A su juicio, "la iniciativa de los responsables políticos de la sanidad madrileña, con su presidente a la cabeza, ha sido precedida y será, probablemente, seguida por propuestas en la misma dirección de otras comunidades autonómas", señala FACME en un comunicado.
Por ello, pide que "el Gobierno, el PP, el PSOE y todos los partidos de ámbito nacional deben implicarse en un debate que comprometa al conjunto del Sistema Nacional de Salud", ya que, aunque las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades, "el Gobierno debe garantizar la equidad en el
acceso a los servicios sanitarios públicos en todo el territorio nacional".
En una declaración conjunta de su asamblea general, FACME considera que la decisión de la Comunidad de Madrid "ha llevado a debate público la confrontación entre gestión sanitaria pública y privada" en España y, aunque "quieran rebautizarla sus promotores y aliados ungiéndola de 'colaboración' público-privada, privatizar significa transferir al sector privado la gestión de un servicio público".
Ante "una propuesta de enorme trascendencia", señala FACME en el preámbulo de su declaración, "no cabe, por tanto, minimizar el impacto de la medida", que requiere que "todos los implicados asuman la responsabilidad de buscar lo mejor para los intereses generales, sustentando las respectivas opiniones en la evidencia disponible y no sobre prejuicios ideológicos".
Según FACME, "la afirmación de que la gestión privada es más eficiente que la pública se fundamenta sobre premisas ideológicas, al no existir datos de comparación homogéneos entre ambas. Esta ausencia de reseñas es, en sí misma, una señal de alarma sobre la transparencia y rendición de cuentas de la gestión sanitaria pública, con independencia del sistema de gestión, público o privado".
El documento, colgado en la web de FACME, subraya, además, que "no existen precedentes, en las democracias avanzadas, de tomas de decisión de la trascendencia que estamos comentando, sin que hayan sido sometidas a un debate público".
No hay un "Libro Blanco en el que se expongan los problemas existentes y las alternativas de solución; no se ha llamado a consulta a los agentes implicados; no se ha propuesto en un programa electoral; no existe, por tanto, legitimación técnica, social o política", continúa la declaración.
La privatización de la gestión sanitaria, "poniéndola en manos de empresas, algunas dependientes de los fondos de capital-riesgo, es una maniobra que puede comprometer seriamente la capacidad de las administraciones públicas para hacer efectivas sus competencias de planificación y control", apunta el cuarto punto del documento.
"Las instituciones que firman esta declaración y especialmente las sociedades científico-médicas exigimos ser consultadas para el diseño y la puesta en práctica de las reformas necesarias", añaden.
"Conociendo la grave situación económica en la que estamos inmersos, hacemos un llamamiento a todas las partes, para que se imponga la negociación, evitando el deterioro de la calidad de la asistencia sanitaria, el quebranto de la formación de nuestros estudiantes y residentes y el desmoronamiento de nuestro tejido investigador", concluye la declaración conjunta.'
Fuente y noticia completa : El Economista 10/12/2012
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