'El pasado jueves 22 de junio tuvo lugar una PNL (Proposición No de
Ley) presentada por el Grupo Podemos para reprobar y pedir la dimisión
del Consejero de Sanidad, el señor Jesús Sánchez-Martos.
La
Proposición, defendida por Mónica García, obtuvo un resultado
contundente: de 127 diputados y diputadas presentes, votaron a favor de
la reprobación 80 y 47 en contra, es decir, tan solo el Grupo Popular se
apoyó a sí mismo.
Mónica García hizo una crítica al Consejero
pormenorizada: partiendo de la base de que el cuidado de lo común y lo
social debe ser el centro del sistema, gestionar mal y no controlar lo
gestionado constituye una administración desleal con el dinero de los
ciudadanos y ciudadanas de Madrid.
La diputada de la formación
morada dibujó un sistema feudal en sanidad que manda al cepo a los
profesionales críticos, llegando a expedientar a profesionales por sus
opiniones disidentes.
Jesús Sánchez-Martos carece de un proyecto
sólido y solvente. Mónica le acusa de dejarse llevar por iniciativas
impulsivas y prepotentes.
Y es completamente cierto: se carece de
un Plan General de Sanidad y parece que nuestro sistema sanitario va a
la deriva, dando bandazos, con un Consejero que toma decisiones
erráticas y más preocupado en aparentar que en hacer.
Pero
lo que se dijo, pero poco, es que los responsables últimos de la
carrera de Sánchez-Martos y sus declaraciones, de sus proyectos que
echamos atrás los madrileños y madrileñas en las puertas de los
hospitales (como en el caso de Móstoles) tienen nombre: Cristina
Cifuentes, que lo nombró, lo respalda y lo mantiene; y Ciudadanos, que
respalda a Cifuentes, la ayuda a gobernar y apoya con sus votos los
presupuestos que están haciendo posible el deterioro del sistema
sanitario y que sigamos estando a niveles presupuestarios de 2009.
Porque
aunque desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid nos quieran hacer
creer que todo va bien y que somos los mejores, bueno y qué, los datos
no avalan esta afirmación.
Si nos tenemos en cuenta los
determinantes sociales de salud, es decir, todas las cuestiones que
influyen y determinan el estado de salud de los madrileños y las
madrileñas, la realidad es bien distinta:
Madrid es la primera
comunidad autónoma por PIB y la segunda en renta per cápita, pero solo
Andalucía invierte menos dinero en sanidad por habitante.
En la Comunidad de Madrid se mantiene una zona noroeste de niveles
socioeconómicos más elevados y una zona sureste con capas de población
con rentas inferiores, que reflejan una esperanza de vida menor en caso
del sur y una mortalidad más elevada. Son estas desigualdades, que hacen
que según dónde nazcas así vivas, las que deberían tenerse en cuenta a
la hora de hacer una planificación sanitaria eficaz e igualitaria.
El
convertir la sanidad madrileña en una oportunidad de negocio donde
prime el beneficio ha supuesto un trasvase de fondos públicos a manos
privadas.
La corrupción del PP no es algo anecdótico: dinero que
se puede invertir en sanidad y en otros servicios sociales va a parar a
bolsillos ajenos.
La sanidad madrileña dista mucho de ser
universal, tal y como proclama Cristina Cifuentes: a pesar de que la
atención sanitaria se haya extendido a personas que quedaron excluidas
por el RDL 16/2012, no reciben una atención médica en condiciones de
igualdad, ni siquiera tienen acceso a una Tarjeta Sanitaria Individual. Y
el derecho a la salud es un derecho fundamental aunque no esté situado
en la Sección Primera del Capítulo II del Título I de la Constitución,
que regula los derechos fundamentales y las libertades públicas.
Se
ha instaurado el copago farmacéutico para los pensionistas, lo que
significa que hay enfermos que abandonan el tratamiento porque no se
pueden permitir pagarlo.
La Atención Primaria sufre un deterioro
sin parangón, un abandono completo. Los profesionales de la salud en
Atención Primaria tienen que cubrir una población inadmisible con unos
tiempos de atención a los pacientes inferiores en muchos casos a los
cinco minutos, el tiempo justo para saludar y decir adiós.
No
vamos a ahondar en el deterioro de los hospitales públicos; desde aquí
ofrecemos puntualmente noticias acerca de ellos. Pero sí recordar que la
mayoría de ellos se deben a un mal mantenimiento que está contratado
con empresas privadas mientras que el personal de mantenimiento propio
de los hospitales se está quedando para tareas residuales y para
arreglar rápidamente lo que otros cobran por hacer y no hacen o hacen
mal.
Ha habido una pérdida tremenda de personal sanitario y no
sanitario y esta pérdida trae consigo la de derechos sociales y
laborales. Los y las profesionales de Sanidad cada vez tienen más miedo a
ser críticos con un sistema que ha demostrado tener un funcionamiento
feudal y no ser capaz de tolerar la mínima crítica.
Podríamos
seguir así hasta casi el infinito, podríamos hablar del cierre de camas,
de lo que ha pasado en Móstoles o de las cucarachas del Gregorio
Marañón y de la carta firmada por 750 profesionales de la salud
denunciando la precariedad en la que trabajan o de las represalias y la
falta de democracia, ni de lo que entiende el Sr. Sánchez-Martos por
sana crítica.
Por eso pensamos que el señor Sánchez-Martos debe
irse. Pero no solo él. Es hora de deshacernos de un Gobierno que sí
tiene una política clara: privatizar la sanidad madrileña.
Sánchez-Martos no es el responsable último, sólo la cabeza visible:
Cristina Cifuentes, como Presidenta de la Comunidad de Madrid y el
partido Ciudadanos que, si bien votó a favor de la reprobación al
Consejero de Sanidad, está colaborando en el mantenimiento y
supervivencia de un gobierno que lleva años desprestigiando por la vía
de los hechos a la sanidad pública madrileña. Un partido, Ciudadanos,
que apoyó la Ley de Presupuestos para la Comunidad de Madrid y que
marcará toda la política sanitaria y social de este año, por lo menos.
El
problema no es el señor Consejero. El problema lo constituyen las
fuerzas políticas que abogan por la vía privatizadora de la sanidad
pública madrileña representadas por el PP y Ciudadanos'
Fuente: Comunicado de MATS 26/06/2017 recibido en APISCAM
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