitan más coordinación. Las comunidades piden que sea el Gobierno quien centralice la compra de medicamentos antivirales y de material de protección (guantes, mascarillas...) para evitar la competición entre las administraciones y las compañías suministradoras. O que se coordinen los criterios para ofrecer tratamiento preventivo (antivirales) a quien ha podido estar en contacto. Ahora no hay un criterio común de quimioprofilaxis.
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