Estos dos centros pertenecen al Instituto Nacional de la Salud, que traspasó las funciones y servicios a la Comunidad para que "prestase atención sanitaria pública, y con la cesión a una empresa privada se está vulnerando este compromiso recogido en el Real Decreto 1479/2001", explicó el presidente de la asociación, Marciano Sánchez Bayle.
Sánchez Bayle basa su denuncia en que, según el punto F9 de este decreto, los bienes inmuebles de patrimonio de la Seguridad Social adscritos revertirán a la Tesorería General "en el caso de no uso o cambio de destino para el que se adscriben".
Así, la asociación estudia ahora si la Comunidad ha incurrido en un delito con esta cesión, mientras esperan que las administraciones públicas a las que se han dirigido para denunciar este hecho: Defensor del Pueblo, Tesorería General de la Seguridad Social, Secretaría General de la Seguridad Social y Ministerio de Sanidad y Consumo, "cumplan con su deber".
En su escrito al Defensor del Pueblo, la asociación relata que desde abril de 2008, la cuarta planta del Centro de Especialidades Pontones, destinado a Salud Mental, "ha sido ocupada por trabajadores de la empresa de titularidad privada Capio". También, denuncian que se han "cerrado" las agendas de pacientes de las consultas , "derivando los nuevos pacientes a la planta cuarta para que sean atendidos por trabajadores de Capio, ajenos al Sistema Público de Salud".
En cuanto a los trabajadores, según la asociación se han visto obligados al "traslado forzoso" a otros centros para que los trabajadores de Capio, "personal no integrado en el Servicio Público de Salud, ocupen esas plazas en Pontones".'
Fuente: Europa Press 11/12/08 vía Ecodiario
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